El pedido de juicio político que se tramita en el Consejo de la Magistratura (CM) contra los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8, sigue en etapa de investigación. El Plenario del Consejo votó el miércoles el pase a la Comisión de Disciplina para que se continúe con el proceso que fue iniciado tras varias denuncias en su contra. Se los acusa de haber ordenado investigar a médicos y funcionarios de la defensa pública que garantizaron la aplicación de la interrupción legal del embarazo a una niña víctima de abuso y ejercer violencia de género e institucional a través de una sentencia. “Estos casos necesitan visibilidad, acompañamiento y sobre todo, justicia. Y que el Consejo aplique una sanción y no sea indiferente frente a la gravedad del caso”, dijo Vanesa Siley, la consejera que lleva el caso adelante, a través de sus redes sociales.

La reunión de Plenario, que duró desde las diez de la mañana a las tres y media de la tarde del miércoles, tenía entre el orden del día un dictamen que proponía la desestimación de las denuncias formuladas contra Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi.

Frente a esto las organizaciones feministas Abofem y el Centro de Estudios y Usina para el Desarrollo con Igualdad hicieron una presentación en la que instaron al Consejo a que “sesione con perspectiva de género y solicitamos que se continúe investigando en el ámbito del Consejo de la Magistratura el accionar de dichos jueces referido, toda vez que se trata de un caso de gravedad por verse afectados los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, la normativa que garantiza el derecho a la interrupción del embarazo y el fallo “F., A. L., s/ medida autosatisfactiva” (2012, CSJN)”. 

Mientras que las consejeras Vanesa Siley y María Fernanda Vázquez hicieron una presentación en la que solicitaron que se rechace la desestimación del jury, que se continúe la investigación y que el expediente pase a la Comisión de Disciplina. El pedido fue aprobado por la mayoría de los consejeros con la excepción de Jimena La Torre y María Alejandra Provítola, que estuvieron ausentes al momento de la votación a pesar de que habían estado presentes durante todo el Plenario.

En noviembre del año pasado, el diputado Pablo Tonelli, que ya había sido acusado de cajonear el expediente, logró imponer un dictamen que aconsejaba desestimar las denuncias por mal desempeño de sus funciones en contra de estos jueces, es decir archivar el expediente, y establecía como toda “sanción” que los jueces hicieran el curso de Ley Micaela que en realidad es obligatorio para todas las personas que se desempeñan en la función pública. El dictamen debía ser aprobado por el Plenario del CM, reunión que se concretó este miércoles con una nueva composición de consejeros.

Frente a la posibilidad que el dictamen fuera aprobado y archivado el expediente, Siley y Vazquez propusieron el pase a la Comisión de Disciplina. Las consejeras consideran positivo lo conseguido porque todavía existe la chance de sanción (que puede ser advertencia, apercibimiento y multa de hasta un cincuenta por ciento (50%) de sus haberes). E incluso ya en un terreno más hipotético, la posibilidad, de que ante una nueva composición de la Comisión de Disciplina el expediente pueda volver a la Comisión de Acusación que es la que tiene la potestad de dictaminar en casos de pedidos de jury. 

“No es la única denuncia que tienen radicada ante este Consejo de la Magistratura y es un tema de tanta sensibilidad… que hasta incluso estos jueces han sido reprochados en su actuación, en su valoración, en lo que se ha denominado en aquella sentencia ‘excursus’, donde no solamente no han abordado la cuestión de fondo en la sentencia sino que se han metido en valoraciones de tipo personal hacia la niña, revictimizándola y culpándola de un aborto legal que está permitido en Argentina desde 1930 que es como causal de violación”, recordó Siley durante la sesión. Asimismo explicó que estos jueces “declaran inconstitucional en varios fallos, el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

El fallo por el que los jueces fueron denunciados es del 24 de septiembre de 2021 y resolvió acerca de dos causas por las que estaba imputado un hombre: el homicidio de otro hombre y las violaciones reiteradas de su hermanastra. El Tribunal decidió condenar al acusado a la pena de treinta y cinco años de prisión, por homicidio simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal de una niña de 13 años, mediante violencia y amenazas, y agravado por haber sido cometido por un hermano y con armas, y reiterado. Producto de los abusos, la niña quedó embarazada y pidió interrumpir su embarazo, derecho que se le garantizó.

El fallo del Tribunal dio por probados los hechos; sin embargo, el juez Anzoátegui decidió en su voto hacer un “excursus acerca de la muerte de una niña” en el que dejó plasmada toda la ideología de los grupos más conservadores y antiderechos. Comparó a la interrupción legal del embarazo (ILE) con los métodos de tortura de la mafia o los rituales de las tribus antropófagas. Llamó “manual de salvajadas inhumanas” al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” del Ministerio de Salud de la Nación. Desconoció además al llamado fallo FAL en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación despejó cualquier duda acerca de la legalidad de los abortos en las causales consideradas desde 1921 en el Código Penal (la violación es una de ellas). Además llamó “sicarios” y “asesinos a sueldo” a los médicos intervinientes en la ILE. Todo esto para terminar denunciando como delictiva toda acción tendiente a garantizar la ILE a la niña.

Según pudo saber este diario, la Comisión de Disciplina, presidida por Héctor Recalde y con la vicepresidencia en manos de Provítola, se reunirá el próximo miércoles para dar tratamiento a este expediente.