Cuando Alejandra Giménez, cacica de la comunidad originaria guaraní 40 Viviendas TGN, atendió el llamado de este medio, se escuchaban voces de niños a su alrededor. “Estoy cocinando pero igual puedo hablar”, respondió amable. Dos hallazgos la sorprendieron durante los últimos días de marzo, en medio de las tardías y copiosas precipitaciones sobre el norte salteño. “Aparecieron cuando llovió fuerte. Los chicos estaban jugando con eso”, contó. Se refería a tres artefactos pequeños, de color rojo y de unos 20 centímetros de largo que parecen un lápiz grueso con una punta cónica. Eran los explosivos que YPF utilizó para localizar yacimientos de petróleo y gas principalmente (también agua) en el subsuelo.
Se trató de una segunda fase en la historia de la exploración de hidrocarburos, que buscó con ondas explosivas (como una ecografía) reservorios a una profundidad superior a los 3000 metros. Por eso la diferencia en el tamaño de los explosivos, según explicaron a este medio, especialistas consultados en 2022: a mayor distancia de exploración, mayor el tamaño del booster y de su carga de trotil.
“¿Dónde los encontraron exactamente?”, repreguntó Salta/12. “En la zanja que hicieron de ambos lados, de la parte viniendo del centro (de Tartagal) a la derecha. Los tiempos que nosotros hacíamos cortes de ruta (por la nacional 34), mire si explotaban. ¡Nosotros ni sabíamos!”, exclamó. Giménez hacía referencia a una obra pública en las proximidades de su casa, en el sureste de la planta urbana de la ciudad de Tartagal. La posición de la comunidad habla de los orígenes de su lucha por conseguir un lugar dónde vivir en la convulsionada Tartagal de los años 90. Hoy, esas viviendas se encuentran a 500 metros del caño troncal del gasoducto, cuya operadora es Transportadora General del Norte (TGN), cuya sigla adoptó la comunidad durante sus años de lucha. Por finales de marzo, la cacica comentó públicamente que le preocupa sobremanera “la aparición de las minas” (por los explosivos) porque cerca de las viviendas de la comunidad se localiza una cámara reguladora de presión de gas que pertenece a la empresa Gasnor SA, una de las nueve firmas que distribuyen el gas domiciliario en Argentina.
Alejandra Giménez aportó otro detalle. “Allá, por la comunidad El Lucero aparecieron otros más”. Se refería a los explosivos de prospección sísmica o boosters por su denominación técnica, que fueron encontrados también por niños los mismos días de finales de marzo. En esa ocasión, fueron cuatro y quedaron expuesto al ser removidos por la pala mecánica de una empresa contratista que se encontraba realizando trabajos sobre la ruta nacional 86. La comunidad originaria El Lucero Kilómetro 4 tiene sus humildes viviendas muy cerca de la autovía, y parte de su denominación surge por la distancia que media entre su localización actual y la plaza principal de Tartagal. El canal Videotar Noticias relató el hallazgo de los explosivos que ocurrió por el 26 de marzo, cuando la Policía de la provincia trabajaba junto a bomberos a la vera de la ruta.
Un kilómetro al noreste de esa comunidad, pasa una línea de prospección sísmica 33028A. Atraviesa el trazado de la ruta 86. La línea estaría en manos de la empresa TecPetrol, del grupo Techint, que la adquirió tras la privatización de YPF, cuando la multinacional Repsol tomó el control de la petrolera estatal (1999 - 2012).
Siguiendo la misma autovía en dirección noreste se encuentra el paraje Misión Kilómetro 6. En 2016, una integrante de las comunidades locales, encontró un explosivo en su lugar de trabajo, la cocina de la escuela 4753 Asamblea de Dios. “Como el piso era de tierra, de tanto echar agua y barrer, lo erosionó y apareció el booster”, rememoró Javier Oviedo, de la Agrupación Docentes Activos (ADA). El dato real sobre la cantidad de explosivos encontrados nunca fue aclarado, porque la persona que encontró habló de uno solamente. Sin embargo, las docentes del Jardín de Infantes de esa escuela que presenciaron el momento de las detonaciones, rememoran ese día en plural.
Quién brindó su testimonio a este medio fue Andrea Tereschuk, maestra de jardín en ese establecimiento. “Una de las maestras jardineras llamó a la policía. Llegó gente de Gendarmería y del Ejército. Empezaron a buscar. No sabíamos qué. Luego nos dijeron que íbamos a sentir explosiones. Nosotras estábamos desesperadas y tratábamos de mantener la calma por los niños. Pero las explosiones eran muy fuertes y algunos niños lloraban”. Javier Oviedo brindó otros detalles en declaraciones públicas: "la gente de la comunidad dice que se detectaron y explotaron 15 boosters más, aunque oficialmente se dijo que era uno solo. Dijeron que iban a volver y no aparecieron más. Hace poco (2023) hablamos con la gente de la comunidad y dijeron que mientras cavaban para hacer un baño encontraron otro booster y lo tiraron al monte, que no es la primera vez que ocurre".
