El diputado provincial Gustavo Orozco, sobre el que pesan acusaciones penales por hechos de violencia de género y violencia policial, sumó el pasado 1 de marzo una nueva acusación formal, realizada por una abogada tras incidentes suscitados durante la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Rosario de la Frontera, en el sur de la provincia de Salta. 

La abogada Vanesa Chaud, delegada del Pami en Rosario de la Frontera, acusó a Orozco de sujetarla del brazo y empujarla haciéndole perder el equilibrio, aunque no se cayó porque fue sostenida por dos personas que estaban con ella. Un médico certificó que la denunciante sufrió una contusión en uno de sus brazos. Confirmando su machismo, el legislador posteó en sus redes sociales un video con un mensaje violento contra las mujeres en general e insulta a Chaud y a las integrantes del área municipal de género. Chaud fue directora de Género y Diversidad.

Por otro lado, la también abogada Renata Porcari, asesora de la Dirección de Género y Diversidad de la Municipalidad rosarina, denunció al comunicador Oscar Ramírez por desobediencia judicial, debido a que incumplió una orden de restricción de acercamiento a Porcari que le impuso la justicia en el marco de una causa en la que se lo investiga por hostigamiento y violencia en perjuicio de la letrada.

Los hechos sucedieron el pasado 1 de marzo durante la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante rosarino, en la que el intentende Gustavo Solis presentó el informe anual ante los nueve concejales que conforman el poder legislativo municipal.

Según contó la directora de Género del municipio de Rosario de la Frontera, Mónica Saravia, en esas circunstancias "sucedieron diferentes episodios de violencia". La funcionaria relató que ella, Porcari, y otras funcionarios y funcionarias, ingresaron al recinto legislativo alrededor de las 18.50, momento en el que no vieron a Ramírez, a quien Porcari denunció por violencia contra otra mujer y contra ella misma.

Cuando el intendente Solis comenzó a brindar su informe, Ramírez ingresó al recinto, por lo que llamaron al sistema de emergencias 911 advirtiendo de la situación. En respuesta, dos bicipolicías hablaron con el periodista pero no se retiró, sino que siguió filmando e incluso giró y filmó a Saravia, Chaud y Porcari.

Saravia intentó nuevamente que la policía interviniera pero la concejala Valeria Orozco (hermana del diputado Orozco) dijo a viva voz que Ramírez debía quedarse aduciendo que de otra manera se estaba cercenando la libertad de expresión. Saravia relato, en declaraciones a Radio Nacional, que los policías le dijeron que la concejala autorizaba la presencia del periodista en el recinto y con esta excusa no tuvieron en cuenta la orden de restricción que Porcari les exhibió. 

Como Saravia insistió, llegó un oficial de apellido Castillo, quien consiguió que Ramírez se retirara. Pero entonces intervino Gustavo Orozco, quien afirmó que el comunicador estaba con él y que debía permanecer en el recinto. Según consta en la denuncia que hizo Chaud, cuando Orozco y Ramírez regresaban al recinto, ella recordó que el comunicador no podía ingresar por la orden judicial de restricción perimetral a Porcari. Entonces Orozco la tomó del brazo y la empujó y ambos entraron a la sede del Concejo. Saravia dijo que no vió este "hecho este de violencia afuera", pero escuchó los gritos y cuando salieron "ya estaba la doctora Chaud en crisis de nervios". La situación era tal que Chaud y Porcari terminaron retirándose de la sesión. 

Saravia contó que después volvió a consultar a los policías sobre la razón por la que no habían sacado a Ramírez del recinto legislativo, y le respondieron que no sabían quién había ingresado primero. "Se violaron todas las leyes que rigen en la materia, porque se tiene que retirar el agresor", aseguró. 

La directora de Género puso de resalto las expresiones machistas y discriminatorias del ex policía y diputado provincial. "Siempre esta vieja práctica de tratarnos de mentirosas, de (hacer) denuncias falsas", lamentó.  Subrayó que las lesiones que sufrió Chaud "están constatadas por el médico" de guardia del hospital público de Rosario de la Frontera. "No es un invento ni muchos menos". 

Asimismo, señaló que el legislador "está difundiendo videos del momento inmediatamente posterior a que él la empuja", de manera en que ese registro no se ve el hecho de violencia contra Chaud, que sí vieron otras personas. 

Gustavo Orozco tiene un historial de denuncias por hechos de violencia. De su pasado como policía, está procesado por torturas, privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales, vejaciones, amenazas y coacción. Y también tiene denuncias de su ex pareja, por hechos de violencia. 

A finales de febrero último el Ministerio Público Fiscal informó que una de las causas por violencia institucional, en la que Orozco está imputado junto a otros once policías, fue elevada a juicio. 

En junio de 2022 el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, había solicitado la elevación a juicio de la causa que se sigue contra Gustavo Orlando Orozco, Víctor Hugo Orellana, Diego Leopoldo Arias, Rubén Darío Medina, Nelson David Rojas, Andrés Fernando Suárez, Javier Sebastián Reynoso, Víctor Alejandro Luna, María Laura Soria, Andrea Alejandra Díaz, Darío Ezequiel Pérez y Denis Arnaldo Coronel por imposición de torturas (5 hechos), privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia (dos hechos), apremios ilegales agravados (dos hechos) y vejaciones calificadas por el uso de violencia, agravados por el uso de arma de fuego. Tras la elevación a juicio dispuesta por la jueza Claudia Puertas, debe designarse el Tribunal de Juicio que llevará adelante el proceso. 

Por otro lado, en noviembre del año pasado, la Corte de Justicia de Salta denegó un recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de Orozco y siete policías y habilitó a que prosiga el trámite de un juicio por torturas, que debe realizarse en Joaquín V. González. En esta causa el diputado está acusado por siete hechos de torturas, apremios, vejaciones y coacción cometidos entre 2014 y 2015, cuando cumplía era jefe de la Brigada de Investigaciones en Rosario de la Frontera.