La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible un recurso presentado por la defensa de los policías condenados a prisión perpetua en Río Negro en 2018, por el homicidio del trabajador rural tartagalense Daniel Solano, cuyo cuerpo sigue desaparecido desde el 5 de noviembre de 2011. Los efectivos fueron detenidos el martes 21 de marzo. La decisión del máximo tribunal se tomó con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti,

"La Corte señaló que el recurso de queja que presentaron los abogados de los policías es inadmisible. Ellos fueron condenados en 2018 por la Cámara Segunda del Crimen de Roca", explicó a Salta/12 el abogado Leandro Aparicio, querellante en la causa junto a Sergio Heredia, abogado que reside en Tartagal. 

Después de la condena, los efectivos presentaron un recurso extraordinario federal que les fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que confirmó la condena. Por ello recurrieron en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Solano era miembro de la comunidad guaraní Misión Cherenta de Tartagal, en el norte de la provincia de Salta. Contratado por la empresa Agrocosecha, migró a Río Negro para trabajar en la firma Expofrut, del grupo belga Univeg, exportadora de manzanas y peras en una zona conocida como Valle Medio en Choele Choel.

El joven fue detenido y desaparecido en la madrugada del 5 de noviembre de 2011, luego de un episodio de violencia policial del que fue víctima en la vereda del local bailable Macuba. Antes, había realizado un reclamo salarial a la empresa para la que trabajaba.

Los efectivos condenados fueron señalados por una veintena de testigos como los últimos con quienes fue visto Solano. Sandro Berthe, Pablo Bender y Juan Barrera están condenados como coautores de los delitos de “homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad, en concurso real con vejaciones”.

También Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel y Diego Cuello fueron condenados por “homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Mientras que Héctor Martínez fue condenado por “homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembro de una fuerza de seguridad”. 

El martes por la tarde, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer el rechazo al último recurso de seis de los condenados, solo uno de ellos no realizó dicha presentación. Con esa resolución, las sentencias condenatorias impuestas en Río Negro quedaron firmes.

El juez Oscar Gatti ordenó las detenciones de los siete policías, las cuales se concretaron en la noche, en la articulación con el Ministerio de Seguridad.

Según informó la dirección de Comunicación Judicial de Río Negro, tres de los condenados estaban en la localidad de Choele Choel, uno en Pomona, otro en Chimpay, uno en El Bolsón y el último en Viedma.

Todos habían agotado el plazo máximo de prisión preventiva, por lo que habían sido dejados en libertad hasta que se expidiera la Corte, lo que finalmente ocurrió este martes.

Otros policías involucrados 

"Vamos contra otros cuatro policías, donde la causa quedó suspendida esperando el procedimiento de la Corte”, dijo el abogado Aparicio, en diálogo con FM Raíces de Viedma y la Agencia Digital de Noticias de Río Negro.

Aparicio pretende que se impute al policía Tomas Vega. Indicó que "hay más pruebas en su contra que contra los siete condenados”. Refirió que siempre pidió que se investigara a este efectivo pero los fiscales no lo hicieron. 

"Vega estaba en el boliche, cuando desapareció Solano, junto a Albarrán, Cuello y Cárcamo”, sostuvo el letrado, además explicó que este policía era quien comandaba la investigación por la desaparición del trabajador rural.

Además, el letrado dijo que espera que se investigue a los policías "Chazarreta e Irusta", el último fue “a limpiar el departamento del policía Lucas Muñoz, cuando lo matan en Bariloche”.

El abogado consideró que en la Justicia se trabajaba para que la causa no avanzara. Las autoridades judiciales tampoco avanzaron hasta la fecha para encontrar las responsabilidades civiles y empresariales de la desaparición forzada y la muerte de Solano.