Una lluvia oportuna que complicó la marcha de un camión que extraía madera del territorio ancestral de los ex lotes fiscales 55 y 14, en jurisdicción del municipio de Santa Victoria Este, permitió que habitantes indígenas que rechazan la tala ilegal de madera en ese lugar, pudieran llegar a dar aviso al destacamento policial.
El camión con su carga quedaron demorados en la sede policial. El cacique Asencio Pérez contó a Salta/12 que llevaba una carga de "madera de palo santo" que habían sacado de los parajes Vertiente Chica, San Bernardo y Bajo Grande, todos comprendidos en el territorio indígena sobre el que en febrero de 2020 falló la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenando al Estado argentino que entregue el título de propiedad comunitario a favor de las comunidades que son parte de la organización Lhaka Honhat.
Entre otras disposiciones, el tribunal internacional concluyó que el Estado argentino, y el salteño, violaron el derecho al ambiente sano de las poblaciones indígenas de ese lugar, en el departamento Rivadavia, que limita con Paraguay y Bolivia. Entre las actividades que afectaron, y afectan, el ambiente incluyó la tala ilegal. El gobierno de Salta dictó un decreto por el que prohibió la tala en ese territorio, sin embargo, son constantes las denuncias de pobladores sobre la continuidad de esta actividad que sería propiciada por empresarios que compran la madera y la transportan usando guías apócrifas.
El cacique Asencio Pérez, de Alto La Sierra, contó a Salta/12 que este camión traía una carga "al entrevero", compuesta por postes labrados de guayacán, palo santo y quebracho colorado. Y destacó que lo detuvieron porque llovió, porque "cuando no llueve, (estos transportes que van a buscar madera a ese territorio) pasan tranquilamente por Morillo (Coronel Juan Solá) o por (el paraje El) Desemboque, por esos dos lados pasan y es permanente". En este caso, por el mal estado de los caminos debido a la lluvia, el camión se quedó cerca de los parajes Delicia y Vertiente Chica, entonces los pobladores tuvieron tiempo de avisar a la Policía. "Pero ellos saben, cuando nadie les dice nada los dejan pasar tranquilamente a los camiones", sostuvo el cacique.
Asencio Pérez dijo que "siempre" entran camiones a buscar madera. "Esos camiones sacan la madera en forma continua, nadie hace nada", a pesar de que este territorio está comprendido dentro de la sentencia dictada por la Corte IDH, denunció el cacique.
No respetan el fallo internacional
"El gobierno no está respetando el fallo internacional", acusó Pérez. Recordó que hay un decreto provincial que prohíbe la tala en este territorio de uso ancestral que corresponde a los ex lotes fiscales 55 y 14. "Pero el gobierno no hace nada", insistió. Agregó que la Secretaría de Ambiente de la provincia "sabe de la tala ilegal, pero no controla nada". El cacique lamentó que esta actividad está "terminando el monte", y dijo que cuando reclaman a Ambiente "lo primero que dicen es que son paisanos los que cortan la madera, pero yo creo que si a ellos les importara agarrarían a la gente que compra, a los camiones que entran y el paisano no va a poder hacer nada porque no va a tener quien compre la madera", aseguró. Y volvió a acusar al gobierno provincial, la Policía, Gendarmería Nacional, el área de Bosques de la provincia: "no ven nada, porque se prenden y no están respetando el fallo internacional", dijo.
Salta/12 trasladó la consulta a distintas áreas del gobierno de Salta, pero ninguna explicó qué acciones están llevando a cabo para controlar la tala ilegal. Y el jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Nicolás Rapetti, que encabeza la Unidad Ejecutora de la sentencia de la Corte IDH, indicó que en su momento gestionaron ante el Ministerio de Seguridad de la Nación para que se incrementen los controles de Gendarmería Nacional.
El cacique Pérez dijo que viene denunciando la tala ilegal, "pero nunca hacen nada. Tenemos el gobierno municipal, que también sabe, la gente de Medio Ambiente de la provincia también sabe, la gente de la UEP (Unidad Ejecutora Provincial) también sabe, todos saben, pero no hacen nada", cuestionó. Insistió en que esta práctica viene "desde hace muchísimos años y nadie hace nada. El Estado hace oídos sordos, se hace ciego" y se preguntó si esta falta de atención se debe a que "saben que los dos ex lotes fiscales van a ser de indígenas y criollos chaqueños".
Los lotes 55 y 14 comprenden 643 mil hectáreas, el fallo de la Corte IDH respeta el espíritu de un acuerdo al que arribaron tiempo antes indígenas y pobladores criollos y establece que 400 mil hectáreas deben ser entregadas en título único a las comunidades nucleadas en Lhaka Honhat, y las restantes deben ser distribuidas entre las familias criollas que acrediten derechos.
Guías que se obtienen en fincas privadas
El cacique Asencio Pérez contó que los camiones que pasan por El Desemboque, "llegando a una finca privada ya tienen guía" para el transporte de la madera. Según explicó, los compradores de la madera cortada en el territorio comunitario usan cartas de porte falsificadas haciendo figurar que la madera fue cortada en fincas privadas. "Aunque uno sea tan tonto, uno se da cuenta que sacan la madera de aquí (de los ex lotes 55 y 14) y llegan a la parte privada y ya tienen guía", denunció. Destacó que en las propiedades privadas de la zona se viene cortando la madera desde "Hace muchísimos años" y "ya no hay madera, lo único que queda es en los ex lotes fiscales" y de "estos dos lotes fiscales sacan la madera, todos sabemos, todos nos damos cuenta" y también las autoridades que deben controlar, insistió.
Pérez dijo que al denunciar esta práctica "uno se hace mala sangre, porque la gente que corta la madera se enoja". Sin embargo, reivindicó su posición: "yo soy del lugar y siempre voy a reclamar. A mí no me interesa que sea un paisano (un indígena) que corta, si la Justicia ve, si lo tiene que castigar, que lo castigue, porque es un delincuente, se benefician unos dos paisanos que cortan y el resto no se beneficia nada, así que no justificamos nada, que se diga que tenemos hambre y por eso cortamos (para vender la madera), yo creo que no es así, todos recibimos ayuda social así que yo no estoy de acuerdo que sigan cortando", aseguró.
Para el cacique, si el Estado controlara a los compradores, se limitaría la tala ilegal porque los lugareños no tendrían a quién venderle la madera.
