El acceso a la interrupción legal del embarazo en el caso de una niña de 12 años, abusada por su padre, se vio obstaculizado por una organización antiderechos que se interpuso para que ella y su madre faltaran a la cita del lunes en el hospital Iturraspe, de la ciudad de Santa Fe. Ambas, eran buscadas desde entonces y fueron halladas en un espacio vinculado a la organización Grávida, en el centro santafesino, conocida por haber interferido en casos similares. Esa situación derivó ayer en la intervención de la Secretaría de Niñez provincial que impulsó una medida excepcional de protección transitoria por entender que se estaban vulnerando los derechos de la niña, que quedó bajo cuidado estatal. El contacto se dio durante el fin de semana de Año Nuevo, cuando la organización dio con la niña y su madre, que viven en Garibaldi -una localidad de 400 habitantes, a 122 kilómetros de Santa Fe-, y las invitó -primero- a una misa en una localidad vecina. Desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito Santa Fe piden que se investigue el accionar de la organización. 

En diciembre, la niña fue llevada por su mamá a un control médico en el centro de salud de su localidad, donde se les informó que cursaba un embarazo. En ese momento, ella pudo dar cuenta de los sometimientos que padecía por parte de su progenitor. Ante la denuncia, la fiscal Alejandra Del Río Ayala ordenó la captura de Gustavo A., de 42 años, que fue detenido el lunes, en Recreo, y hoy será imputado. Al mismo tiempo, ante el pedido de la interrupción del embarazo -con consentimiento firmado-, se les dio turno al hospital Iturraspe, de Santa Fe, donde tenían cita el lunes. Sin embargo, no asistieron y se inició la búsqueda de ambas. La investigación dio cuenta de que fueron captadas durante el fin de semana por integrantes de Grávida, vinculada a la Iglesia católica y conocida por hechos similares de obstaculización de derechos. 

En paralelo a la búsqueda se organizó una reunión entre autoridades de diferentes áreas de los ministerios de Salud, Género y Diversidad, Derechos Humanos, la Defensoría y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Tras evaluar la situación emitieron un comunicado en el que detallaron las actuaciones en el caso de la niña embarazada producto de un abuso intrafamiliar, que junto a su madre "permanecía bajo el sistema de monitoreo y acompañamiento del Estado". Tras la búsqueda de paradero, fueron encontradas en la Casa de las Hermanas Betania.

Según se indicó, "en el marco legal correspondiente y con el consentimiento firmado por la madre y la niña, iba a acceder a la interrupción legal del embarazo, derecho otorgado por la Ley Nacional 27.610, en un efector público de la ciudad capital, como habitualmente se asegura esa atención adecuada e integral en toda la provincia, ante la necesidad de cada situación". En esa circunstancia, desde el gobierno apuntaron a Grávida: "Los tiempos previstos para darle continuidad a lo acordado se vieron obstaculizados por la intervención de una organización civil que antepuso su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido y sacó a la niña y a su madre fuera de la esfera del Estado", para convencerla de no llevar adelante la interrupción del embarazo.

En ese contexto, plantearon que "la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia impulsó una medida de protección excepcional transitoria para resguardar a la niña, garantizar sus derechos y escuchar su voz como sujeto de derechos al igual que todas las niñas, niños y adolescentes. De esta manera se da cumplimiento a lo consagrado en las leyes nacional y provincial de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes", indicaron. 

Además, detallaron que la medida implica "suspender el cuidado parental (en relación a la madre) para preservar los derechos de la niñez", aunque "no significa que no pueda tener contacto, pero está a cargo del Estado". La titular del área, Patricia Chialvo, indicó que "en términos legales se resolvió esto por entender que no se estaba respetando la voz de la nena (luego de lo sucedido el fin de semana). Como todas las medidas, se solicitó autorización del Juzgado de Familia en turno (para que saliera del lugar donde estaba). Se va a trabajar desde los equipos de Salud y Niñez, para escucharla y demás", dijo. 

Como antecedente, cabe recordar que en marzo de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la provincia anuló un fallo de la Cámara Penal de Santa Fe que dejó sin efecto la sanción a una psicóloga de la ONG católica Grávida, María Belén Catalano, quien convenció, en 2016, a una nena de 12 años embarazada para que rechazara el aborto legal. El hecho ocurrió en el hospital Iturraspe. En marzo de 2017, el Tribunal de Etica del Colegio de Psicólogos abrió un sumario y sancionó a Catalano con un “apercibimiento” por falta de ética y le suspendió la matrícula por seis meses, al probar que actuó en forma “clandestina” y obligó a la niña a “cursar un embarazo infantil forzado”, un “padecimiento” comparable a la “tortura o trato cruel, inhumano y degradante”. En octubre de 2017, la Cámara anuló la sanción con argumentos formales, pero en 2021 la Corte revocó ese fallo –por unanimidad- y ordenó dictar una nueva sentencia al tribunal subrogante. 

En tanto, desde la regional Santa Fe de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito indicaron que tomaron conocimiento de que la niña estaba ayer "en buen estado de salud, acompañada por los equipos del Estado que intervienen en la situación". Al mismo tiempo, repudiaron "el accionar de la organización fundamentalista Grávida, que quiso obturar el derecho de la niña a la interrupción del embarazo". Y exigieron "que los organismos estatales investiguen si Grávida incurrió en la violación del Art. 47, inc. C. de la Ley Provincial 12.967 y su Decreto Reglamentario 619/10 y, de ser así, que se proceda a la implementación de las medidas correspondientes, inhabilitando sus instalaciones como ámbito de cuidados institucionales con alojamiento, considerando como situación suficientemente grave el haber puesto en peligro la salud de una niña".

En ese sentido, reclamaron "que se avance hacia un Estado laico, que ponga atención y tome medidas concretas en relación al accionar de los fundamentalismos antiderechos que, a través de diversos métodos, buscan vulnerar los derechos de las personas gestantes. En Argentina el derecho al aborto es ley y deben protegerse los derechos sexuales y de las infancias. Insistimos en la plena implementación de la educación sexual integral y en la prevención de los abusos sexuales en la infancia. También llamamos a la reflexión sobre la necesidad de la perspectiva de género al momento de informar sobre hechos de estas características, que exponen la integridad y la intimidad de una niña". Por todo, dijeron: "Seguimos en Campaña por la autonomía, por vidas libres de violencias y por la posibilidad de decidir sobre nuestros proyectos de vida y sobre nuestros cuerpos sin coacciones de ningún tipo. ¡Son niñas, no madres!".

Desde la Unidad Fiscal Especial de Género, Familiar y Sexual (Gefas) confirmaron que el padre de la niña, quien cuenta con antecedentes por violencia de género hacia la madre de la niña -por lo que venían con acompañamiento-, fue detenido en Recreo y que este miércoles será llevado imputado por la fiscal Del Río Ayala, por el delito de abuso sexual.