Una médica ante un tribunal penal en Chubut

Un juicio al aborto no punible

Desde el 31 de julio pasado, en Esquel se lleva adelante el juicio penal a una médica residente que en el año 2015 en el Hospital Sub-Zonal de El Maitén, garantizó una interrupción legal del embarazo a una joven de 17 años que la solicitó y por causas no investigadas falleció una semana después en otro hospital.

Una resolución y un comunicado del Consejo directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad del Comahue, de donde la médica residente acusada es egresada, sostienen que el aborto fue practicado en condiciones adecuadas al “Protocolo para la atención integral de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”.

El procedimiento judicial es caratulado como “Interrupción legal del embarazo, practicado por un médico abusando de su ciencia y arte con el consentimiento de la mujer seguido de muerte”.

El juez a cargo del juicio es José Oscar Colabelli. Colabelli tiene su historia. Fue sancionado por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut con una multa por falta grave y abuso de poder, tras haberle negado en 2012 el acceso a un aborto no punible a una niña de 12 años. Es decir, Colabelli tiene posición tomada al respecto, y no es una posición admitida por el máximo tribunal provincial. Colabelli fue recusado por la defensa al inicio del juicio, pero el pedido fue rechazado. El fiscal es Carlos Díaz Mayer.

Entre el 31 de julio y el 4 de agosto declararon 25 testigas/os citadas/os en su mayoría por la querella, en algunos casos coincidentes con citaciones por parte de la defensa. En este sentido, fueron claras las declaraciones de profesionales del Hospital de Esquel, quienes atendieron a la joven: no hay pruebas médicas que permitan ligar la muerte de la joven con la actuación de la médica imputada. La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, la Comisión Nacional de Residentes de la Confederación de Medicina General y organizaciones feministas como Socorristas en red acompañan el proceso, exigen “una investigación seria acerca de las causas reales del fallecimiento de la joven”, y denuncian que garantizar un derecho a la salud no puede ser criminalizado. La médica residente actuó conforme a la legislación que protege la vida y la salud de los cuerpos gestantes.

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