La ley que obliga a pedir permiso para marchar o realizar protestas sería, además de inconstitucional, de muy difícil aplicabilidad, opinó el abogado laboralista, ex diputado provincial y ex convencional constituyente Guillermo Martinelli. "Tiene muchas fallas (…) va a ser muy difícil que se pueda cumplir, salvo que el gobernador esté interesado en la represión a ultranza”, afirmó.
"La ley antiprotesta es una forma de cancelar los derechos de expresión. El proyecto suprime el derecho a huelga que se encuentra establecido por la Constitución Nacional", advirtió Martinelli.
Para el diputado nacional por Salta Lucas Godoy (FdT), la ley sancionada el jueves “no es constitucional”. “Me parece un desatino enorme”, agregó en una entrevista radial. “Esta ley genera una condición para ejercer un derecho”, explicó. “En este caso estamos hablando de derechos fundamentales. En Salta hay cortes de ruta por cuestiones coyunturales”, recordó. “El derecho a la libertad de expresión en la Constitución de Salta (artículo 23) dice taxativamente que no puede ser reglamentada y que toda reglamentación es absolutamente nula. Por eso creo que la ley es inconstitucional y de tinte autoritario”, ratificó.
El abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta, coincidió en la inconstitucionalidad de la nueva norma. “No es constitucional, tiene algunos problemas. Claramente los derechos constitucionales no son absolutos, pero estoy en la antípoda de quienes piensan que hay que hacer una ley para conciliar derechos”.
También el abogado Pedro Arancibia afirmó que la ley avanza sobre derechos constitucionales. "El derecho a huelga y a la libre expresión son constitucionales. Todas las constituciones del mundo lo reconocen. Antes hubo un decreto. Va contra un principio básico que no se puede reglamentar un derecho básico como la protesta y la huelga", aseguró.
Menos reglamentación y más política
“Condicionar el derecho a la libertad de expresión es inaceptable. El problema con los docentes y el sector de salud, no se resuelve con el Código Penal: se resuelve con política”, declaró Lucas Godoy. También cuestionó “la intervención de la jueza de Garantías (Ada Zunino). Su función es controlar la garantía del proceso, quien tiene la facultad de accionar es el fiscal. Hubo sobreactuación y desborde por parte de las autoridades”, aseguró.
Por su parte, el abogado Pedro Arancibia calificó como un fracaso para la política una ley como la sancionada el jueves por la noche en el Senado. “Si una jueza de garantías tiene que intervenir para acallar una protesta, habla muy mal del gobierno", afirmó.
Sobre la puesta en práctica de la nueva ley, Guillermo Martinelli opinó que será “muy difícil de cumplir”. Puntualmente por los condicionantes de la nueva herramienta, como “avisarle a la policía dónde van a actuar los manifestantes, qué lugares van a recorrer, cuánto va a demorar”. Y sobre la exigencia de que se identifiquen responsables u organizadores de las marchas, el abogado y exlegislador señaló que “Los responsables de esa marcha después serán responsables por daños que pudieran ocurrir”.
En diálogo con Salta/12, Martinelli recordó que la ley de conciliación obligatoria (24.635) puede obligar al gobierno de Salta (por ser empleador de las y los trabajadores estatales) a sentarse a negociar con las y los docentes autoconvocados. Para el jurista, no se utilizó esa vía porque “a través de la Secretaría de Trabajo, se dispuso que la huelga era ilegal”. Desde esa perspectiva, Martinelli explicó los argumentos acerca de los autoconvocados como trabajadores “fuera del sistema” de gremios y los descuentos por días no trabajados.
Advirtió luego que “el gobierno (salteño) está preso de esa situación”; en su opinión, porque no puede utilizar únicamente una ley antiprotesta. “Los docentes están muy firmes, muy firmes” porque mantienen el paro por tiempo indeterminado, sostuvo. “Cargar con esta ley para el gobierno no es fácil, porque el mote de antiprotesta que se gana y otras similitudes lacerantes (…) lo compara inmediatamente con las épocas de la dictadura. Es un mote que a ningún gobernador le interesa cargar”, dijo.
