La actividad judicial retoma hoy su ritmo habitual y hay causas que esperan ser cerradas tras el receso invernal y varios años de investigación. Si bien en las vacaciones de invierno hubo hechos que llevaron movimiento a las salas de audiencias penales de los Tribunales provinciales (con nueve homicidios), otras causas esperan juicio para esta segunda parte del año. Entre las investigaciones más resonantes y extensas está la pesquisa contra la banda de Los Monos, y sus derivaciones, y el expediente contra once imputados por la explosión del edificio de calle Salta 2141, que dejó 22 víctimas, en 2013. Ambos juicios prometen realizarse este semestre. También se esperan novedades en expedientes de violencia institucional con resonado reclamo de las víctimas y organizaciones que acompañan a los familiares. Otros legajos judiciales llevan menos tiempo de trabajo, pero esperan avances, como el posible debate oral y público contra imputados de guante blanco en la megaestafa inmobiliaria que ya tiene 19 imputados; el siniestro vial de dos colectivos de la empresa Monticas que dejó 13 víctimas y expuso serias irregularidades de la empresa. También espera acusación la causa por la muerte del joven David Moreyra, contra tres sindicados de molerlo a palos en un linchamiento. Por fuera de lo penal, la Corte Suprema provincial debe dar respuesta sobre la constitucionalidad de la ley de descanso dominical.
Las investigaciones penales se dividen entre el sistema de conclusión de causas -que va achicándose‑ y el nuevo sistema acusatorio, que trabaja los hechos posteriores al 10 de febrero de 2014. El Ministerio Público de la Acusación amontona legajos judiciales en edificios que ya quedan chicos. Se espera que antes de fin de año, el Centro de Justicia Penal los albergue para optimizar el trabajo.
Monos
En la causa hubo alrededor de 40 procesados, entre ellos, una veintena de policías. Todos aparecen acusados por el delito de asociación ilícita relacionada con la narcocriminalidad. En el expediente, los principales acusados son Ariel "Guille" Cantero y su hermano de crianza Ramón "Monchi" Machuca, sindicados jefes; mientras que entre los miembros figura el padre de ambos, Ariel Cantero. Aún resta resolver si Machuca irá al mismo juicio oral, ya que fue detenido hace poco más de un año y su causa va más atrasada, pero podría equipararse en los próximos días. Guille carga además con la acusación por el crimen del bolichero Diego Demarre, dueño del local donde mataron a su hermano, Claudio "Pájaro" Cantero; mientras que Machuca será juzgado también por el crimen por encargo de Lourdes Cantero; y el triple homicidio de Nahuel César, su madre, Norma César, y Marcelo Alomar. En el juicio también se ventilará la presunta vinculación del juez Juan Carlos Vienna, que instruyó la causa, con el padre de Martín "Fantasma" Paz, cuyo crimen derivó en la causa contra la banda.
Las penas solicitadas por el fiscal Sebastián Narvaja en la megaestafa van de 4 a 14 años de prisión.
Salta
Los procesamientos dictados por la jueza Irma Bilotta, tras la explosión del edificio de Salta 2141, en agosto de 2013, deberán llegar a juicio en los próximos meses, aunque -como reveló este diario días atrás‑ resta la realización de un pericia que podría ser clave en la responsabilidad de los imputados. La causa de estrago culposo, por la muerte de 22 personas, en lo que fue la tragedia más grande de la ciudad, tiene como acusados a la gerenta técnica de la empresa Litoral Gas, Viviana Leegstra; al jefe técnico, Claudio Tonucci y a tres inspectores; también a tres responsables de la administración Calvillo Propiedades, y a tres gasistas que trabajaron en el lugar. Las familias de las víctimas están esperanzadas en que este año se inicie el debate oral y público.
Violencia institucional
El 23 de junio pasado, David Ezequiel Campos y Alejandro Emanuel Medina fueron baleados por agentes de la policía provincial dentro de un Volkswagen Up gris, como corolario de una persecución de 28 minutos. Aunque no hay efectivos tras las rejas, el fiscal Adrián Spelta, de la unidad de Homicidios Dolosos citó a los 19 uniformados que participaron del hecho y les secuestró sus teléfonos celulares para peritar posibles contactos entre ellos. La idea es develar quiénes tuvieron responsabilidad directa en el doble crimen. En el auto de las víctimas se encontró un arma que también está siendo peritada, ya que los policías aseguraron haber disparado tras ser atacados con balas. Sin embargo, el revólver no parecía tener aptitud de disparo, ya que se trata de un arma vieja y hasta oxidada. El caso de los dos jóvenes no es el único que tiene a personal de las fuerzas de seguridad en el ojo de la tormenta; sin embargo, en varios casos las familias y organizaciones sociales y de derechos humanos lamentan que no hay avances en las pesquisas, cuando los acusados llevan uniformes: los casos de Maximiliano Zamudio y Alejandro Ponce esperan respuestas, sin imputados. En esta segunda parte del año también deberá resolverse el caso de Jonatan Herrera, cuyos acusados recibieron condenas irrisorias por su asesinato, mientras lavaba el auto en la puerta de su casa de barrio La Tablada. La muerte de la bibliotecaria María de los Angeles Paris fue otro de los hechos que este año puso a la policía en el eje de las protestas sociales. La mujer entró a la comisaría 10º a hacer una denuncia y murió allí adentro. La autopsia arrojó "muerte natural" y la familia se constituyó como querellante para pedir un segundo estudio, ante la respuesta judicial que consideraron "inaceptable".
Linchamiento
David Moreira fue atacado en barrio Azcuénaga, en marzo de 2014, y la causa es de las primeras que llegaron al nuevo sistema penal, pero aún no tuvo resolución. En esta parte del año se espera que el fiscal Florentino Malaponte presente acusación contra tres imputados de haberlo golpeado aquella tarde de sábado, hasta la muerte; tras un hecho de robo del que el joven participó. Seis meses después del violento hecho, el fiscal mandó detener a Nahuel P. y Gerardo G., a quienes considera parte de la turba que aparece en la filmación de un celular, dándole la paliza fatal. En tanto, meses atrás se sumó un tercer imputado que fue descubierto por sus comentarios en las redes sociales. Todos están en libertad. Malaponte pretende acusarlos por el delito de homicidio en agresión, ya que no pudo determinar quién le dio el golpe mortal; pero los querellantes insistirán con el delito de homicidio doblemente agravado.
El fiscal Malaponte quiere acusar a los responsables del crimen de David Moreira por homicidio en agresión.
Megaestafa
La causa que investiga a una banda que realizaba maniobras defraudatorias para quedarse con inmuebles y luego introducirlos al mercado legal tiene 19 imputados, muchos de "guante blanco". La investigación que comenzó con la presentación de una denuncia por un lote de Villa Amelia logró la detención de diez de los acusados, en octubre del año pasado. Uno de los delitos más graves por el que se acusa a escribanos, testaferros, empresarios y profesionales es el de lavado de activos agravado. En tanto, la audiencia previa al juicio oral se realizará entre julio y agosto. Las penas solicitadas por el fiscal Sebastián Narvaja van de los 4 a los 14 años de prisión.
Monticas
El fiscal Walter Jurado consideró a principios de julio que en alrededor de 30 días llegaría el informe final de la pericia sobre el neumático que estalló de uno de los vehículos que trasladaba pasajaros, a la altura de Zavalla, y que provocó el siniestro, en febrero pasado, con 13 muertos. En aquel momento, el investigador admitió demoras, ya que hubo que buscar un perito especializado en caucho, y eso llevó a que todavía no haya imputaciones.
