El nombre de Jorge Vega, de nacionalidad boliviana, se hizo conocido por un hecho desgraciado: Vega fue asesinado a balazos por la ex pareja de su compañera. El agresor luego se quitó la vida. El homicidio hizo conocer una historia hasta ese momento ignorada fuera de su distrito. Vega era concejal por el Frente de Todos en Berazategui y a la vez era conocedor y practicante de sus costumbres ancestrales. Cantaba el himno boliviano con el gesto habitual de los militantes del Movimiento al Socialismo de Evo Morales, con la mano derecha sobre el corazón y el puño izquierdo en alto. Y había sido el artífice del encuentro y la posterior relación que se estableció entre el embajador Ramiro Tapia y el intendente Juan José Mussi, que tienen en común la profesión médica y la pasión por el sanitarismo. Sin embargo, ese alto nivel de participación política de un extranjero no es, todavía, lo habitual, aunque la ley lo permita y pese a que también los extranjeros tienen derecho al voto a nivel provincial y municipal.

El pueblo boliviano ha tenido, a lo largo del siglo XX, una gran tradición migrante, que se detuvo con los logros del denominado “proceso de cambio”, encabezado por Evo Morales Ayma desde 2006. El ochenta por ciento de esos migrantes residen en Argentina, y la abrumadora mayoría de ellos, en la provincia de Buenos Aires. Entre otras actividades se dedican a la producción, al comercio hortícola y a la construcción. Sus hijos asisten a las escuelas públicas y a las universidades del Bicentenario. Y aunque legalmente pueden ejercer sus derechos políticos tanto en su patria de origen como en la de residencia, no siempre lo hacen. Por eso el gobierno bonaerense encara fuertes operativos de documentación. 

“El boliviano residente en Argentina tiene algunas particularidades”, sostiene el embajador Tapia, quien antes del golpe de estado se desempeñó siete años como cónsul en Buenos Aires. “Las dictaduras y los gobiernos neoliberales han expulsado gente del país durante décadas. Por ejemplo, Gonzalo Sánchez de Losada, en los noventa, echó a los mineros. Para toda esa gente, que buscaba vivir dignamente de su trabajo, era más fácil emigrar a Argentina que a otra ciudad de Bolivia, en parte por falta de carreteras y de infraestructura. Entonces, aquellos migrantes que se afincaron aquí conservan una añoranza de Bolivia, y por eso mantienen todas sus tradiciones: los festejos, los bailes, la comida. Las radios que fundan aquí mis hermanos y hermanas tienen los mismos nombres que las radios de La Paz: Metropolitana, Altiplano, Illimani...”

Muchos de esos bolivianos, que llevan dos, tres o más décadas residiendo en el Gran La Plata, en La Matanza, Escobar o Pilar, han visto las modificaciones estructurales que generó el Movimiento al Socialismo de los presidentes Evo Morales y Luis Arce año a año, cada vez que aprovecharon las vacaciones para volver a su pago a visitar familia y amigos. Tanto por su origen social como por su condición de testigos privilegiados, son profundamente masistas. 

Los gobiernos kirchneristas facilitaron un derecho ya existente (el voto de los extranjeros para cargos provinciales y municipales) y negociaron con Morales otro: que los bolivianos pudieran votar a sus autoridades sin viajar a Bolivia. El voto consular que nunca pudo aprobar en Uruguay el Frente Amplio por la oposición de blancos y colorados.

En la última elección, en el parcial de votos del extranjeros, venían ganando las opciones de derecha en las mesas de España, Estados Unidos y otros países más lejanos, hasta que se computaron las actas de Argentina y dieron vuelta el resultado de manera definitiva. La Matanza, parece, no solo es clave para el peronismo sino para el MAS boliviano. Sin embargo, ese activo electoral está aún lejos de haber dado sus frutos. De 800 mil bolivianos residentes en Argentina -de acuerdo a las estimaciones de la representación diplomática, que espera de los datos del censo y reconociendo un problema de su registro, sólo unos 120 mil se encuentran empadronados para votar.

