El viernes último, unos minutos después de que el INDEC diera a conocer el 7,7 por ciento de inflación del mes de marzo, el ministro de Economía, Sergio Massa, habló con el secretario de Comercio, Matías Tombolini. Desde los Estados Unidos, donde mantuvo reuniones con el Tesoro y el Fondo Monetario, el jefe de Hacienda le pidió que salga en público a explicar por qué había habido un aumento mayor al esperado en el rubro alimentos y bebidas. Y que aclarara que los formadores de precios incumplieron los acuerdos que, más allá de ser voluntarios, fueron una apuesta política del Gobierno para tratar de establizar la inflación.
Luego, durante el fin de semana, se dispararon rumores de diferente tipo respecto a una supuesta decisión de Massa de correrlo a Tombolini del cargo, cosa que fue desmentida ante Página I12 desde ambos sectores. Lo que hizo Tombolini post aquella llamada del viernes, un mensaje grabado, cumple con el pedido del ministro en un complejo escenario de precios que, por desgracia para el bolsillo, afronta un número muy importante de tensiones para lo que queda del año.
Se conjuga esta pulseada histórica con los formadores de precios, con la decisión oficial de sostener los aumentos de precios regulados (naftas, prepagas, tarifas), con las presiones del FMI para recortar subsidios, el aviso de los ceos de que las paritarias de gremios influyentes impactarán en costos y, sobre todo, el doble filo de la sequía y el dólar agro, que también recalientan un IPC de abril que, según supo este diario, sigue con una preocupante alza en canasta básica.
El que menos exporta, menos aumenta
En las próximas horas, Tombolini detallará, vía una Resolución, cuáles son los procedimientos para las empresas y sectores que quieran entrar al dólar agro desde las economías regionales. Es que, en la necesidad de tener divisas, el Gobierno aqui tensiona también los precios de la economía porque se encarecen los productos agropecuarios. A tales fines, según supo este diario, habrá un premisa confirmada y otra que se debate.
La confirmada es que a las empresas que exporten más se les facilitarán mejores posibilidades de aumentar productos que venden en el mercado interno; mientras que a las que tengan casi toda su producción puesta en el mercado local se le permitirán menos subas. Eso se hará partiendo a la empresas desde la base de las que exportan un 30 por ciento de lo producido. Hoy, el sendero de aumentos permitidos para las firmas que están en Precios Justos es de 3,2 por ciento, y eso cambiará para las empresas que ingresen, aunque sea con un solo producto. En esos procesos intervendrán la AFIP y Comercio.
La otra idea que se debate y no está confirmada es que el sendero de aumento de precios permitido por el Gobierno se alinea con la facturación de cada compañía. Es decir, si la facturación crece un 5 por ciento, los aumentos no pueden ser mayores a eso. En pocas palabras, un tope forzado a la rentabilidad privada que podría disprara quejas variadas por diferentes situaciones: la renta no está generada sólo por lo que venden en Justos, entre otros factores.
En síntesis, el Gobierno quiere darles un dólar a 300 pesos a los que garanticen, de un modo u otro, que no trasladarán costos a las góndolas. Una pelea que, parece, está perdiendo. Tampoco tiene márgen para ajusticiar a los que se rebelan: en la semana y un día que tuvo de recorrido el dólar agro, sólo entrearon algo más de 960 millones de dólares cuando la perspectiva era que en las primeras tres semanas se llegará a cerca de 5000 millones. Como contó este diario, hay un fuerte lobby de la Mesa de Enlace para no vender, por eso Massa está obligado a hacer equilibrio con las concesiones de precios en góndola con las economías regionales y los agroexportadores.
La amenaza de las paritarias
El viernes pasado, casi al mismo momento del dato de inflación, el Sindicato de Empleados de Comercio cerró un incremento de casi 20 puntos en tres tramos para el período abril-junio. A eso se le sumó un bono de 25 mil pesos. La paritaria mercantil, con 1,2 millones de trabajadores, no solo es la más grande en volúmen de las discusiones privadas, sino que ha sido históricamente un costo que el empresariado llevó a las góndolas. El acuerdo, precisamente, es por primera vez más corto que los habituales porque los dirigentes sindicales observaron que el escenario de precios no está estable como para cerrar una paritaria semestra.
"Va a pegar en precios más adelante", avisó a este diario un ceo del retail. La semana pasada, en la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), hubo una reunión en la que además se alertó por el efecto de las paritarias sectoriales, como aceiteros, bebidas, Camioneros, etc. Estiman algunos en el Gobierno que habrá una disputa con las empresas para mantener el sendero de precios de alimentos. Algunas ya amenazaron con bajarse del programa y el resto sigue en la dinámica que disparó, en parte, el rubro en el último IPC: aumentar en los comercios barriales todo lo que el Estado no le permute recomponer en los híper. A los fines de, una vez más, intentar contener la hemorragia, habrá reuniones esta semana como empresas líderes.
Las culpas propias y del FMI
Hay líneas internas del Gobierno que insisten en que si Alimentos está tan condicionado por la sequía, los precios a moderar son los regulados, que subieron 8,3 en marzo, contra un IPC ya muy elevado de 7,7 por ciento.
Si bien es verdad que el acuerdo con el FMI obliga a replantear subsidios, ergo, subir tarifas, el Gobierno no ha cedido en los aumentos otorgados a las Medicina Prepaga, los combustibles y Colegios Privados. Estos últimos, junto a las empresas de utiles escolares, también traicionaron las pautas de aumento acordadas con el Gobierno y el rubro general reportó aumentos arriba del 20 por ciento, siendo el sector Educación el que más pegó en el IPC.
En las charlas que Masssa tuvo en Washington con la segunda de Kistalina Georgieva en el FMI, Ghita Gopinath, se habló del tema inflación y se le busca la manera de que el organismo comprenda que en año electoral no puede seguir forzando la máquina de aumentos.
