La semana pasada el GCBA dio a conocer la disposición que permite a las cámaras de fotomultas tomar imágenes del interior de los autos que, según aseguran, permitirán determinar se si se utiliza el celular al conducir, o si no se tiene abrochado el cinturón de seguridad. La disposición regirá desde febrero. La reglamentación disparó un debate sobre las consecuencias que podría acarrear a los conductores las imágenes tomadas, desde el punto de vista de la violación a la intimidad.

El uso del celular al volante se triplicó en los últimos años y la utilización del cinturón en todos los ocupantes del vehículo se redujo de 68,5% en 2019 a 63,8% en 2021, informó la Secretaría de Transporte y Obras Públicas. La fundamentación para fiscalizar tomando imágenes del interior de los vehículos es que se trata de un intento por disminuir el número de víctimas en la vía pública.

La primera complicación surgió al conocerse el procedimiento. Los conductores que no desean dar a conocer su ubicación o qué personas estuvieron en su auto fueron las primeras en quejarse, ya que la fotomulta será enviada a sus domicilios. En este sentido, desde la Secretaría remarcaron que la infracción se procesa sólo cuando la cara del conductor no se puede divisar y siempre se tapa en su totalidad al acompañante.

Claudio Pandolfi, docente investigador de la UnLa en Seguridad Ciudadana y magíster en derechos humanos dijo que "nos preocupa ahora que nos manden la foto a nuestro domicilio porque tomó estado público pero la foto ellos ya la tienen”. Y añadió: “Hay una invasión en la privacidad, eso es indudable, pero esta información puede ser utilizada para muchas cosas”.

Las cámaras que se van a utilizar son las mismas 200 que ya posee la Ciudad para multar a quienes se excedan de velocidad o crucen semáforos en rojo. “Lo que me preocupa a mí es quién controla todo ese circuito, todo ese flujo de información”, aseguró el investigador que también se preguntó "¿qué garantía hay en la utilización de las agencias privadas con las filmaciones, a quién se entregan? ¿Qué registro hay de esas filmaciones más allá de que se transforman en un fotograma? ¿Se accede sin orden judicial?"

Pandolfi citó el caso de la causa de espionaje llevada adelante en Lomas de Zamora, donde la Justicia permitió a la AFI acceder a la totalidad de las cámaras de seguridad de la Ciudad y de la entrada y salida del Aeropuerto de Ezeiza. “Hay una tendencia del Poder Judicial a permitir esto sin límites y ahí hay un problema: la falta de regulación sobre la circulación de la información”, sostuvo.

El uso de fotomultas y de cámaras de seguridad está legitimado en Argentina y en otros países para poder detectar infracciones graves. “Tiene lógica, no veo una invasión a la privacidad en la medida en que son espacios públicos y tienen una finalidad que es superior a los derechos que se invocan para oponerse a esta medida”, afirmó Martín Becerra, especialista en medios de comunicación e industrias culturales. Además, enfatizó que no es lo mismo que el sistema biométrico que implementó la Ciudad de Buenos Aires, el cual fue impugnado judicialmente.

Lo que se puso en juego esta semana es en qué medida dialogan los derechos personales con los derechos de la comunidad. “No estamos hablando de hipótesis disparatadas, efectivamente hay accidentes y hay muertes a causa de que las personas no usan el cinturón de seguridad y usan el celular mientras manejan. Entonces hay un principio superior qué es el principio de la preservación de la vida comunitaria y de la vida de terceros”, explicó Becerra.

Si cualquier Gobierno quisiera cruzar los datos estaría violando la Ley Nacional de protección de Datos personales vigente hoy en Argentina. “El cruce de datos personales no se puede realizar sin consentimiento de las personas titulares de esos datos”, resaltó Becerra. 

Informe: Mercedes Chamli.