El secretario de Asuntos Penitenciarios Pablo Cococcioni se presentó a concurso para ser fiscal general o fiscal regional de la capital provincial, sin dejar su cargo. Matías Drivet -hasta hace un par de años secretario de Seguridad con Raúl Lamberto- corre con ventaja para ser el auditor de todos los fiscales santafesinos. La independencia judicial es una bandera enarbolada por cada gobierno que asume, sea del signo que fuere. Sin embargo, en Santa Fe, los últimos tres -del mismo signo político- parecen haber ido corriéndola hacia un costado, a un lugar menos incómodo. Este es el principio que marcan dos extremos: desde Hermes Binner, quien resolvió hacer renunciar a cada funcionario que quisiera ocupar un lugar en la justicia -defensor, fiscal o juez- ni bien rindieran el examen escrito hasta la poco prolija actitud de Cococcioni. "Hay funcionarios que no quieren soltar la liana desde donde cuelgan hasta no tomarse de una nueva". La frase repetida en ámbitos diversos actores políticos, opositores y no tanto, desnuda la "vocación colonizadora de la justicia", de la que parece estar contagiada la impronta de estos últimos tiempos santafesinos.

La salida de Gabriel Ganón como defensor general y la forma elegida para provocarlo por varios actores políticos de distinto pelaje marca la actitud imperante: colocar nombres conocidos y cercanos, minimizando el riesgo de posiciones irritantes para el poder. Una segunda lectura es menos contemplativa: hay quienes ven que se prepara la retirada ante posibles futuros reveses electorales.

Este es el listado de ex funcionarios del poder ejecutivo que pasaron y/o concursaron mientras estaban en funciones, para llegar al poder judicial y los ministerios públicos de la acusación y la defensa.

Nobleza obliga, en este listado hay funcionarios judiciales que han hecho honor a sus puestos, ordenando allanamientos a empresas impensadas o defendiendo con entereza a quienes eran sus representados. Pero es su origen el que pretende destacar esta nota.

 

Desembarcar en Tribunales es objeto del deseo de funcionarios.

 

Circular

En tiempos de Hermes Binner, el ministro Superti recordó que cuando los concursos se pusieron en marcha y aun cuando el Ejecutivo no tiene injerencia en los mismos, se resolvió contratar los servicios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL para que llevase adelante la faceta administrativa. "Pero además ‑reveló Superti‑, estudiamos qué iba a pasar con aquellos funcionarios del Ministerio que quisieran presentarse a los concursos, y hasta discutimos el tema en el gabinete. Fue entonces cuando el gobernador tomó una decisión que se plasmó en la circular 01 del día 13 de julio de 2011". Recordó que el concurso está integrado básicamente por dos instancias: un examen escrito, donde el jurado corrige sin conocer la identidad del concursante, y una segunda, donde se evalúan básicamente los antecedentes.

"Nos pareció que impedir que los funcionarios participaran era violatorio del principio de igualdad; más allá de que si concursan muchos de nuestros funcionarios, para nosotros van a representar una baja", mencionó Superti entonces.

Con respecto a la circular citada, en su último punto estipula que "aquellos funcionarios políticos en todas sus categorías y de todas las jurisdicciones y reparticiones provinciales que pretendan participar en el proceso de selección de postulantes a cargos de Fiscal y Fiscal Adjunto del Ministerio Público de la Acusación y de Defensor Público y Defensor Público Adjunto del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, deberán renunciar a su cargo una vez publicados en el sitio web oficial del gobierno de la provincia los resultados de la prueba de antecedentes y oposición escrita, en caso de haber aprobado la misma y decidir continuar participando en el referido concurso".

 

Auditor Fiscal

Si finalmente la Legislatura lo aprueba, Matías Drivet, ex secretario de Seguridad en tiempos de Raúl Lamberto, podría convertirse en el Auditor de todos los fiscales de la provincia.

Si no zanjan por él, el cargo podría recaer en alguien ligada al gobierno provincial, en los últimos tres períodos: María Cecilia Vranicich. Un estudiosa del derecho penal, compartió cátedra con Héctor Superti, y hasta la defensa de Graciela Diesser, la mamá de Natalia Fraticelli. En 2008 fue titular de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pospenitenciaria (ex Patronato de liberados). En setiembre de 2013, el ministro de justicia Juan Lewis la designó primero como Secretaria de Trasnformación de los Sistemas Judiciales, y luego como presidenta del Consejo de la Magistratura, es decir, la responsable de vigilar "los concursos destinados a la cobertura de cargos vacantes en las cámaras de apelaciones, jueces de primera instancia, tribunales colegiados de instancia única y otros espacios de importancia para el funcionamiento del sistema judicial". Actualmente, cumple tareas en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.

María Eugenia Iribarren completa el trío seleccionado: es fiscal de Cámara de Rosario. Su nombre está ligado a algunos casos polémicos, como la manipulación de la computadora personal del narco asesinado Luis Medina.

Un punto aparte merece la actitud del ex juez de instrucción Juan Carlos Felipe Vienna, quien llevó adelante la causa de Los Monos, y cuya falta de sanción por sus conductas con Luis Paz seguramente lo alentaron para presentarse al concurso para convertirse en el máximo controlador de la accionar fiscal en la provincia. 

 

Defensor general

Curiosamente será elegido por fiscales: el actual número uno Julio De Olazábal y el fiscal regional Carlos Arietti (Rafaela).

Una de las candidatas inscriptas es Jaquelina Ana Balangione. Nació en Santa Fe el 1965, se graduó de abogada en la UNL en 1990, donde también obtuvo el título de abogada especializada en derecho penal y mediadora judicial. Ejerció la profesión de abogada durante 15 años e ingresó al poder judicial en 2006 como secretaria del juzgado de menores, accediendo luego al cargo de juez correccional y en 2013 fue designada vocal de la Cámara Penal. Es becaria del programa "justicia en cambio", de la secretaria de estado de los Estados Unidos. Es la actual pareja de Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte. De resolverse por este nombre, la pareja manejaría gran parte de las causas judiciales de toda la provincia: una como defensora, el otro como juez supremo.

 

Fiscal general

Hay nueve candidatos, uno de los más polémicos es Pablo Cococcioni, actual responsable del Servicio Penitenciario santafesino.