Los amigos, familiares y organizaciones feministas no se olvidan de Florencia Magalí Morales, y por eso marcharon pidiendo por el esclarecimiento del homicidio de la joven madre que murió en la comisaría puntana de Santa Rosa del Conlara. Sin embargo, la justicia parece buscar que el olvido se lleve puesta a la verdad sobre el asesinato de esta mujer mendocina porque no aparece en el horizonte la fecha para el juicio oral y público. "Queremos justicia no sólo por mi hermana sino por los nenes de ella, por mis viejos que están grandes y necesitan cerrar el ciclo. No estamos solas. Vamos a seguir pidiendo justicia. Muchas cosas se ocultan. Nadie se suicida en una comisaría”, dijo Celeste Morales en conferencia de prensa. "Es una tortura, es un día menos de vida. Queremos que se haga justicia nada más, no pedimos otra cosa y que sus hijos sepan que no se mató, la mató la policía", agregó Nora Morales, la otra hermana de Florencia.
Ambas estuvieron acompañadas por sus abogados, Santiago Calderón Salomón y Federico Putelli, y representantes de organizaciones feministas y sociales. La marcha circuló por distintas calles de Santa Rosa y terminó en la puerta de la comisaría, donde Morales falleció por asfixia mecánica el domingo 5 de abril de 2020, cuando regía en todo el país el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por la pandemia de Coronavirus. Sofía Tulco, una activista feminista que acompaña a la familia desde el inicio, aseguró que “el trabajo sigue por la fuerza de las hermanas".
Por su parte, el abogado Calderón Salomón dijo que sabían que sería un caso complejo, porque "las causas donde hay violencia institucional siempre son difíciles, la mayoría termina en archivo". También puso énfasis en las irregularidades, la autopsia oficial y las múltiples trabas en la investigación del juez Jorge Pinto. "Los peritos lo manifiestan. Esto lo revertimos en la Cámara, de mínima hablamos de tortura seguida de muerte, un delito muy diferente del que se aplicaba”, expresó.
De hecho, la única novedad en el expediente judicial es que la Cámara de Apelaciones de Villa Mercedes cambió la calificación de los hechos. En principio se investigaban delitos como "vejaciones, lesiones y mal desempeño de funcionarios públicos"; ahora el expediente se tramita por el delito de "torturas agravadas por el resultado muerte", y todos los imputados están procesados como coautores. Ellos son el comisario Reinaldo Clavero, el subcomisario Marcos Ontiveros, la suboficial Eugenia Arguello y la agente Victoria Torres. Además, la Cámara de Apelaciones ordenó que se abra una compulsa para que se investigue al médico forense de la 3ra circunscripción judicial de San Luis, Gustavo Lafourcade, quien llevó adelante una autopsia con la que concluyó que se había tratado de un suicidio, puesta en duda por la querella.
En tanto, en noviembre del año pasado los cuatro sospechosos fueron expulsados de la fuerza por el Gobierno de San Luis que consideró que debían ser cesanteados por cometer "faltas disciplinarias gravísimas", en relación al caso de la joven mendocina. Sus defensores presentaron nulidades y pedidos de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia, y recién cuando sean resueltas en esa instancia el expediente volverá al juzgado multifuero de Santa Rosa, a cargo del juez Jorge Osvaldo Pinto. Ante la nueva carátula, el abogado de la familia Morales estará en condiciones de volver a pedir la prisión preventiva de los imputados.
Los cuatro ex policías se encuentran en libertad, luego de haber sido procesados e indagados el juez Pinto ordenó la excarcelación, previo pago de una fianza, por lo que hasta ahora en estos tres años nunca estuvieron presos. Cuando llegue la instancia oral habrá que debatir si en el caso ahora calificado como "tortura seguida de muerte" hubo un estrangulamiento o bien se produjo un suicidio inducido o un femicidio. Paradójicamente, el juez le había iniciado un sumario a Florencia Magalí por incumplir la cuarentena obligatoria, resistencia a la autoridad y lesiones contra la autoridad.
De Las Heras a Santa Rosa
Florencia Magalí Morales había nacido en Las Heras, Mendoza, y vivía en Santa Rosa de Conlara --a 50 kilómetros de Merlo, en San Luis--, con sus hijos de 11 y 7 años, y con su nieta de 2. Era empleada de un hotel, madre y abuela sola. El 5 de abril de 2020 había salido en el momento más estricto del ASPO. Terminó encerrada en una celda, presuntamente por haber violado la cuarentena. Esa tarde la encontraron ahorcada con el cordón de una prenda, luego de haber pasado horas pidiendo auxilio.
La versión policial indicó que la mujer se había quitado la vida en la celda, pero la segunda autopsia derribó esa hipótesis. Ese segundo análisis del cadáver de Morales realizado por la médica forense Virginia Creimer reveló la "existencia de lesiones premortem" y que "llamativamente" desaparecieron algunos órganos del cadáver. Tampoco fue cierto que la detuvieron cuando iba en bicicleta a contramano, lo cual fue desmentido por las imágenes de las cámaras de seguridad. En las primeras versiones los policías mencionaron que había violado el ASPO dado que la terminación de su documento de identidad no le permitía circular ese día. Sin embargo, también está probado que ingresó por su voluntad a la comisaría porque fue a ver a un conocido.
