La jueza de Garantías Ada Zunino sabe como llamar la atención. Ahora sigue en el centro de la escena pública de la mano del conflicto docente. Es que además de ordenar el despeje de un corte de ruta y la detención de 19 docentes, el pasado 25 de mayo, viene haciendo una seguidilla de declaraciones públicas en las que se manifiesta con indignación hacia las y los docentes que protestan. Una de esas afirmaciones motivó que fuera recusada en la causa contra manifestantes acusadxs por desobediencia judicial. 

El abogado Alvaro Arias Camacho, defensor de Fanny Quiroga, María Cristina Aparicio y Gustavo Nicolás José, pidió ayer el apartamiento de Zunino en esta causa por desobediencia judicial seguida contra docentes que participan de las medidas de fuerza que se vienen llevando a cabo en Salta desde hace cuatro semanas. 

La recusación es por "adelantamiento de juicio", por las declaraciones que virtió el pasado 30 de mayo en una entrevista en la radio CNÑ. En relación a las y los docentes autoconvocados detenidos y encausados, la magistrada aseguró: “No hubo represión, cometieron un delito, y ser docente no te da la patente de impunidad”. “(Si) vos sos un dirigente social, un autoconvocado, y tenés la valentía de tomar una ciudad, de secuestrar a todos sus habitantes, tené la valentía de asumir y reflexionar que no estuviste bien y que no lo podés volver a hacer. Y que cometió un delito, y que se te advirtió ¿y por qué no te voy a detener? (...)  Qué, hay un halo de impunidad, todo vale, lo que sea. De ninguna manera", aseguró también. 

"Dichas declaraciones significan claramente un adelantamiento de juicio sobre la causa" y, "sin lugar a dudas, una evidente manifestación extrajudicial de su opinión" sobre la causa, sostuvo el abogado defensor, quien recordó que la jueza "todavía debe entender y tomar decisiones" en este trámite judicial. 

"La última palabra en relación a si, en determinados hechos y circunstancias, se ha configurado o no un delito, corresponde a una sentencia emitida por el tribunal competente y luego de un debido proceso", recordó también Arias Camacho. En cambio, la jueza ya decidió que las y los docentes encausados han cometido delitos. 

El defensor reprochó que la magistrada se aparte del lugar de imparcialidad que le corresponde en la causa, en el que tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las garantías procesales y en el que "la pretensión punitiva corresponde al Ministerio Público Fiscal". "Como puede observarse, la señora jueza, saliéndose de su rol neutral e imparcial declara directamente que los imputados han cometido un delito (cuando todavía estamos en una etapa inicial del proceso y donde cada uno de los encausados conserva su status de inocencia) y defiende el accionar policial, asumiendo un rol que en todo caso podría haber tomado un fiscal o un querellante, pero nunca un juez de Garantías", sostuvo el abogado.

El defensor también destacó que en "un contexto tan caldeado" y en el "estado de angustia en el que se encuentran mis defendidos y muchos otros docentes de la Provincia, las declaraciones de la judicante significaron una verdadera provocación (con una evidente repercusión social) y toda pérdida de credibilidad en su imparcialidad respecto de la presente causa, agitando los ánimos de gran parte de la ciudadanía y especialmente de mis defendidos, quienes aún están sujetos a un proceso judicial".

Arias Camacho recordó asimismo que tanto la Constitución Nacional, como los Tratados Internacionales que forman el bloque de constitucionalidad federal del país "han reconocido el estado de inocencia como una garantía central del proceso penal". Y también "las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa en juicio constituyen pilares sagrados que deben protegerse a toda costa en un Estado de Derecho".

Y, dado que Zunino es precisamente jueza de garantías, "es parte medular de su función el celo máximo por el resguardo de las garantías constitucionales de los imputados". "En consecuencia, toda muestra de parcialidad realizada en medios masivos de comunicación confronta directamente con las garantías constitucionales penales que la misma judicante está llamada a custodiar", cuestionó Arias Camacho.

En cambio, "Al aseverar que no hubo represión policial y que hubo delito y al manifestar que ser docente no da patente de impunidad, la magistrada está claramente adelantando su opinión sobre la culpabilidad de los imputados en esta causa. Y al decir que los autoconvocados tomaron una ciudad y secuestraron a sus habitantes (...), se le atribuye un carácter criminal a todo su proceder, evidenciándose una clara criminalización del accionar de todas y todos los docentes que intervinieron en las manifestaciones ocurridas estos últimos días en la Provincia de Salta", aseguró el abogado defensor. 

Y también recordó que la magistrada viene haciendo declaraciones similares en otros medios de comunicación. "Dada la envergadura mediática y la magnitud del conflicto que se vive en nuestra provincia, tales comentarios de la judicante ameritan, cuando menos, su apartamiento de la causa", concluyó. Y le devolvió atenciones a la jueza: consideró que así como Zunino manifestó que las y los autoconvocados que "tuvieron la valentía de 'tomar la ciudad y secuestrar a sus habitantes deben tener la valentía de asumir sus hechos', bajo la misma regla debiera también la judicante asumir la gravedad de sus propios dichos y aceptar que efectivamente encuadran en la causal de recusación" prevista en el artículo 53 del Código de Procedimientos de la provincia. 

A favor de la pena de muerte, y de las fake 

Ada Zunino es una magistrada, cuanto menos, polémica. En abril de 2020, en plena pandemia, en un audio dirigido a un grupo de vecinos sobre una supuesta nueva modalidad delictiva, se descolgó con una frase desafortunada: "Mucha gente ante este estado de emergencia va a utilizar esta forma de delinquir. Mucha gente no, muchos delincuentes", sostuvo. La magistrada también había anticipado que iba a haber "una ola de delincuencia" en la cuarentena, lo que finalmente no solo no ocurrió, sino que hubo una disminución de delitos, según informaron en su momento la Policía y el Poder Judicial de Salta. 

En marzo último volvió a la carga con lo del aumento de la delincuencia. En declaraciones a radio Capital dijo que en los últimos años hubo un claro crecimiento de los delitos contra las personas, y que se deberían discutir las penas. "Hay que agravar las penas sobre ciertos delitos y debatir de una vez por todas la pena de muerte”, aseguró. Y sintió la necesidad de expresar lo que ya había quedado muy claro: “Hay casos hoy (en los) que yo firmaría la sentencia de muerte sin inconvenientes morales”.