Vecinos y vecinas de la Comunidad El Crespín, del Pueblo Wichí, y el Barrio Tres de Enero, encontraron dos explosivos petroleros el sábado último por la tarde, en un lugar señalado entre el final del Kilómetro 4 y el inicio del Kilómetro 5 de la ruta nacional 86.
Son pequeños cartuchos rojos destinados a la exploración de hidrocarburos. Fueron enterrados por operarios de la vieja sociedad del Estado YPF entre las décadas del 70 y 80 del siglo pasado en los alrededores de Tartagal. El hallazgo del fin de semana se suma a otros explosivos denunciados a mediados de febrero y finales de marzo de este año, a la altura de los kilómetros 4 y 3 de la misma autovía. Aparecieron por el movimiento del suelo de las palas mecánicas que trabajan en la pavimentación de esa ruta nacional.
Estos descubrimientos están entre el Kilómetro 3 y el Kilómetro 5. En medio de los hallazgos, perpendicular a la ruta corre una de las líneas imaginarias trazadas por YPF como guía para enterrar los boosters. Se trata de la línea 33028A. El problema en la actualidad es que en cincuenta años jamás fueron removidos la totalidad de estos explosivos destinados a exploración. A pesar de que Gendarmería Nacional los retira hace 24 años, tanto la cantidad como la ubicación exacta de todos los boosters sembrados en el norte argentino continúa siendo la gran incógnita. Incluso para el Juzgado Federal 2, donde se tramita la causa de los hallazgos desde 1999.
“No tenemos información. No sabíamos que se trataban de minas de YPF ¿Mire si le explota a una persona adulta o a un chico? Consultamos en Gendarmería y nos cerraron la puerta. Nos dijeron que teníamos que ir a la Comisaría. La Policía de Salta tampoco nos brindó información. Nos dijeron que no hiciéramos preguntas. Vivimos con inseguridad, el problema de las drogas y ahora esto”. El testimonio lo brindó a Salta/12 Cebino Simplicio, comunicador indígena y miembro de la Comunidad El Crespín.
“Como nosotros no tenemos credencial ni un medio que nos respalde, no pudimos obtener más información”, continuó. “¿Ninguna de las fuerzas de seguridad les informó que existe una causa federal abierta en un juzgado en la ciudad de Salta?”, le consultó este medio. La respuesta Simplicio no dejó dudas: ni comuneros y comuneras ni los y las vecinas de la ciudad de Tartagal (principalmente quienes habitan áreas marginales del ejido urbano actual) se enteraron por campañas masivas publicitarias o por información clara proporcionada por las fuerzas de seguridad que esos pequeños objetos rojos, similares a un lápiz grueso de gran tamaño y de unos 20 centímetros, son explosivos. En síntesis: los habitantes del Gran Tartagal no saben que transitan a diario sobre un pasivo ambiental que lleva décadas abandonado en el subsuelo. Desde la exploración desarrollada por la vieja YPF, el crecimiento demográfico cubrió esa área de búsqueda de hidrocarburos en los alrededores de Tartagal. Los episodios de accidentes se acumulan, uno de ellos, en 2015, le costó las dos manos y un ojo a un gendarme de la división explosivos que los manipuló.
Los explosivos encontrados este fin de semana fueron detonados cerca de las casas. “Los encontraron sobre el acceso a nuestra Comunidad el sábado por la tarde. El domingo se hicieron las detonaciones. Gendarmería dijo que era un solo explosivo, pero los vecinos vieron dos”, relató Simplicio.
El hallazgo de hace un mes en el Kilómetro 3 también ocurrió por el movimiento de máquinas viales que realizaban tareas previas a la pavimentación de la ruta nacional 86. Desde Vialidad de la provincia de Salta, su director, Gonzalo Macedo, explicó a este medio que el gobierno provincial se hizo cargo de esos tramos a pavimentar en la autovía nacional después de años de batallar con licitaciones. “En los tres primeros kilómetros y medio a cargo de Vialidad de Salta, dividimos las operaciones entre tres empresas. Una de ellas, encargada de los movimientos de suelos y terraplenes, informó a través de un operario la presencia de explosivos. Detuvimos la tarea en ese momento. Estamos evaluando cómo proseguir”, explicó el funcionario.
La escasa información que circula entre los habitantes del Gran Tartagal 24 años después del primer hallazgo es llamativa. Este medio tuvo acceso a la causa que investiga los hallazgos de explosivos en febrero de 1999 y que se tramita en el Juzgado Federal 2 de Salta. En los tres cuerpos del expediente 133/1999 figuran varios pedidos exhortando a las fuerzas de seguridad, particularmente al Escuadrón 52 de Gendarmería Nacional en Tartagal, a que brinde a las personas detalles sobre la presencia de explosivos enterrados en el subsuelo. El objetivo es brindar información a la población para minimizar el riesgo de accidentes entre civiles.
El senador nacional por Salta Sergio Leavy le dijo a este medio que los explosivos revisten una alta peligrosidad para toda la población del departamento General San Martín en el norte salteño, y que iniciaría gestiones ante YPF SA para conocer la localización exacta de los boosters petroleros.
La causa federal (todavía abierta) se inició por una denuncia ante Gendarmería del apoderado de la empresa Refinor, luego de que un operario de la subcontratista SADE removiera, en febrero de 1999, cuatro explosivos a 50 metros de un arroyo en la localidad de Zanja Honda. En ese momento la empresa subcontratada realizaba excavaciones para colocar los caños del gasoducto Atacama. El segundo hallazgo de “boosters sismográficos” fue reportado el 13 de febrero de 1999. Se encontraron explosivos sobre la ruta nacional 86 a la altura del kilómetro 2. En esa oportunidad fueron cuatro cargas que, según detalló Gendarmería y consta en el expediente, eran de origen peruano, cebados con detonantes eléctricos, y ensamblados por la Fábrica Mecha, en Perú.
