No cabe duda que nuestro país, particularmente en algunas zonas como la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Rosario, entre otras, vive una crisis de inseguridad no sólo producto de grandes organizaciones criminales sino también como resultado del caos de violencia que produce la enorme desigualdad social.
Más allá de la mezquindad, desconocimiento y falta de objetividad con la cual los medios de comunicación (sobre todo los que representan grupos económicos cuyo crecimiento desproporcionado depende del nivel de descompromiso social de quien gobierne) tratan la temática de la inseguridad de todas y todos, se debe volver a insistir con la complejidad del tema y con la necesidad de evitar los parches producto de las reacciones de emergencia. Una verdadera política pública debe ser permanente, profunda y pensada más allá de la emergencia.
La respuestas más permanentes, las más eficientes, las más cargadas de sentido institucional se vinculan con la decisión de incorporar instancias u organismos que hoy de modo increíble casi no tienen ningún protagonismo y me refiero concretamente al Ministerio Público Fiscal, al organismo que agrupa a la totalidad de quienes ejercen desde el Estado la acción penal: los fiscales.
La comunidad debe reclamar la aparición (hasta ahora fantasmal) del ministerio público. Pero debe tratarse de una aparición distinta a la usual.
La comunidad quiere ver a los fiscales de cerca, quiere verlos en primer lugar donde viven los ciudadanos, en los barrios.
La sociedad pretende que los fiscales controlen también la actividad policial.
Todos los argentinos y argentinas esperamos que las cabezas institucionales de los Ministerios Públicos, en base a la enorme cantidad de información que surge de la investigación de todos los delitos que pueden afectar a la inseguridad ciudadana formulen un plan de política criminal destinado no sólo al éxito de las investigaciones procesales de esos delitos, sino también que brinde las bases para un mapa de la criminalidad preciso, actualizado, profundamente operativo y particularmente que no deje en manos de la actividad policial la formulación de la política criminal del Estado.
La seguridad de todas y todos depende claramente de la función de los fiscales.
La instancia policial representa la primera línea del contacto comunitario y tiene un despliegue territorial inigualable, pero cuando ejerce su función, en ese momento y en ese lugar, no sólo tiene el monopolio del ejercicio de la fuerza sino que no posee ningún control sobre su actuación.
Mientras tanto los fiscales tienen sus despachos bastante lejos de donde habita la comunidad y mucho más lejos de los barrios de quienes viven en estado de vulnerabilidad y pobreza.
Asimismo, mientras tanto, por ejemplo, el Procurador -interino- del Ministerio Público Nacional, el Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires y el Procurador de la Provincia de Buenos Aires, no tienen ninguna presencia. No conocemos qué acciones se están tomando para formular un plan de política criminal que lleve justicia y seguridad a los argentinos.
No se informa a las respectivas legislaturas cómo se está ejerciendo esa función esencial, no se analizan las enormes deficiencias operativas, no hay un plan para intensificar el combate a la criminalidad institucional de aquellos miembros de las agencias policiales que ya no cumplen sus funciones y han estado cooptados por las organizaciones criminales. Nada de nada.
No habrá ningún combate a la inseguridad comunitaria eficaz como política pública sin el compromiso de quienes hace décadas que no salen de sus zonas de confort: los ministerios públicos, particularmente, y justamente, los más importantes en términos de recursos económicos, humanos y administrativos (Nacional, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires).
* Doctor en Derecho (UBA). Profesor Titular de Derecho Penal (UBA)