Los explosivos –en distintos tamaños- fueron diseminados o sembrados por las inmediaciones de Tartagal, a distancias regulares sobre el trazado de líneas de prospección sísmica entre las décadas del 70a y 80 del siglo pasado ¿Cuántas personas trabajarían cavando para enterrarlos sobre ese relieve montañoso de Salta? Una fuente consultada por este medio respondió: 15 por turno, en tres turnos de trabajo. Implicó un verdadero ejército de personas trabajando por esas décadas no solamente en las inmediaciones de Tartagal, sino por el norte argentino desde el norte de Tucumán hasta la frontera de Salta con el Estado Plurinacional de Bolivia. Precisar la información precisa de la cantidad de líneas en el norte resultó difícil durante esta investigación. La base de datos que integra la capa geográfica disponible para descarga en Datos Abiertos de Argentina, arrojó que en todo el país, incluido el Mar Argentino, hasta la actualidad se contabilizan 19.111 líneas sísmicas.
El expediente 133/1999
El ex subsecretario de Defensa Civil de Salta, Jorge Arce, mencionó la existencia de una causa federal que tramitaba las investigaciones por los explosivos que utilizó YPF sociedad del Estado para la exploración de hidrocarburos. Ese dato lo dio al pasar, en una conferencia de prensa a finales de 2022, cuando los incendios forestales en el norte salteño obligaron a recalcular.
El dato certero del expediente surgió a principios de este año, porque el grupo de docentes ADA recibió una respuesta escrita a una nota que giraron al Escuadrón 52 de Gendarmería Nacional con base en la ciudad de Tartagal. Salta/12 tramitó la posibilidad de consultarlo en la Secretaría Penal 4 del Juzgado Federal 2 de Salta. La jueza, Mariela Jiménez, accedió por razones que explicó en persona a esta cronista: aunque no es usual que una persona ajena a una causa penal pueda tener acceso a información que se acumula en fuero penal federal, en este caso puntual los tres cuerpos del expediente 133/1999 por “Hallazgo de Boosters” revisten un interés social porque está en juego la vida de muchas personas. La investigación publicada por este medio el 27 de noviembre de 2022 abrió esa puerta.
Paradojas del destino, la causa se inició el 3 de marzo de 1999, a escasos seis kilómetros al norte de donde se encontraron otros boosters en marzo de 2023. En ese entonces, el juez federal a cargo era Miguel Medina y el fiscal, Eduardo Villalba. Se inició por una denuncia ante Gendarmería del apoderado de la empresa Refinor. Un operario de la subcontratista SADE removió cuatro explosivos a 50 metros de un arroyo en la localidad de Zanja Honda. En ese momento la empresa subcontratada realizaba excavaciones para colocar los caños del gasoducto Atacama, que llevaría el gas desde Bolivia a Argentina y a Chile. A la actual planta urbana de Zanja Honda, la atraviesan cuatro líneas de prospección sísmica: dos al norte (la CU-7 y la CU7) y dos al sur (la CU-9 y la CU9). En ambos casos, las líneas corren más o menos paralelas a un curso de agua.
El expediente en el Juzgado Federal 2 es por una infracción al artículo 189 bis del Código Penal, relativo a armas y explosivos. La causa acumula tres cuerpos de información valiosa y deja abierta muchas dudas e hipótesis. “En primer lugar, la causa no está archivada ni puede caducar. Estuvo con movimientos hasta diciembre del año pasado”, aclararon desde la Secretaría Penal 4, a cargo de Jacqueline Murga San Miguel.
Del análisis, se desprende información relevante. El segundo episodio que se adjuntó al expediente 133/1999 es el hallazgo de un segundo grupo de explosivos o “boosters sismográficos” el 13 de febrero de 1999 sobre la ruta 86 a la altura del kilómetro 2 (Misión Sachapera), es decir, en plena traza del gasoducto. En esa oportunidad fueron cuatro cargas que, según detalló Gendarmería, eran de origen peruano, cebados con detonantes eléctricos, y ensamblados por la Fábrica Mecha en Perú.
