El ex hombre fuerte del Poder Judicial bahiense Néstor Luis Montezanti se sentará finalmente en el banquillo de los acusados. Lejos de los buenos viejos tiempos como presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, como temido profesor de la Universidad Nacional del Sur y, más atrás y en las sombras, como agente civil de la última dictadura, el juez federal Walter López da Silva lo elevó a juicio oral en una causa por su actuación en la organización paraestatal Triple A, responsable de al menos 24 homicidios entre 1974 y 1975. La Unidad de Derechos Humanos bahiense, que encabeza el fiscal general Miguel Palazzani y que impulsó el expediente, pidió por otra parte que se eleve la investigación contra el militar Roberto Carlos Brunello, ex jefe de un grupo de tareas del ex Cuerpo V de Ejército, por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 42 víctimas.
El juez López da Silva hizo lugar al pedido de clausura de la investigación y elevación a juicio de Montezanti, quien tiene 78 años y presidió la Cámara Federal hasta 2016, cuando renunció ante la inminente destitución por parte del Consejo de la Magistratura, lo que le habría impedido acceder a su jubilación de privilegio. Fue imputado por los fiscales Palazzani y José Nebbia por su vinculación con la Triple A, y el entonces juez federal Alejo Ramos Padilla lo declaró en rebeldía luego de faltar tres veces a su indagatoria con excusas inconsistentes. Eso activó al Consejo, que acumulaba denuncias por actitudes antisindicales, abusos de autoridad, trato despectivo y discriminatorio, y que lo suspendió por sus “comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos” con empleados y alumnos de la UNS.
Montezanti fue procesado recién en 2020 por integrar la asociación ilícita que comandaba el diputado Rodolfo Ponce, cara visible de la CGT bahiense en los años previos al golpe de Estado, en concurso real con intimidación pública, por su participación en la toma de la regional bahiense de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en agosto de 1974. Su presencia en medio de los matones que sembraron de muertes a la ciudad y que meses después contrataría como personal de “seguridad” de la UNS el interventor rumano Remus Tetu fue constatada por primera vez en sede judicial en 2007, tal como informó entonces Página/12.
El 12 de septiembre pasado, la Cámara Federal que lo tuvo en sus filas durante casi tres lustros confirmó el procesamiento. Con votos de Silvia Fariña, Richar Gallego y Mariano Lozano, ratificó que los crímenes de la Triple A resultan imprescriptibles y que su participación surge no sólo por el episodio en la UTN sino por las relaciones que mantenía con al menos dos de sus máximos referentes, como Tetu y Ponce. Sobre su presencia en medio de la patota en la UTN, apuntaron que no estaba justificada por el ejercicio de la docencia, como alegó en su defensa, y que interactuaba con gestos de provocación e incitación al enfrentamiento igual que el resto de los matones. El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó en 2021 a cuatro ex miembros de la Triple A: Raúl Aceituno, Osvaldo Pallero –ambos fallecidos luego de la condena–, Héctor Forcelli y Juan Carlos Curzio. Montezanti sería el quinto imputado en llegar a juicio en esa causa. Mientras, espera en libertad.
Brunello, en camino
La Unidad de Derechos Humanos que conduce Palazzani e integran también los auxiliares Paula Molini y Pablo Fermento pidió la elevación a juicio del Roberto Carlos Brunello como responsable de los delitos violación de domicilio, privación ilegal de la libertad y torturas en perjuicio de 42 víctimas, además de los abusos deshonestos en perjuicio de una de las mujeres secuestradas.
Brunello era el jefe de la “Compañía Combate Mayor Keller" del Batallón de Comunicaciones 181, que tenía a su cargo los operativos de secuestro llevados a cabo por esa unidad, e integró la plana mayor del batallón como oficial de inteligencia, de personal, y ayudante del jefe. El represor había sido imputado en 2013 pero estuvo prófugo durante casi ocho años, hasta que fue capturado el año pasado en Escobar, provincia de Buenos Aires. En agosto pasado fue procesado y esa decisión fue parcialmente confirmada por la Cámara Federal, que le dictó falta de mérito por el único homicidio que se le imputaba: la desaparición forzada del conscripto Manuel Alberto Ruzo, destinado a la compañía que encabezaba Brunello, que intervino en persona en el sumario por deserción a través del cual se intentó ocultar la desaparición. La falta de mérito fue apelada por la fiscalía.
Brunello -que cumple prisión preventiva en Campo de Mayo- será juzgado, entre otros casos, por el de una víctima que sufrió abusos sexuales e intentos de violación en instalaciones del Batallón de Comunicaciones 181. El caso es uno de los únicos dos que, a la fecha, han podido ser llevados a juicio –de un conjunto de numerosas imputaciones por delitos sexuales– tras la negativa del Juzgado Federal 1, confirmada por la Cámara, de indagar a diversos acusados por esos hechos. Según los jueces, la investigación no podría avanzar por la ausencia de ejercicio de la instancia privada por parte de las víctimas, a pesar de que las prácticas de violencia sexual eran sistemáticas y de que en muchos casos existen testimonios y otros elementos de prueba independientes que permitirían acreditar su ocurrencia. El caso se encuentra pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
