Se muestran reservados con el tema porque suponen que queda feo hacerlo público. Pero todos los estrategas electorales, como le consta a Buenos Aires/12 después de un paneo por las distintas carpas de campaña, hacen cálculos con el voto de los extranjeros.

Según el Código Nacional Electoral, los extranjeros residentes no pueden votar en elecciones nacionales. Pero, salvo que alguna provincia lo impida, sí están habilitados para hacerlo en elecciones provinciales o municipales. Solo precisan un DNI actualizado y tener residencia en la jurisdicción donde quieren votar, más el trámite correspondiente.

En la provincia de Buenos Aires ese derecho rige desde la ley 11.700 de 1995, y fue facilitado por otra ley, la 12.312, que ordena a la Junta Electoral confeccionar un registro especial de electores con los extranjeros residentes. Los que cumplan con los requisitos podrán elegir cargos de gobernador para abajo, hasta consejeros escolares.

El interés de los jefes de campaña tiene su dosis de sensatez. Según el diario ABC de Asunción, en la Provincia viven dos millones de paraguayos, la mayoría documentados. O sea, en condiciones de votar.

Los bolivianos son la segunda colectividad. Dos terceras partes viven en el área metropolitana de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, ya sea en el área matancera de Gregorio de Lafferrere o en el barrio Lambertucchi de Escobar.

“Se trata de un pueblo en movimiento que lleva consigo sus costumbres, sus comidas y hasta sus santos y festividades”, escribió en Voces en el Fénix la doctora en Geografía Susana Sassone.

En términos sociales, ese movimiento es compatible con la integración social, educativa, económica y comercial. Naturalmente también es compatible ese movimiento con el voto. El problema, para quienes lo buscan, es que el ejercicio de ese voto no es masivo. Juan Bautista Alberdi soñaba con derechos civiles para todos los inmigrantes y derechos políticos para pocos. Ya no es así. La Argentina ofrece derechos civiles y también políticos, pero los dirigentes no logran que los segundos sean ejercidos. O al menos no lo logran los políticos peronistas que parten de una hipótesis: si la mayoría de los que votan en la Argentina para las elecciones de su país lo hizo por Evo Morales y Luis Arce, sería coherente que aquí lo hicieran por la candidatura peronista X a la gobernación y la candidatura Y a la intendencia.

En este tablero lo que cuesta entender es el pudor. ¿Qué hay de malo en pedir el voto, o en decir que el voto de paraguayos, bolivianos o peruanos es esencial para una fuerza política? ¿Es el temor a una réplica del tipo “documentan o dan derechos para conseguir votos”? Si fuera así, sería asumir como propia una manera de razonar que corresponde a las elites:

*Para las elites los derechos no son algo exigible al Estado sino una gracia del poder.

*Para las elites el voto universal, secreto y obligatorio para hombres y mujeres a veces es visto con la resignación de quien preferiría el voto calificado.

Más aún: la Ley 14.086 de la provincia de Buenos Aires, que adapta al distrito la obligatoriedad de las PASO, dice que “son electores todos los ciudadanos empadronados en la Provincia y los extranjeros que se encuentren inscriptos en el registro establecido por la Ley Nº 11.700, modificada por Ley Nº 12.312”. Y agrega que “la emisión del sufragio será obligatorio”. Como no excluye a los extranjeros de la obligatoriedad, es obvio que esa obligatoriedad rige para ellos.

El voto supone un compromiso del candidato o la candidata y de su fuerza política, y no un cheque en blanco entregado por una supuesta masa informe de extranjeros.

No solo no es indigno pedir el voto. Es saludable. Dignifica la democracia y le agrega un mayor grado de exigibilidad de derechos.