El Senado de México aprobó una reforma que reduce el personal y el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), que organiza los comicios y al que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusa de oneroso y de haber tolerado fraudes en el pasado. La iniciativa fue rechazada por la oposición, que la considera un atentado a la democracia de cara a las presidenciales de 2024. El proyecto, que ya había recibido luz verde de la Cámara de Diputados y en consecuencia quedó ahora listo para la promulgación del Ejecutivo, fue aprobado por 72 senadores del oficialista Morena y sus aliados, frente a 50 votos en contra.
La oposición considera que los recortes aprobados afectarán la autonomía del organismo, que también verá limitadas sus facultades para castigar a los políticos por infracciones electorales, por ejemplo en lo relativo a la propaganda gubernamental en época de proselitismo. En cambio el senador Félix Salgado, de Morena, dijo que la oposición se resiste a que "se ponga fin a los privilegios y al derroche del INE", al que señaló de haber avalado "fraudes de Estado".
La bancada opositora anunció que demandará el articulado ante la Corte Suprema, al considerar además que daría ventajas al gobierno de izquierda en las elecciones generales previstas para mediados de 2024. Para eso cuenta con 30 días, aunque de hecho el tribunal ya había ordenado suspender la aplicación de otras reformas electorales, previamente aprobadas por el bloque oficialista, en los dos próximos comicios estatales a celebrarse este año.
En su conferencia matutina, López Obrador, reconoció los riesgos que enfrenta el paquete de leyes, pero celebró que acciones de este tipo son parte del Estado de derecho. "Que se impugnen estas reformas. Que se acuda al poder judicial mediante recursos, controversia. Todo eso es parte de la normalidad política democrática", dijo el mandatario de izquierda.
El debate en el Senado estuvo marcado por referencias al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, hallado culpable de narcotráfico el martes en Estados Unidos, y por reclamos para que también sea detenido y enjuiciado el expresidente Felipe Calderón (2006-2012).
Josefina Vázquez Mota, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que la reforma "atenta contra la democracia y es el camino hacia el autoritarismo". En la misma línea Miguel Ángel Osorio Chong, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consideró que es el "peor retroceso democrático de la historia de México".
Los principales cambios
La iniciativa de López Obrador modifica leyes secundarias y ha sido denominada "Plan B", luego de que el año pasado el oficialismo fracasara en su intento por aprobar una propuesta que modificaba la Constitución, pero que requería el voto de dos tercios del Congreso. Con las reformas a diversas leyes electorales se limita política y económicamente al INE y se compactan sus estructuras, así como algunas funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El proyecto suprime duplicidad de funciones en áreas administrativas del INE y reduce de 300 oficinas distritales a 264. También por primera vez se reconoce que los migrantes mexicanos o los residentes mexicanos que se encuentran en el extranjero van a poder votar por internet, y por primera vez se prohíbe que se haga uso de instrumentos como los monederos electrónicos o las tarjetas de prepago, que servían para coaccionar y para comprar el voto en la jornada electoral.
Otra disposición es que los partidos estarán obligados a garantizar candidaturas a grupos diversos, como jóvenes, indígenas, afromexicanos, migrantes, personas LGBT y personas con discapacidad. Esta nueva propuesta incluía una cláusula de "vida eterna", que señalaba que los partidos grandes podían traspasar parte de sus votos a los partidos chicos que tuvieran en su coalición para que conservaran el registro como partido político. Sin embargo, dicha cláusula fue excluida del dictamen por considerar que los votos no deben convertirse en "mercancía política".
Al presentar el documento "Dichos vs hechos del Plan B de la Reforma Electoral", la representación de Morena ante el INE sostuvo que con este cambio el organismo "no se desmantela" y, por tanto, no se pone en riesgo la operación de los comicios. El partido acusó que desde el enero pasado, el INE paga con dinero público la campaña 'Mi voto no se toca', lo que "ratifica el servilismo y arrodillamiento del Instituto ante los intereses de grandes empresarios hoy autoproclamados activistas".
El partido de izquierda remarcó que con la reforma "no se despide a ningún trabajador" y que el documento, que expone "14 mentiras", busca "exponer y desmentir los principales dichos y mentiras de la reacción conservadora sobre la reforma y por otro lado consignar el lado B de la reforma electoral, es decir, de lo que poco o nada dicen los medios de comunicación convencionales".
Protesta opositora
La oposición ya convocó a una manifestación en Ciudad de México y otras localidades el próximo domingo para protestar contra esta reforma electoral bajo el lema #MiVotoNoSeToca. El pasado 13 de noviembre, cuando se discutía la propuesta de reforma constitucional, se realizó una multitudinaria protesta opositora en Ciudad de México.
López Obrador, cuya popularidad ronda el 60 por ciento y carece de posibilidades legales para presentarse a la reelección, respondió con otra marcha el 27 de noviembre, con sus simpatizantes colmando las calles del centro de la capital.
