Alrededor de las siete de la tarde se libraron las órdenes de detención, luego de certificar los fallos publicados en la página de la Corte. Fueron firmadas por el juez Oscar Gatti y se coordinó con el Ministerio de Seguridad la detención simultánea de los condenados. Para la medianoche ya estaban los siete imputados detenidos, con evaluación de los lugares de detención definitiva. Tres de los condenados estaban en la localidad de Choele Choel, uno en Pomona, otro en Chimpay, uno en El Bolsón y el último en Viedma. La condena inicial la dictó, luego del juicio, la Cámara Criminal Segunda de Roca el 1 de agosto de 2018. Luego, el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia y rechazó el recurso extraordinario federal.
Los imputados Berthe, Bender y Barrera están condenados como coautores de los delitos de “homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad, en concurso real con vejaciones”; Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel y Diego Cuello están condenados por “homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, y Héctor Martínez está condenado por “homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembro de una fuerza de seguridad”. Para todos la condena fue de prisión e inhabilitación perpetuas.
El joven trabajador golondrina fue víctima de una embrollada trama de corrupción y abusos, al punto que su caso generó otras 25 causas judiciales. Los abogados Sergio Heredia y Leandro Aparicio fueron perseguidos, y terminaron armando una oficina con una larga mesa de expedientes en la parroquia del cura Christian Bonin. "Hay muchos casos en estas tierras de crímenes e impunidad", afirmó el religioso en un documental, y también cuestionó el rol del sindicato de los peones rurales.
¿Donde está Daniel Solano?
Miembro de la comunidad guaraní Misión Cherenta, de la provincia de Salta, Daniel tenía 26 años cuando desapareció, el 5 de noviembre de 2011. Fue visto por última vez rodeado de policías, en la puerta de un boliche. Era la tercera vez que se iba a trabajar para la cosecha de manzana en el Valle Medio de Río Negro, con otros integrantes de esa comunidad, pero esta vez no quería ir. Le había contado a su papá Gualberto que no tenían agua para bañarse, y la plata que les daban no le alcanzaba para comprar comida. Era el único hijo varón y tenía cinco hermanas. Siempre enviaba lo que ahorraba para comprarles regalos a ellas y a su novia.
A Gualberto le dijeron que su hijo había viajado a Neuquén y luego se esfumó. Él continuó preguntando y le siguieron mintiendo, le insinuaron que podía haberse ido con una mujer, que había caído en el consumo de drogas. Su terca perseverancia y la de sus abogados llevó a la detención de siete policías por su desaparición y asesinato, porque lograron probar que estuvo en la comisaría 8ª de Choele Choel. El padre de Daniel pedía justicia y la restitución del cuerpo. Desconfiaba de la versión compartida entre el fiscal Miguel Flores, la jueza Marisa Bosco y los abogados de la empresa que lo había contratado como trabajador golondrina, Agrocosecha.
El 4 de noviembre de 2011 Daniel había cobrado sus haberes en la localidad de Lamarque y se dirigió a Choele Choel con dos compañeros para ir al local bailable Macuba Disco. Ya en su interior, en la madrugada del 5, aproximadamente a las 3:30, fue sacado violentamente del lugar por personal policial. Una vez afuera, permaneció bajo custodia policial hasta la llegada de un patrullero Ecosport de la Unidad 8° de Choele Choel, que había sido requerido para "trasladar a un contraventor". Luego lo llevaron a la vuelta de local, sobre la calle Villegas, donde fue brutalmente agredido hasta que lo metieron en el patrullero. Esa fue la última vez en que se lo vio con vida.
El abogado Heredia explicó que "no había motivos para que se fuera por su cuenta, dejó sus bolsos y sus documentos en la gamela [casilla] donde dormía. Cuando empezamos a indagar supimos que el día de la desaparición él y sus compañeros había cobrado 800 pesos, como para calmar un descontento general, porque les iban a pagar la mitad de lo prometido y ya venían planteando una huelga. Existen conexiones entre Agrocosecha, la jueza, el fiscal y la policía como para pensar que fue asesinado por este reclamo y luego actuó toda una red de encubrimiento". Los principales encubridores, comentó Heredia, fueron los dos capataces y reclutadores, empleados de Agrocosecha.
El abogado profundizó y denunció que para el encubrimiento hizo falta plantar varios testigos falsos. "Algunos se quebraron y admitieron que fueron presionados, nosotros igual aportamos casi 200 testimonios, de identidad reservada y debieron irse a vivir a otra parte por seguridad", dijo Leandro Aparicio, el otro abogado del caso. Algunos de esos testimonios indicaban que Solano y los demás eran vigilados y amedrentados por agentes de la Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto (BORA), ya disuelta. Pedro Cabañas Cubas, vinculado al caso Solano, fue encontrado muerto en una isla en Conesa. Héctor Villagrán, jujeño que tenía que volver con el colectivo junto a Daniel en diciembre de 2011, no apareció nunca más. Antes de morir, el 3 de abril de 2018, Gualberto exigió excavaciones en el jagüel del campo La Manuela y otros operativos, pero el cuerpo de Daniel tampoco apareció.
