El robo de cables, picaportes, ornamentos funerarios y cualquier trozo de metal disponible en la calle, como uno de los rasgos del delito cotidiano en los últimos meses, inspiró un proyecto de ordenanza que ayer ingresó al Concejo y apunta a endurecer controles sobre quienes demandan esa mercancía que alienta la predación urbana: las chatarrerías. Con firma de los ediles Miguel Tessandori y Valeria Schvartz, la iniciativa apura al poder de policía del Ejecutivo que, no obstante, no evita la fuente de la compraventa ilegal. Se tratará hoy en la comisión de Gobierno, y empezará el derrotero de análisis previo a su discusión en sesiones. Impone una serie de obligaciones y controles de quienes son en la cadena los "compradores de metales no ferrosos" como el cobre y el bronce. Exige acreditar el origen de la mercadería, inmovilizarla por tres días para supervisión de autoridad competente, la identificación de vehículos que la transportan, y bancarizar operaciones que superen los 90 mil pesos, entre otras medidas.