El 24 de enero de 2021 entró en vigencia en todo el territorio nacional la Ley Nº 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que garantiza la práctica en todo el país y es de cumplimiento obligatorio tanto en el sistema público de salud como para obras sociales y prepagas que deben garantizarla. En el 2022, en La Rioja se realizaron cerca de 800 practicas. La cifra completa la información elaborada y publicada por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) que realizó un corte al mes de septiembre. En ese informe, La Rioja figura con 555 IVE/ILE y en el país un total de 59.267 de acuerdo al alcance de la implementación. La información local fue confirmada por la Coordinadora de Salud Sexual, Género y Diversidad del Ministerio de Salud de La Rioja, Marta Llanos a Radio La Red.
Llanos sumó un dato más y afirmó que incluye el 2020. “Nuestra área es la encargada de transformar la estadística provincial y si contamos el año 2020, cuando todavía no teníamos la ley, tenemos alrededor de 1300 interrupciones realizadas en estos tres años de trabajo”, expresó.
En la capital riojana las personas con capacidad de gestar pueden concurrir al Hospital de La Madre y el Niño y en el Consultorio de Salud Sexual y Reproductiva se realizan procedimientos de tipo ambulatorio, a través de medicamentos y también procedimientos quirúrgicos como la aspiración manual endouterina (AMEU). La Capiatl cuenta con cinco nodos que integran los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) ubicados en la zona oeste, San Vicente, Virgen de los Cerros, Islas Malvinas y Faldeo de Velasco Sur.
Al 30 de septiembre, 1443 efectores del sistema público de salud en todo el país informaron haber practicado interrupciones del embarazo. Esto constituye un 59,8 % más que lo declarado en el 2020 (903 efectores) y un 7,5 % más que en 2021 (1342 efectores). La Rioja cuenta con 27 efectores que garantizan la práctica
“El protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo es una herramienta de trabajo de gran importancia para garantizar este derecho y brindar claridad sobre el procedimiento”, indicó Llanos y explicó que reúne tres pasos, el primero es la recepción por parte del personal de enfermería, luego se realizan los estudios previos que se exigen, como por ejemplo una ecografía para constatar que no sea un embarazo que pueda complejizar la práctica; el segundo es la consejería en derecho del Servicio Salud Mental, para recibir la información necesaria, y luego la firma del consentimiento informado.
Por último, se trabaja con las médicas y se entrega la medicación para interrumpir el embarazo y “posteriormente se hacen visitas de control y se realiza una nueva ecografía para constatar si se ha hecho con éxito el procedimiento”.
La ley garantiza el derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, inclusive y a partir de la semana 15 del proceso gestacional si el embarazo fue resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente y si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante.
