Más de 500 personas se sumaron ayer a la Marcha por los Derechos en Tartagal. Distintas organizaciones sociales y vecinos de la ciudad cabecera del departamento San Martín convocaron a los y las tartagalenses por redes sociales. Se concentraron a las 9 en la Estación de Ferrocarril y luego marcharon hasta la Ciudad Judicial. Se congregaron por la regularización del servicio de agua potable. También se sumó el malestar por los recientes anuncios del gobierno provincial sobre el nuevo protocolo de seguridad para garantizar el paso vehicular en cortes de ruta.
“Nosotros no vamos a parar hasta que salga agua potable de las canillas”, le dijo a este medio Luis Rivero, referente de la Comisión de Autoconvocados de Tartagal. “Nos están envenenando”, agregó, en referencia a las algas y otros elementos contaminantes que jaquean la vida cotidiana de la población más vulnerable. "No todos pueden comprar botellones de agua segura", recordó el referente. En su análisis situacional, el gobierno provincial tampoco asegura la provisión diaria y en cantidades suficientes del líquido vital, que cubra todas las necesidades de las familias y sus niños. “Además, si Aguas del Norte (la empresa estatal que presta el servicio) abiertamente informa que no se debe consumir el agua, ¿por qué tenemos que higienizarnos o lavar los untesillos de comida con ella?”.
Las organizaciones sociales que apoyaron la marcha (CCC, PCR, 8 de Abril, UTT y FNC) redactaron una denuncia colectiva que planeaban presentar ante la Secretaría de Derechos Humanos que depende de la Corte de Justicia de Salta. Al reclamo por el agua potable apta para consumo humano, sumaron el derecho a la salud, la educación, la seguridad, el trabajo digno, y también el derecho a reclamar y protestar. “Todos son derechos que figuran en la Constitución Argentina, le duela a quien le duela”, posteó Luis Rivero después de la marcha. La invitación a la jornada de protesta de ayer circuló, justamente, por ese flujo de conversaciones.
Obras para el futuro
Gran parte de las principales ciudades que se encuentran sobre la ruta nacional 34 dentro del departamento General San Martín se abastecen del Dique Itiyuro, ubicado entre las localidades de Aguaray y Salvador Mazza. El espejo artificial fue construido en la década de 1970, cuando toda esa jurisdicción contaba con 67.203 habitantes (según el censo de 1970). Según los datos del censo 2022, el departamento tiene 177.641 habitantes. A pesar del salto poblacional, ese dique aún abastece la ciudad de Tartagal y otras áreas urbanas al sur, como Campamento Vespucio y General Mosconi, entre las principales.
Durante la conferencia de prensa que brindó ayer el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, en el aeropuerto de Salta, el gobernador Gustavo Sáenz anunció nuevas obras en el Dique Itiyuro y otras en un dique próximo. El mandatario salteño se refirió a un acta acuerdo que Salta firmó recientemente con el ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis, para la construcción de una nueva toma de aducción en el embalse El Limón y la ampliación de la planta potabilizadora, justamente, en el espejo de agua del Itiyuro hoy seco. También se anunciaron obras para la protección y recrecimiento del terraplén existente, más la reparación de filtraciones. “Estoy cumpliendo con los vecinos del departamento San Martín que hoy sufren la falta de agua por la sequía más grave de los últimos 50 años, décadas de desinversión y obras de infraestructura que nunca se hicieron, pese a que se prometieron”, dijo en relación a la crisis hídrica que afecta al norte salteño.
Sin embargo, obras y tareas de mantenimiento no solucionan de inmediato los problemas de agua que los vecinos padecen a diario. “Vamos a decidir en asamblea cómo seguimos la lucha. No descartamos realizar un acampe en la plaza principal de Tartagal”, dijo Rivero. “Nosotros queremos dejar bien en claro que nos están envenenando”, insistió. “Nos basamos en los artículos del Código Penal que se refieren al envenenamiento del agua para consumo humano”, agregó, aludiendo a los apartados 200, 201 y 201 bis. “En la Ciudad Judicial nos dijeron que hagamos la denuncia en la comisaría del barrio. Es una vergüenza porque llevamos más de 60 días sin agua potable”.
Orán y el tarifazo eléctrico
En la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán los vecinos permanecen en el acampe que hoy cumple un mes. El proceso de lucha contra el tarifazo eléctrico llegó a un intermedio (no a una tregua definitiva) durante la reunión que mantuvieron los principales referentes de ese acampe con funcionarios del gabinete provincial el viernes último. Establecieron que el próximo 13 de febrero el gobierno salteño les presentará una propuesta de tarifa eléctrica subsidiada para zonas cálidas que será analizada por los usuarios y usuarias en asambleas.
Hasta que el plazo se cumpla, los referentes del acampe de Orán y de Embarcación informaron a los vecinos que asisten regularmente el resultado del encuentro con los ministros de Economía, Roberto Dib Ashur, y de Infraestructura, Sergio Camacho. Además, elaboraron un volante explicativo y desde ayer recorren barrios de esas ciudades para explicar en casas particulares por qué están luchando.
