“En nuestra región es más costoso acceder a dietas saludables, en comparación con el resto del mundo”, señala el nuevo informe “Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2022”, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA); el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés); OPS/OMS y UNICEF.

El estudio revela que la cantidad de habitantes de la región que no pueden acceder a una alimentación saludable va en aumento. En 2020, más de 131 millones de personas (22,5%) no podían costearse alimentos nutricionalmente adecuados, esto es 8 millones más respecto de 2019. En el Caribe, la inasequibilidad de las dietas saludables alcanzaba a un 52% de la población; en Mesoamérica al 27,8%; y en América del Sur al 18,4%.

La falta de acceso económico se debe --explica el informe-- a que en la región el costo diario promedio de las dietas saludables es mayor respecto al resto del mundo. Encabezando la lista se ubica el Caribe con un valor de 4,23 dólares por persona; seguido de América del Sur y Mesoamérica con 3,61 dólares y 3,47 dólares, respectivamente. En Argentina, el costo era de 3,34 dólares en 2017.

Falta de acceso a la alimentación saludable

La problemática "afecta particularmente a las poblaciones vulnerables --pequeños agricultores, mujeres rurales y poblaciones indígenas y afrodescendientes--, las cuales destinan un mayor porcentaje de ingresos a la compra de alimentos”, dice la directora regional de FIDA, Rossana Polastri.

Según Polastri, para revertir esta situación es fundamental promover la diversificación de la producción, el aumento de la oferta de alimentos saludables y el acceso de los pequeños productores a los mercados.

“La inseguridad alimentaria seguirá aumentando por la crisis de los precios de los alimentos y de los combustibles, causada por el conflicto en Ucrania y las secuelas de la covid-19”, advierte Lola Castro, directora regional de WFP.

Por ello --sostiene Castro-- es imprescindible apoyar a los Estados a expandir las redes de protección social que promuevan el acceso a la alimentación adecuada y eviten que las crisis golpeen aún más a las poblaciones vulnerables. "La pandemia volvió a demostrar que esta acción es útil para mejorar la asequibilidad a una dieta saludable", remarca.

Políticas alimentarias y agrícolas

“Es necesario reforzar los mecanismos de coordinación nacionales y regionales para responder al hambre y la malnutrición”, expresa Mario Lubetkin, subdirector y representante regional de FAO para América Latina y el Caribe.

Lubetkin enfatiza la importancia de crear incentivos para la producción de alimentos nutritivos, principalmente dirigidos a la agricultura familiar y de pequeña escala; medidas para la transparencia de los precios de estos alimentos en los mercados; y otras acciones, como la mejora de los menús escolares.

El representante de FAO en Argentina y en Uruguay, Jorge Meza, destaca el Plan Argentina contra el Hambre (PACH), como uno de los dispositivos para reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos en el país.

Uno de los ejes centrales de este programa, la Tarjeta Alimentar, "garantiza que las familias en situación de vulnerabilidad socio-económica puedan acceder a una dieta saludable y nutritiva, especialmente en hogares con niños y niñas de hasta 14 años", dice Meza.

Para los organismos, la Ley de Etiquetado Frontal, sancionada en octubre de 2021, desempeña un papel clave no sólo para garantizar la asequibilidad de las dietas saludables, sino también para prevenir la obesidad y sus enfermedades asociadas. También contribuyen otras políticas alimentarias, como el subsidio de alimentos nutritivos y la aplicación de impuestos sobre aquellos que no lo son.

Argentina tiene el índice más alto de obesidad infantil de Sudamérica, con un aumento de la prevalencia de la enfermedad en niñas y niños menores de 5 años, llegando al 12,9% tras la pandemia. Según el informe elaborado por FAO, OPS y UNICEF en 2020, Paraguay (12%), Uruguay (10,3%) y Chile (9,8%) siguen en la lista.

Informe: Karla Góngora.