Durante la visita que el presidente Alberto Fernández realizó al departamento La Poma, el gobernador Gustavo Sáenz llevó su reclamo sobre los costes y la distribución de los servicios básicos y pidió una tarifa plana para todo el país en la electricidad, el gas y el transporte.
Ya en su mensaje en la apertura de sesiones extraordinarias de la Legislatura salteña había planteado esta idea. Lo hizo mientras los municipios de Orán, Embarcación y Tartagal llevan semanas con medidas de fuerza por mejoras en los servicios y para que se pongan en práctica alternativas para su prestación, como la estatización de la provisión o que sean gestionados por cooperativas.
En el último tramo de su discurso en La Poma el gobernador expresó que es el momento de que los gobiernos, tanto nacional como provinciales, discutan una tarifa plana para todos los habitantes del país. Sáenz pidió que "todos paguemos lo mismo de electricidad, de gas y en el boleto de colectivo. Eso es igualdad porque somos todos argentinos".
Momentos antes había considerado "inaceptable" que en localidades como Orán y Tartagal la población tenga que pagar más caro esos mismos servicios. Y. como lo viene repitiendo, Saénz dijo que existen dos Argentina: "la del centro llena de privilegios y subsidios y otra llena de necesidades e injusticias: el norte profundo de la patria”.
En el norte salteño vecinos y vecinas vienen manifestando su descontento con las prestadoras de los servicios públicos, principalmente con Edesa, que se encarga de la distribución de energía eléctrica, y Aguas del Norte, que hace lo propio con el agua potable.
En el caso de la energía eléctrica, los reclamos se incrementaron después de que se aplicaran excesivas subas en las facturas de la luz que en algunos casos llegaron a duplicarse y triplicarse. Tras los reclamos en enero, el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia de Salta (Enresp) dijo que los incrementos se debían a dos razones: por un lado adujo que los y las usuarias se excedieron en el tope de consumo establecido en la nueva segmentación tarifaria dipuesta por la Nación y por el otro afirmó que "está impactando la segmentación" a usuarios que están dentro del nivel 3 de segmentación tarifaria, es decir, quienes tienen ingresos de entre 145 mil y 510 mil pesos, que pagan una tarifa con el precio de abastecimiento de energía sin ningún subsidio.
El presidente del Enresp, Carlos Saravia, también explicó en ese momento que la facturación de la energía se divide en dos partes. Una que corresponde al pago del abastecimiento de energía que hace la Nación y que representa el 40% del monto de la factura. El porcentaje restante le corresponde a la empresa que se encarga de la distribución, en el caso de Salta, Edesa. Por ello, insistió en que el aumento "tiene la incidencia exclusiva de Nación" y "no hay ningún incremento en relación a lo que dispone el Ente". Sin embargo, e aclaró: "De todas maneras, no descartamos ninguna hipótesis porque siempre creemos que los reclamos tienen algún sustento".
Lejos de apaciguar los reclamos, las declaraciones de Saravia no cayeron de la mejor manera y se acusó al Ente Regulador de avalar el servicio deficitario de Edesa, puntualmente en los departamentos de Orán y San Martín. Desde allí se reclamó que la infraestructura es deficiente y que es escaso el personal técnico para atender los problemas que emergen cotidianamente, que se agravan con temperaturas que llegan a superar los 40°.
Déficit de conexiones formales
De acuerdo al Monitor de la Economía Popular. Radiografía de Barrios Populares, informe que llevó adelante el Instituto de Investigaciones Econonómicas de la Universidad Nacional de Salta, hasta mayo de 2022 la cobertura de la energía eléctrica en 233 barrios populares de la provincia evidenciaba que de las 27.320 familias que tienen acceso a la red eléctrica solamente el 61% posee una conexión formal, en tanto que el 39% restante accede de manera irregular. Por otra parte, si bien el porcentaje de familias sin acceso a una red eléctrica es bajo, 46 familias que actualmente habitan en algunos barrios no poseen acceso a una red de energía eléctrica.
En el norte, ante lo que consideran una falta de respuesta concreta a sus reclamos, se empezaron a realizar asambleas de vecinos y vecinas autoconvocados. En el caso de Orán, desde enero se optó por desarrollar un acampe en las puertas de la oficina que Edesa tiene en la localidad, y también se impulsó el pedido de estatizar el servicio, ya que la empresa es responsable de su distribución desde 1996. "Queremos que se rescinda el contrato y que Edesa se vaya”, expresó uno de los referentes de la asamblea oranense, Rubén Tolay. "El dueño de la energía tiene que ser la provincia, es decir nosotros. Incluso debemos pedir una comisión de usuarios que audite”, dijo.