“Los vecinos organizados en la Asamblea de Usuarios Autoconvocados continuamos con el acampe frente a las oficinas de Edesa y ya hemos logrado varios puntos favorables que han sido ratificados por el gobernador, entre ellos: no cortes de servicio por seis meses (decreto 38/23); reducción de la boleta de luz de diciembre en adelante a valores de 2022 (mismo decreto); y notas de crédito para quienes ya pagaron que deberán descontarse en las próximas boletas”, informa el volante que reparten. También aclaran que aún falta lograr: “la reducción de la tarifa”, que entienden debe ser de un 80%, “para que sea compatible con los valores del mes de octubre de 2022 y “mejoras en el servicio y la recisión del contrato a Edesa”.
“Nosotros queremos discutir el precio del kilovatio/hora”, explica hasta el cansancio Josefa Cardozo, una de las referentes más visibles de la protesta en Orán. “Pagamos la energía por 220, pero estamos midiéndola y solo llega a 180. Nunca llega a 200”, contó otro referente del acampe, Leandro Alagastino, en la radio 106.7, de Orán. El reclamo es persistente. “El voltaje que ellos venden (por Edesa) no es 220. En el mejor de los casos llega a 205”, sostuvo el concejal Samuel Huerga (MST). “Se queman todos los artefactos electrodomésticos. Cuando la gente hace el reclamo, le piden boletas de compra y un presupuesto del servicio técnico”. La quema de electrodomésticos es cosa corriente en Orán, tanto es así que la delegación de Defensa del Consumidor de la provincia recibió solamente en enero 20 denuncias por quema de artefactos debido a la inestabilidad en la tensión eléctrica.
Desde Defensa del Consumidor de Orán y de Tartagal, sus delegados explicaron a Salta/12 que la Secretaría provincial no tiene competencia sobre la empresa de energía salteña. El procedimiento administrativo de Defensa del Consumidor no puede continuar, porque es el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp) el organismo que tiene competencia para multar a la empresa que presta el servicio. “En Tartagal informamos a los vecinos cuál es el procedimiento”, dijo Angelo Gerez, delegado de la Secretaría en esa ciudad. Pero repitió: “nosotros no tenemos competencia, es facultad del Ente. Además, Edesa cuenta con un formulario especial para esas denuncias”.
Para Huerga, el servicio de Edesa es “un atentado contra la salud”. Contó que todos los días hay cortes de luz o problemas con la tensión y por lo tanto se rompen las cadenas de frío en los negocios o en los supermercados. “Además, hay que imaginar la vida de las personas electro dependientes”, recordó. “La desidia política es muy grande. Tartagal no tiene gas natural cuando lo tiene bajo sus pies. Orán no tiene electricidad, cuando la central térmica más próxima (General Güemes) no se encuentra muy lejos de aquí (220 kilómetros al sur)”. Explicó además que esa central se abastece con insumos que se encuentran en la región (biomasa de desechos industriales de la caña de azúcar, derivados del petróleo). Por otro lado, denunció que desde 2017 existe un Fondo de Inversión Operativo que Edesa cobra a todos los vecinos y vecinas para realizar obras de mejora en la estructura del servicio. “Ese fondo debería estar en cero, pero por informes que solicitamos desde el Concejo Deliberante, sabemos que no se utilizaron. Es escandaloso el gasto que no hacen”, aseguró.
Los problemas se extienden hasta la frontera con Bolivia. Lucía Vela, presidenta de la Cámara de Comercio de Aguas Blancas, contó sobre las colas interminables de ciudadanos argentinos y bolivianos sobre el puente internacional de Aguas Blancas / Bermejo. “El martes cortaron la luz toda la mañana. Las autoridades tuvieron que hacer los papeles a mano. El servicio es pésimo y se queman los aparatos. Las heladeras no aguantan y los pequeños comercios tienen que tirar los productos”, dijo. Aguas Blancas forma parte del departamento Orán, y se accede a él por la ruta nacional 50. Es el último pueblo argentino antes de ingresar al vecino Estado Plurinacional de Bolivia.
Los referentes del acampe de Orán no dejan de estudiar tarifas eléctricas de distintas provincias. “En Buenos Aires, EDESUR por un consumo de 155 kilovatio/hora cobra 584,43. La facturación es bimestral”, aclaran. “En Salta, Edesa le factura a un usuario por un consumo menor a los 86 kilovatios/hora $ 2.424,24. Y la facturación es mensual”, continúan. “Otro ejemplo: en Formosa la estatal REFSA, por un consumo bimestral de 2.253 kwh cobra $ 8.210. En Salta, Edesa le factura a un usuario por un consumo mensual 2.684 kwh $ 62.895,39. Es una aberración”, denuncian en un documento que circuló en redes sociales. Cuestionan también el cobro del IVA por parte de la empresa y la tasa de incidencia de alumbrado público. “Pagamos dos veces el alumbrado público, a Edesa y al municipio”.
Los vecinos y organizaciones de Tartagal reclaman derechos. Los vecinos de Orán reclaman el costo del kilovatio/hora, el tipo de servicio que se brinda, las obras que no ejecutó la empresa para mejorarlos. Y básicamente, que si se estatiza la empresa distribuidora, la nueva gestión incluya a los usuarios entre los representantes que se sientan en la mesa a discutir cuadros tarifarios.
