Con la consigna "Basta de impunidad y protección político-judicial en el norte santafesino", decenas de organizaciones y colectivos feministas de toda la provincia se declararon en alerta y movilización "ante el escándalo provocado por el entramado de encubrimiento, aprietes, re-victimización y abusos de poder por parte de funcionarios de los tres poderes del Estado del norte santafesino". Pidieron el juicio político y apartamiento de la causa Galaz del fiscal Aldo Gerosa, quien habría acordado un juicio abreviado en la causa contra Marcelo Galaz por abuso sexual agravado hacia una sobrina, cuando era niña. El acusado era la mano derecha del actual senador Dionisio Scarpin, cuando se desempeñaba como intendente de Avellaneda.
Un amplio abanico que incluye a Mumalá, la Asociación Palabras de Santa Fe, el Comité Feminista de Rosario manifestó que "en el caso Galaz -ex funcionario y secretario privado de Dionisio Scarpin acusado de abuso sexual agravado- se pusieron en funcionamiento vínculos entre los tres poderes del Estado en busca de garantizar la impunidad".
Las demandas del movimiento de mujeres y feminista incluyeron también la "identificación, vía investigación exhaustiva e independiente, de funcionarios que intentaron encubrir, o lo hicieron, a agresores sexuales", pero también "informes elaborados por las áreas intervinientes sobre la aplicación del protocolo para el acompañamiento de víctimas de abuso sexual", que se aplique "perspectiva de género en el abordaje de las situaciones de violencia de género y aplicación efectiva de la ley Micaela".
Las organizaciones firmantes recordaron que "en el norte santafesino es larga la lista de funcionarios acusados de abuso, pedofilia, violaciones, violencias contra las mujeres y las infancias, relacionados al poder político enquistado hace décadas en el departamento General Obligado".
