Con la actual ley de alquileres camino a cumplir los tres años, crecen las dificultades de las personas que tienen que renovar el contrato o mudarse. Mientras el índice que regula la actualización de los alquileres dentro de un contrato ya vigente muestra un incremento interanual para febrero de 85 puntos, al momento de renovar los valores superan el 110%. Para Ariel D’Orazio, coordinador del Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda e Inquilinos en la Oficina municipal del Consumidor, el objetivo de rentabilidad que fija y busca el mercado es ganarle a la inflación, y como el índice tiene un componente salarial, es uno de los pocos en Argentina que está por debajo de la inflación interanual. "Vemos sistemáticamente que lo que está vulnerado es el plazo para poder soslayar lo que establece el índice oficial de actualización de los alquileres", dijo D’Orazio. "También preocupan las presiones de los propietarios para poder elevar el valor antes de que se cumpla el plazo anual, una de las cuestiones principales de vulneración a lo que específicamente establece la ley. Hay mucha gente que consulta porque piensan que los pueden desalojar, o los amenazan con no renovarles el contrato cuando vence, situaciones de total angustia", describió.

El Consejo Asesor de Vivienda recibió el año pasado 1.100 denuncias en relación al tema. Los alquileres, indicó su coordinador, fueron "como siempre" la principal materia de consulta de las personas que se acercan a la Oficina municipal del Consumidor por una situación habitacional, seguida por la administración de consorcios y otras referidas a la compra de vivienda de manera anticipada o de las viviendas prefabricadas.

"Nosotros vemos con preocupación el cambio de objeto de los contratos de locación cuando se alquilan para vivienda e igualmente lo ponen como comercio para poder esquivar el Índice para Contratos de Locación anual. También el tema de los plazos, hemos visto contratos que van a 8 meses. Esto sucede porque hay una trampa legal, que establece la ley, que si el inquilino así lo desea puede firmar un contrato por debajo del plazo mínimo legal siempre que sea una renovación. Pero en estos casos termina siendo una imposición porque cuando los inquilinos dicen que quieren estar por los tres años o por dos, les responden que se lo alquilan por seis meses o por nada, por un año o por nada, en el mejor de los casos por dos", prosiguió D’Orazio.

Este tipo de situaciones fueron incrementándose ahora que la ley está a punto de cumplir los tres años. "Nosotros podemos intervenir, pero acá lo que falta es el Estado que no ha puesto en funcionamiento el registro de contratos de locación de manera eficiente, lo hizo sin ningún tipo de control. Llama la atención porque es la Afip, organismo que está catalogado como uno de los más eficientes a la hora de detectar la evasión. En estos casos no funciona porque tenemos un registro de contratos que apenas se aproxima al 15% de la totalidad de contratos que hay en el país", afirmó el coordinador del Consejo Asesor de Vivienda.

Para D’Orazio, lo que evidencia la falta de oferta de inmuebles es la gran especulación inmobiliaria que existe en nuestro país, y Rosario es una muestra muy clara. "El boom inmobiliario ha permitido que se construyera muchísimo en una ciudad que no modificó su densidad demográfica de manera importante en los últimos 22 años. Se otorgaron decenas de miles de permisos de edificación que supuestamente eran para paliar el déficit habitacional y lejos de eso han generado un recrudecimiento de una situación, con una mayor cantidad de inquilinos, una oferta que no puede satisfacer la demanda", planteó, para luego ponerlo en cifras: "Pasamos de un 12% de inquilinos en 1980, 18% en 2001, y hoy tenemos que hablar de un 30% de la población que alquila. Se construyó de manera excepcional en la ciudad y el problema no se resolvió, a pesar de que no creció en términos demográficos de manera exponencial en el último tiempo".

"No existe la voluntad política en ninguno de los tres niveles del Estado para avanzar en gravar la vivienda ociosa", lamentó . "Es una de las herramientas, no es la excluyente ni va a generar una solución inmediata, sobre todo para los grandes especuladores que tienen la espalda económica suficiente para poder abonar una tasa municipal o un impuesto inmobiliario al doble; en todo caso, lo que se busca es que esa presión fiscal los obligue a volcar al mercado del alquiler una cierta cantidad de inmuebles", apuntó. 

El referente de la Concejalía Popular también mencionó que a nivel provincial se establece la posibilidad que cuando hay una ociosidad superior a los cinco años comprobada, y cobrando un impuesto que así lo determine, el Estado pueda tomar la opción de expropiarlo pagándole un valor al dueño, y de esa manera empezar a administrar vivienda que se vuelque al mercado locativo. 

"Si el Estado no empieza a construir, y a planificar para quién se construye en las grandes ciudades, y si no empieza a construir para sectores medios, pensando en una alianza con los sindicatos, que han demostrado que cuando se hicieron, por pequeñas que hayan sido estas experiencias, fueron exitosas y resolvieron el problema de algunas familias en la ciudad, estamos destinados a naufragar por este mar de especulación que tanto nos aqueja y tanto daño nos hace", advirtió.

"Las ciudades terminan siendo para aquellos, que lavan el dinero proveniente de otras actividades, de los que evaden impuestos con el negocio de la soja y lo vuelcan en ladrillos. El Estado tiene que poner límites y entender que tiene la necesidad de aliarse con los privados, con los sindicatos a la hora de resolver la vivienda de los trabajadores con diferentes modalidades de tenencia, ya sea mediante una hipoteca, una propiedad, un alquiler. Me parece que el Estado tiene que involucrarse porque hablamos de un derecho constitucional que lamentablemente se vulnera sistemáticamente", agregó.

Consultado por el tratamiento en el Congreso para reformar la actual ley de alquileres, que quedó trabado el año pasado, D’Orazio señaló: "Está tan instalado en los medios de comunicación masivos de que la ley es un fracaso para ambas partes, si hay una modificación será a favor de las inmobiliarias. Cuando decimos que el salario no alcanza para pagar el alquiler, y del otro lado nos dicen que la rentabilidad esperada por el valor del metro cuadrado construido -que ellos fijan, igual que el valor de compra y venta de los inmueble, y el valor de los alquileres de manera inicial- es la más baja de los últimos 70 años. Lo que están queriendo decir que en realidad a la ley hay que eliminarla para poder actualizar los valores de contratos de manera trimestral o semestral y por un índice determinado; es decir, a gusto y piacere del mercado inmobiliario". 

"Del otro lado -continuó D’Orazio- están los inquilinos que compran que la ley fracasó pero porque no les alcanza el salario, sin pensar de que el alquiler en términos de actualización anual es uno de los pocos índices que está por debajo de la inflación. Ahí se pierde de vista una de las ventajas que garantizó la ley nacional de alquileres, de otra forma nos estarían aumentando cada seis meses un 50 o 60%. Si actualizan la ley, lo que lamentablemente van a eliminar es el plazo mínimo, permitiendo que el valor sea fijado por las inmobiliarias de una forma más temprana. Además, van a modificar el índice y la periodicidad de actualización de los alquileres". 

Finalmente sostuvo que "lo que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, salvo que salga un despacho de mayoría, que en realidad lo único que planteaban era la promoción fiscal para algunos propietarios, el resto es totalmente nocivo para las personas que alquilan. El panorama es desalentador".