Un progenitor de 59 años, de la ciudad de Orán, fue imputado esta semana por la fiscala Daniela Murúa, acusado por abandono de persona luego de que la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia de la provincia constatara condiciones de negligencia en el cuidado de sus dos hijos de 6 y 8 años y una hija de 12, quienes se encuentran ahora en el Pequeño Hogar de esa ciudad. 

El subsecretario de Niñez y Familia, Cristián López, informó que hay dos hermanos maternos adultos a quienes evalúan para determinar si están en condiciones de hacerse cargo de lxs niñxs. Además, indicó que de enero a la fecha, ya tienen 1800 expedientes por situaciones de vulnerabilidad de infancias y adolescencias.

El Ministerio Público Fiscal informó que el progenitor se opuso a la intervención policial por lo que además permanece detenido e imputado por resistencia a la autoridad. 

López informó a Salta/12 que intervinieron luego de que les corrieran traslado desde un juzgado de familia. "Nos advierten que había una posible situación de vulnerabilidad", explicó. Indicó que enviaron equipos técnicos a la casa familiar, y constataron que había negligencias de cuidado. Ante la consulta, dijo que hasta ahora lxs chicxs no expresaron haber vivido situaciones de violencia física o psicológica.  

"No estaban en buenas condiciones de salud. No han resultado hasta ahora situaciones de violencia, sí de cuidados negligentes: inadecuados cuidados de salud, falta de escolaridad de los dos niños, falta de DNI", explicó López. Indicó que solo la niña de 12 años estaba escolarizada y tenía documentación. 

La fiscala Daniela Murúa imputó de forma provisional al hombre como autor de los delitos de abandono de persona y resistencia a la autoridad.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, a partir de informes preliminares y el relato de vecinos, se consideró que el hombre estaba poniendo en riesgo la vida de sus hijos e hija. La madre de lxs niñxs falleció, y el padre era el único que se encontraba a cargo de ellxs. El organismo indicó que lxs chicxs se encontraban "faltos de aseo, sin las prendas de vestir necesarias o en condiciones".

López dijo que el padre no proporcionó los documentos de los niños y se resistía a mostrar las condiciones en las que estaban. Por ello, se efectuó un allanamiento con la policía. 

Los dos niños y la niña fueron trasladadxs al Pequeño Hogar de Orán. López precisó que tienen 90 días para trabajar con referentes familiares o afectivos que puedan hacerse cargo de los cuidados. Ese tiempo se puede prorrogar en 90 días o más, en caso de que sea necesario. 

Por ahora, el funcionario dijo que desde la delegación de la Secretaría en Orán, ubicaron a dos hermanos maternos de lxs niñxs que tienen 24 y 28 años, quienes expresaron voluntad para ejercer los cuidados y están analizando si se encuentran en condiciones. También dijo que les pidieron a ellos que busquen en la casa del progenitor de lxs niñxs si encuentran documentos, debido a que no los proporcionó.

"Estamos empezando a abordar la situación de los hermanos, para trabajar en el egreso", sostuvo el subsecretario. Dijo que deben ser evaluados por profesionales de psicología y trabajo social. 

"Cuando intervenimos, cuando tomamos conocimiento de una situación de vulnerabilidad, primero buscamos sostenerlos en un grupo primario, por ahí no están las condiciones pero pueden estar con familiares extensos. En una situación de extrema vulnerabilidad entran a un hogar", precisó. 

Explicó asimismo que al ingresar lxs niñxs o adolescentes a los dispositivos, se abre un proceso judicial, y se notifica a lxs progenitores para que puedan intervenir, a veces lo hacen y otras no. En este caso particular al encontrarse detenido e imputado el progenitor, no podrán trabajar con él y deben esperar a ver cómo se resuelve el proceso penal, mientras tanto trabajarán con los hermanos mayores de los dos niños y la niña. 

Si en 180 días no hay familiares o referentes afectivos que puedan asumir los cuidados, se emite "dictamen de adoptabilidad" e interviene un juzgado de familia. López aclaró que en el proceso, se debe escuchar a lxs niñxs o adolescentes, que desde los 10 años de edad pueden expresar voluntad ante un juez o jueza, y consentir o no su adoptabilidad. E igual antes pueden ser escuchadxs aunque "no se les exige un consentimiento expreso". "Un juez escucha (...) el equipo técnico(de la Secretaría) también va evaluando", explicó.

"Si el niño no quiere ser adoptado, sigue en el hogar", añadió. En ese caso, pueden permanecer institucionalizadxs hasta los 18 años.

Desde enero hay 1800 expedientes  

Por otro lado, López dijo a Salta/12 que desde enero hasta la fecha, ingresaron 1800 casos de situaciones de vulnerabilidad a infancias y adolescencias, y por cada una se abrió un expediente.

"Tenemos situaciones de todo tipo: cuidados negligentes, vulneraciones, posibles abusos sexuales, violencia", detalló.

Detalló que la Secretaría de Niñez y Familia tiene un número de emergencia que funciona los 365 días del año y las 24 horas, y lo tiene a disposición la policía para informar las situaciones de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes. Indicó que por esa vía reciben mayor cantidad de casos, pero la tasa de ingreso a hogares fue baja el año pasado, "de 3.5%" respecto a la cantidad de llamados. "Nuestro objetivo primario es evitar el ingreso a un hogar cuando estén las condiciones", explicó. 

"También tenemos la línea 102, erróneamente la gente cree que es un canal de denuncia, pero es de escucha y atención para niños, niñas y adolescentes", indicó. Allí atienden psicólogxs y también es un servicio que funciona los 7 días de la semana y las 24 horas.

Además de la sede en Capital, Niñez y Familia tiene cuatro delegaciones, en Orán, Tartagal, Metán y Rosario de la Frontera, cada una con sus equipos técnicos, añadió López.