Los que sí parecían tener esto muy claro son la ex presidenta de facto, Yanine Añez, que cumple una condena de diez años por "incumplimiento de deberes" y “resoluciones contrarias a la Constitución” y sus aliados políticos, de uno y otro lado de la frontera. Para la elección de 2020, que se realizó en plena pandemia de coronavirus, desde el Tribunal Superior Electoral que controlaban, primero demoraron las listas de recintos de votación habilitados y luego las confeccionaron incompletas y con errores, para impedir o desalentar el voto. Luego, complementariamente, el entonces gobernador de Mendoza, el radical Rodolfo Cornejo, demoró la emisión de permisos de circulación de los once mil bolivianos residentes en su provincia.

Entre 2021 y 2022, cuatro municipios de la provincia se convirtieron, al aprobar la ordenanza en el Concejo Deliberante, en plurinacionales: Berazategui, Quilmes, Moreno y Marcos Paz. Fue en el trabajo previo a la sanción de esas normas que Tapia entró en contacto con Vega, comprometido con las dos culturas y un símbolo de algo que crece en este año electoral: el interés de las fuerzas políticas (de todas, no solo del peronismo, y sobre todo de los intendentes, que están más cerca de los migrantes) por el voto de los extranjeros. Para que lo hagan más que antes, y naturalmente para que voten a los candidatos que cada quien lleve.

Cambio de tendencia

En los últimos años, el panorama de la migración se ha vuelto más complejo. En primer lugar, los bolivianos ya no emigran tanto. Los que lo hacen, tienden más a la modalidad golondrina que a afincarse. También ha habido mucha migración interna, especialmente hacia Santa Cruz, en el próspero oriente. Bolivia ha comenzado a recibir también migrantes de otros países: algunos argentinos y colombianos, muchos peruanos, como consecuencia de la creciente inestabilidad y violencia política, un fenómeno inimaginable hace apenas dos décadas.

El embajador sostiene que, para ellos, el desafío actual es la reciprocidad. “Muy pocos argentinos,  excepciones, nos tratan mal. La mayoría nos ha abierto los brazos. Ahora es nuestro turno de abrir los brazos y demostrar nuestra hospitalidad”.

La realidad demuestra que, quienes tienen mayor antigüedad en Argentina, han mejorado sus condiciones de vida respecto de los recién llegados, confirmando las expectativas de movilidad social ascendente. Los residentes en Escobar son anteriores a los del Gran La Plata y, aunque ambas comunidades se dedican mayormente a las hortalizas, los últimos dependen exclusivamente de su producción, mientras los primeros se dedican también al acopio y comercialización. Una hipótesis es que, siendo la mayoría propietarios de sus tierras, pudieron invertir luego sus excedentes en otros bienes de capital, como camiones y cámaras frigoríficas. En La Plata, en cambio, el arriendo es siempre fuente de preocupación. El productor nunca sabe si le renovarán o no y a qué precio. “Junto al mercado local hay un biodigestor que pertenece al municipio. El terreno en el que está emplazado fue donado por la comunidad boliviana. Así de prósperos somos”, ríe Tapia.

Edwin tiene treinta años y ha pasado la mitad de su vida en Argentina. Trabaja en horticultura con su familia. Los fines de semana visita el mercado frente a la ruta 36, en la localidad de Lisandro Olmos. "Aquí estamos bien", declara. "El arriendo es el mayor problema. A veces sin abusivoscon los precios, pero no nos asusta el trabajo", agrega. Al recorrer esa ruta, uno puede confirmar sus palabras: los bolivianos construyen nuevos invernáculos, cuidan los sembradíos, van y vienen en sus tractores, todo es movimiento, actividad.

