Luego de que Evangelina Anderson expusiera en sus redes sociales al colegio Northlands -con sedes en Olivos y Nordelta- por pedir una foto de la familia como requisito para la inscripción de nuevos alumnos, muchos usuarios manifestaorn que se trataba de una accionar “habitual” en algunos establecimientos educativos. "¿Esto no es un claro ejemplo de racismo?", se preguntó la esposa de Martín Demichelis. 

Según el Mapa de la Discriminación del INADI, "el 41% de las personas percibe que existe discriminación en el ámbito escolar y la escuela se identifica como el principal ámbito en el que la discriminación ocurre". Desde el 2008 a la fecha, recibieron cerca de 4.000 denuncias que corresponden a discriminación en el ámbito educativo.

“Las familias no son instituciones estáticas, sino que tienen distintas conformaciones y formas de constituirse, y todas ellas se encuentran protegidas en nuestra legislación vigente, por lo que la diversidad familiar no puede ser un motivo que condicione la admisión”, precisaron desde el INADI a Página/12. Y destacaron que las instituciones educativas tienen la obligación de fijar requisitos razonables para la admisión en las escuelas, que no vulneren el principio de igualdad ante la ley y de no discriminación receptados en la constitución nacional.


Qué dice la normativa sobre la admisión en colegios privados en la Ciudad y la PBA

El derecho de admisión de los colegios privados están regulados por la Ley 2.681 en la Ciudad de Buenos Aires, y la Ley 14.498 en la Provincia de Buenos Aires, que establecen que las instituciones no pueden negarle la matriculación o rematriculación a ningún aspirante o, en su defecto, fundamentar los motivos de esa decisión.

La reglamentación en la Provincia no contempla como requisito que se solicite una foto para inscribir a un estudiante, por lo que una situación así podría denunciarse ante una negativa en la admisión. La fecha límite para que las escuelas informen si rechazan la matriculación o rematriculación es el 31 de octubre de cada año. Ante esto, las familias pueden solicitar los fundamentos de la decisión -mediante nota, telegrama o carta documento- y la respuesta debe estar en un plazo de 5 días hábiles

En caso que la información sea negada o insuficiente, puede denunciarse ante la Dirección General de Cultura y Educación, llamando al (0221) 429-7600, y el colegio puede ser sancionado con apercibimiento y/o una multa de entre un mínimo de cuatro sueldos básicos docentes y un máximo de 12 sueldos. 

También la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires (enviando un mail a [email protected] o llamando al 0800 222 5262), puede asesorar o acompañar a los ciudadanos. "En caso de que rechacen una matriculación, siempre es importante analizar el caso en concreto", explicaron.

En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, la presentación debe hacerse ante el Ministerio de Educación de la Ciudad antes de los 10 días hábiles administrativos desde que haya negado la matriculación o dentro de los 20 días en los que no hubiere respuesta por parte de la institución educativa. Puede efectuarse desde la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD); por mail en [email protected]; de forma presencial ante la Mesa General de Entradas del Ministerio de Educación, al 0800-333-3382 videoconsulta.

Además, los damnificados pueden presentar su denuncia llamando a la línea 168 del Inadi, por mail al [email protected] o en la plataforma de Trámite A Distancia (TAD). Además, puede presentarse un formulario de denuncia, donde el damnificado debe describir “de forma clara y precisa los hechos denunciados”.

Las conductas discriminatorias también están contempladas en la Ley 23.592, que en su artículo 1º establece que “quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos (...) será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados”. En dicha norma, se consideran discriminatorios los actos u omisiones determinados por motivos como “raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”. 

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