Para ese momento, el gobierno de Salta decidió crear la "Bonificación de tarifa para zonas cálidas" para los usuarios que residen en los departamentos de Orán, San Martín, Anta y Rivadavia. La disposición fue mediante el decreto provincial N° 50 firmado por el gobernador. Pero la medida se hizo efectiva recién a mediados de febrero, cuando se estableció la reducción del 30% del total facturado durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero de cada año, para usuarias y usuarios "de todas las categorías residenciales" de los departamentos Anta, Orán, Rivadavia, San Martín, General Güemes y los municipios de La Candelaria, El Potrero y El Galpón.
Debido a que la disposición era hasta febrero, la semana pasada Saénz instruyó al Ente Regulador para ampliar por 5 meses más la tarifa diferencial, incluyendo al mes de marzo. Este anuncio se dio el 1° de marzo, durante la apertura de sesiones de la Legislatura de Salta. Allí consideró que los reclamos son justos porque “hubo un combo de mal servicio de la empresa y una tarifa cara. El gobierno debía hacerse eco por esta injusticia”, y “ahora son para siempre zonas cálidas”.
Si el servicio no funciona, que se cambie
Desde Embarcación cuestionaron que el mandatario provincia no haya realizado una consulta previa a los asambleistas, como estaba pactado. Además, destacaron que se dictaminó sólo un descuento del 30% a usuarios de menores ingresos, un 50% de descuento a aquellos con planes de tarifas sociales, y ningún descuento para el comercio, las pymes y la industria. En otras palabras, afirmaron los usuarios, "absolutamente nada respecto al petitorio planteado por los Autoconvocados".
Para los usuarios de Embarcación, se demostró una "clara connivencia del Gobierno con la empresa EDESA SA y el Ente Regulador de Salta, por los favores económicos y políticos que intercambian mutuamente", despreciando "un reclamo justo del pueblo ya cansado y mil veces trasquilados con despiadados aumentos tarifarios".
En un Manifiesto de los Vecinos Autoconvocados de Embarcación se elevaron dos pedidos puntuales al gobierno de Salta: la puesta en marcha de una tarifa plana, en la que el valor de los kilowats por hora "sea único para toda la provincia de Salta e igualitario o menor a provincias como Buenos Aires o Córdoba, que tienen una tarifa sensiblemente más baja". A diferencia de la solicitud de Sáenz, los vecinos y vecinas de Embarcación pidieron que la tarifa incluso sea más baja a las de otras jurisdicciones por la condición socio económica de un gran porcentaje de las familias del norte salteño que posiciona a la provincia como una de las más pobres del país.
"¡Federalismo en serio! Tarifa única para todos los sectores sociales y todos los sectores productivos", insistieron. En esa misma línea, pidieron la derogación del contrato de concesión que la provincia tiene con la empresa Edesa SA.
En diálogo con Salta/12 el referente Santiago Morillo dijo que además se están asesorando para poder realizar una denuncia federal contra las autoridades de la administración pública que no cumplieron con sus funciones para garantizar el acceso a los servicios básicos. "No somos escuchados por el gobierno de Salta y sabemos que esto es transversal a la política porque queremos soluciones genuinas al tema energético", sostuvo Morillo.
En ese sentido, cuestionó el desempeño de laprestadora y dijo que desde que monopolizó el servicio, en 1996, ha dado diversas manifestaciones de ineficiencia y discriminación ante algunos usuarios, refiriéndose a quienes viven en barrios populares o comunidades originarias. Por ello, apuntó contra el gobernador y dijo que las medidas paliativas que se están dando van en línea con el tiempo electoral de la provincia, puesto que los usuarios del norte vienen reclamando desde hace años, intentando que se comprenda que, de darse una tarifa diferencial o plana, debe ser anual, puesto que hay altas emperaturas al menos en 11 de los 12 meses del año.
Es por ello que el grupo autoconvocado de Embarcación propone que se adopten medidas alternativas para la prestación de servicio de energía eléctrica. Proponen que se regionalice la distribución del servicio y se pongan en marcha cooperativas conformadas por vecinos de cada localidad para que "se pase a la esfera social y cada pueblo pueda tener su empresa".