La historia con Macri

Los bolivianos no olvidan, afirma la cultura popular. No olvidan que Macri, siendo aún presidente, envió pertrechos militares para reprimir las protestas del pueblo contra el golpe de estado, pero las ofensas de Macri hacia los bolivianos vienen de mucho antes. En diciembre de 2010 se produjo en la ciudad capital la toma del Parque Indoamericano, por parte de cientos de familias, ante la falta de política de vivienda del gobierno local. Luego del violento desalojo, que se cobró la muerte de Emilio Canaviri Álvarez, Bernardo Salgueiro y Rosemary Churapuña, esta última de nacionalidad boliviana y de 28 años de edad, el alcalde tuvo expresiones racistas por las que nunca se disculpó.

Ya en 2017, Patricia Bullrich los puso en un supuesto ranking de narcotraficantes, detrás de los peruanos y paraguayos, esos dichos motivaron denuncias del entonces cónsul Tapia ante el INADI. Pero las denuncias, en vez de prosperar, desaparecieron llamativamente. Otro punto álgido de esta historia de tensiones y conflictos se dio en enero de ese mismo año, con la sanción del decreto 70/2017, que con la excusa de establecer un proceso para agilizar la deportación y la prohibición del ingreso a extranjeros vinculados al delito, brindaba a las fuerzas de seguridad una herramienta para perseguir y criminalizar la pobreza. El polémico decreto fue derogado en 2020 por el canciller Felipe Solá, a instancias de la representación diplomática.

Para el embajador Tapia, hay un hecho sintetiza el espíritu de las relaciones que los últimos gobiernos tuvieron con Bolivia. "Enviaron a mi país pertrechos bélicos, municiones, trasladaron un grupo de "élite" para reprimir, enfrentarnos entre hermanos, llevaron llanto, dolor y muerte en un avión Hércules. Con el actual gobierno, el 20 de diciembre del 2021 en el mismo avión se llevó sonrisas, esperanza y vida". Tapia se refiere a la donación de un millón de dosis de vacunas contra el covid. Aquwl contrabando de 2019 es un tema sensible para la delegación diplomática, que aguarda con expectativa la llegada de un penalista para seguir adelante con la acusación, ya que cuentan con sobradas pruebas.

Guía del migrante 

La Secretaría de Población que lidera Ana Catagneto, dentro del ministerio de Gobierno, a cargo de Cristina Álvarez Rodríguez, ha trabajado intensamente desde 2020 en la promoción de los derechos de los migrantes. Lo hacen con una estrategia de abordaje múltiple. Por un lado, son frecuentes los operativos de documentación, que llevan el Registro de las Personas allí donde los beneficiarios se encuentran: desde trabajando en determinadas cosechas o cultivos estacionales o, ahora en plena temporada turística, en la costa atlántica. Los operativos continuarán durante todo el año, aún después del cierre de los padrones provisorios, previsto de acuerdo al calendario electoral para el próximo 25 de abril. A partir de esa fecha, se publican durante diez días para recibir reclamos de los electores y, hachas las correcciones, se publican los definitivos.

No se trata sólo de vencer la distancia física: hay también, a veces, severas barreras culturales, desconfianzas, que se resuelven gracias a la activa colaboración de los líderes comunitarios. En esta tarea, juegan un rol clave los Consejos Poblacionales descentralizados, que se van formando a nivel local, en los municipios con mayor presencia migrante, como Escobar y Pilar. 

“La guía” es un documento muy simple y sintético, que explica de manera accesible qué derechos tienen las personas migrantes y cómo ejercerlos. Los líderes comunitarios también participaron de su redacción.

“Las personas migrantes representan un gran porcentaje de la población provincial. En 2010 vivían en la Provincia 941.830 personas de nacionalidad extranjera. Creemos que hoy en día ese número se ha incrementado. Nuestro trabajo busca visibilizar la importancia de las comunidades en nuestra identidad bonaerense y que quienes elijan nuestra Provincia para vivir puedan gozar de los derechos que les corresponden por Ley. En esa línea, articulamos con las áreas municipales, provinciales y nacionales que trabajan la cuestión migrante y con organizaciones para dar solución a los problemas que se presentan en los distintos territorios”, explicó Castagneto.