La Corte Suprema rechazó la apelación de la fiscalía federal y confirmó la nulidad del juicio de extradición a Chile que se llevó adelante contra el líder mapuche Facundo Jones Huala en los tribunales de Esquel, Chubut, el año pasado. Sin embargo, el lonko del Lof Cushamen permanece privado de su libertad desde el 28 de junio por orden del juez de Río Negro, Ricardo Villanueva, quien ordenó su detención en el marco de la misma causa sobre la que resolvió el máximo tribunal.   

"Después de haber llevado adelante un procedimiento declarado nulo por las irregularidades de funcionarios del propio Poder Ejecutivo nacional y provincial, el Estado argentino no puede, nuevamente, volver a realizar un proceso sobre la extradición", sostuvo la abogado Elizabeth Gómez Alcorta, en diálogo con PáginaI12, al confirmar el rechazó firmado ayer por la Corte Suprema. Y advirtió que el Ministerio de Seguridad nacional busca "imponer un estado de excepción" contra la comunidad mapuche y denunció la "intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial".    

En el mismo tono, se manifestó la abogada Sonia Ivanoff —quien integró junto a Gómez Alcorta la defensa de Jones Huala en el juicio desarrollado el año pasado— y agregó que, en todo caso, la causa abierta por el juez de Bariloche antes de que la Corte Suprema se expidiera debería ocurrir "con Facundo en libertad". "No deberíamos estar esperando ni siquiera los tiempos procesales, Facundo debería ser liberado inmediatamente", sentenció Ivanoff, en diálogo con la FM Kalewche.  

El equipo de abogadas consideró que tras el fallo de la Corte la causa debería volver a los tribunales de Esquel y la causa de Villanueva cerrarse ante el principio de "non bis in idem", que refiere a la prohibición a una doble persecución. Huala estaba procesado en Chile por los delitos de incendio y portación de arma de fuego de fabricación artesanal, pero no se presentó a declarar. El líder mapuche fue detenido en 2016 en suelo argentino y se abrió el juicio por su extradición, que fue declarado nulo por el juez de Esquel Guido Otranto en septiembre del año pasado, al señalar que las pruebas aportadas para detenerlo habían sido obtenidas bajo tortura. 

Esa declaración de nulidad dejó en libertad al líder mapuche, quien no dejó de mostrarse en público e incluso ofreció conferencias de prensa y charlas públicas. Pero el 27 de junio, cuatro horas después de una reunión entre los presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet, volvió a ser detenido por la Gendarmería, cuando viajaba en auto sobre la ruta 40. La segunda orden la dio el juez Villanueva por las misma causa. Ante el pedido de la defensora oficial para que cese la nueva detención preventiva contra Jones Huala, el juez de Bariloche lo rechazó argumentando que no es posible notificar su domicilio en el Lof Cushamen. 

La Gendarmería y la Policía de Chubut no tuvieron problemas para encontrar el lof el martes por la noche, cuando ingresaron por la fuerza, golpearon a mujeres y niños, quemaron sus pertenencias. Esa noche, desapareció Santiago Maldonado, un joven de 28 años que se encontraba en la comunidad. La represión del martes fue la segunda en un año sobre el denominado Pu Lof en Resistencia, cuyos habitantes fueron reprimidos en enero.   

El día de la represión, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, estuvo en Esquel para confirmar "un sistema de coordinación" entre las fuerzas federales y provinciales de Río Negro y Chubut, además de aceitar el intercambio de información con el gobierno de Chile, para "empezar a tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM", confió en declaraciones a Radio Nacional, en referencia a la supuesta organización Resistencia Ancestral Mapuche, a la que el Gobierno nacional atribuye hechos delictivos.   

Nocetti reconoció que aún "falta probar quiénes son sus miembros, cómo actúan y quienes los financian" los integrantes de esa organización, pero los asoció a los integrantes del Lof Cushamen, a quien les advirtió que ordenaría su detención cuando cortaran rutas o protestaron, asegurando que esas acciones eran delitos "en flagrancia". El jefe de gabinete de Bullrich hizo esas advertencias un día después de la represión en el Lof de Chubut y dos días despúes de la detención de 9 integrantes de la comunidad que protestaron ante el juzgado de Villanueva en Bariloche.  

"La declaración de Nocetti debe ser la más grave de un funcionario del Ejecutivo en los últimos 20 años de democracia. Primero porque revela una intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial; luego dice que lleva adelante una investigación lo que está prohibido para el Ministerio de Seguridad y también habla de investigaciones coordinadas con Chile, pero ¿qué juez las ordena? No hay posibilidad de desarrollar una investigación ni tareas de inteligencia sin orden judicial", advirtió Gómez Alcorta a este diario. 

Además, la abogada subrayó que "ningún delito de los atribuidos a la comunidad, como resistencia a la autoridad y usurpación, pueden habilitar una investigación por parte de los servicios de inteligencia". En ese tono, Gómez Alcorta recordó que "Facundo, al igual que los integrantes del Pu Lof, en reiteradas oportunidades dijeron que no integraban la RAM. Sin embargo, tanto los gobernadores de Chubut y Río Negro como el ministerio de Bullrich, sin tener ninguna prueba, insisten en afirmarlo cada vez que se los pone un micrófono delante".

"Los dichos de Nocetti son más graves en el marco de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, imputada a la Gendarmería, fuerza que depende directamente de Bullrich y Nocetti", denunció Gómez Alcorta y señaló que se "quiere imponer de este modo un estado de excepción".