Desde febrero de 1999 a finales de 2022, la cantidad de explosivos de prospección sísmica de uso petrolero hallados y removidos serían 44 mil. Es una cifra todavía estimativa y sujeta a correcciones. Gendarmería Nacional es la encargada de desactivarlos por un acuerdo que firmó con Repsol YPF (que tuvo el control de la estatal entre 1999 y 2012, según detalla el Informe Mosconi elaborado por Axel Kicillof y Julio De Vido). Por ese motivo, el Escuadrón 52 informó con regularidad la cantidad de explosivos desactivados, aunque no siempre especificó sobre qué líneas y qué posiciones específicamente dentro de cada una de ellas. La fuerza nacional informó que hasta el 1 de abril de 2004 se habían desactivado 33.903 cargas. No siempre los informes especificaron el total de la carga explosiva. Por actuaciones en los años 2002, 2019, 2020, 2021 y 2022 el total de trotil y pentrita informados alcanzó casi 30 mil kilos de explosivos.
La causa cuenta con algunos mapas, que forman parte de la planimetría de YPF y datan de 1975. Eso hace suponer que, por las pesquisas realizadas por Salta/12, sería cierto que existe un archivo donde YPF guarda la valiosa información. El dato es importante, porque Gendarmería informó muy pocas líneas sísmicas sobre las que se realizaron trabajos de extracción de explosivos. Solo una precisa puntos: la línea CU8 (no la CU-8 que corre paralela) en Tartagal relevada en agosto de 2012 como parte de un programa denominado “La Cuchara”. De un total de 26 líneas, las confirmadas por esta pesquisa serían 22. Agrupadas, algunas se ubican por los municipios Ballivián, Mosconi y Tartagal del departamento General San Martín; otras en el departamento Orán en Salta (desde el río Blanco hasta el Valle Morado) y el departamento Ledesma en Jujuy (que atraviesan el municipio de Yuto por el Parque Nacional Calilegua, la Reserva El Pantanoso, y El Bananal principalmente). Las primeras recorren yacimientos como Aguaragüe y algunas pasan sobre pozos de YPF (concesionados en su momento) y oscilan entre los 3000 y casi 6000 metros de profundidad. El segundo grupo parece una prospección sísmica buscando extender el Yacimiento Caimancito (entre Jujuy y Salta), el más provechoso en la historia de YPF en el norte salteño, mucho antes de Vaca Muerta.
¿Y ahora qué?
De los relatos que fue recogiendo Salta/12, al más llamativo lo brindaron desde la Comunidad Normenta Pacha del pueblo originario Ocloya, ubicada al sur del Parque Nacional Calilegua, dentro del departamento jujeño de Ledesma. Mónica Gorena, de la comunidad Normenta Pacha, relató que unos niños encontraron un paquete rojo de unos 20 centímetros en una quebrada. La comunidad se encuentra a 35 kilómetros de Fraile Pintado, por la ruta provincial 19. “Cuando el incendió llegó a la puerta de mi casa (por el incendio forestal de 2022) recién llegó la policía. Antes los llamábamos, pero no querían venir”, contó Gorena. La comunidad no sabían que las autoridades eran reticentes a mover personal. Por finales de noviembre de 2022 la decisión oficial (gobiernos de Salta y Jujuy, Ambiente y Defensa de la Nación, Gendarmería y Ejército) fue retirar a todos los brigadistas de la zona con incendios por el peligro que representaba la presencia de explosivos.
“Hace 13 años una persona de la comunidad encontró a un niño manipulando un explosivo. Unos chicos lo encontraron mientras buscaban animales. Ellos no tenían noción de lo que era. Son como balas ¿vio? de unos 20 centímetros más o menos, y ellos jugaban. Uno de los mayores de la comunidad, tío de uno de ellos, se lo quitó y decidió guardarlo en un lugar de su casa”, continuó Mónica. “Como no queríamos abandonar nuestras casas y animales, decidimos organizarnos para apagar los incendios”. La mañana del 27 de noviembre la comunidad se despertó para comenzar las tareas contra el fuego en las inmediaciones de sus casas. “Nos dimos con la Policía, ambulancias, Gendarmería. Ahí nos enteramos que era un explosivo lo que ese hombre le quitó a los chicos”. El espacio donde habita esa comunidad no registra líneas sísmicas. El hallazgo abre el interrogante sobre si YPF trazó y sembró explosivos al sur del Yacimiento Caimancito y del Parque Nacional Calilegua.
En el expediente que se tramita en el Juzgado Federal 2, una nota de la fiscalía federal de finales de 2022 informa que durante 2023 continuarán los trabajos de remoción de explosivos en distintas zonas, aunque no especifica cuáles. Sí indica que se dará prioridad a lugares críticos, como poblados, plantaciones, reservas naturales, sectores de gasoductos, acueductos e instalaciones eléctricas. Por ahora, el gobierno de Salta permanece silente a las consultas de Salta/12. Desde Jujuy, Alejandro Cooke, director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales, dijo a este medio que el gobierno jujeño aún no recibió información sobre los explosivos ni desde Gendarmería Nacional ni desde los técnicos de YPF SA que visitaron la zona en 2022.