“El Ministerio de Trabajo de la Nación, en la delegación Salta, están planteando una conciliación, precisamente, para ver que si esta ley se la puede vetar parcial o totalmente”, añadió. Martinelli consideró la intención del delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación en Salta, Jorge Guaymás, como “muy valiosa por parte del movimiento obrero” porque “el movimiento obrero no es solamente el movimiento legal, registrado, sino también los autoconvocados”.
"En un estado social de derecho, el gobierno está obligado (…) a sentarse a negociar”, explicó Aguirre Astigueta, en respuesta a la consulta sobre qué normativa obligaría al gobierno salteño como empleador a sentarse a negociar con sus empleados, trabajadores agremiados o no. “Existe conciliación obligatoria”, dijo en sintonía con la reflexión de Guillermo Martinelli.
También anticipó dificultades para su aplicación. “Si esto se judicializa, ¿cuánta gente presa va a haber? La policía no va a dar abasto”, opinó. “La solucion es politica. ¿Cuánta gente pagará multas o será arrestada por protestar? La solución no es punitiva claramente”, cerró.
Opinó también sobre el concepto de colision de derechos. “No creo que hay que dictar una ley para conciliar derechos como un pase mágico. Eso es una falsa oposicion”, explicó. “No se trata del derecho a la protesta versus el derecho a circular. Creer que en dos horas se va a llegar a un acuerdo, cuando las cuestiones son profundas es un error”, mencionó en relación al artículo de la nueva ley que estipula un plazo de negociación.
Repercusión internacional
Ayer la regulación de las protestas sociales en Salta saltó a la agenda de RT en Español. La novedad llegó a la cadena rusa tras una manifestación en el Obelisco porteño.
“El poder legislativo de la provincia de Salta aprobó una ley que prohíbe la realización de protestas no autorizadas”, explicó a su audiencia iberoamericana el conductor de la cadena, Mauricio Ampuero. El periodista chileno relató el contexto de esa norma que la lengua popular ya definió como “antipiquete”. Rusia Televisión (RT) se retransmite por señal digital abierta a todo el país.
Con el zócalo titulando “Camino a la protesta”, Ampuero contextualizó las primeras cuestiones claves. La aprobación de la “polémica normativa se produjo en la Legislatura rodeada de cientos manifestantes que protestaban en su contra”, prosiguió. “Todo ocurre en el contexto de una prolongada huelga de los trabajadores de la educación y la salud de la provincia que demandan un aumento salarial de acuerdo a la inflación”.
Trabajadores de salud de AMBA se convocaron ayer a la mañana en el Obelisco porteño para marchar hacia Casa de Salta. Fue lo que informó el corresponsal de RT en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Ricardo Romero. “Las réplicas de las protestas y reclamos de los docentes de la provincia de Salta llegaron hasta la capital de la República Argentina, donde cientos de manifestantes expresaron su apoyo a los maestros que ya llevan cuatro semanas de conflictividad sin interrupciones en esa región del norte del país”.
En un informe de cuatro minutos el periodista mostró la represión del 25 de mayo en el acceso a la ciudad de Salta. La manifestación de ayer en el Obelisco fue acompañada por partidos de izquierda.
Dos llamados y más repercusiones
Ayer se celebraron asambleas docentes en todos los departamentos salteños, con el objetivo de repasar las acciones desarrolladas durante las cuatro semanas de plan de lucha y definir las nuevas estrategias a desarrollar. Delegadas y delegados de la Asamblea anunciaron alrededor del mediodía que habían recibido comunicaciones dando cuenta de intenciones del gobierno de Salta de abrir un nuevo diálogo.
En un video que postearon en redes sociales, el grupo se mostró en las escalinatas de la plaza frente a la Legislatura, el mismo escenario de la movilización mientras era sancionada la ley antipiquetes. Informaron así que desde las 11 de la mañana esperaban novedades por una posible reunión con funcionarios provinciales. Indicaron que habían recibido dos llamadas del secretario de Gobierno, Rodrigo Monzo. Este medio no pudo confirmar en el ámbito del gobierno si hubo más contactos y si se había avanzado en la conversación. La Asamblea de Docentes optó por la cautela y no confirmó la existencia de ese canal de diálogo.
Por otra parte, entre las conclusiones de los docentes reunidos en asambleas departamentales, anoche informaron desde el departamento La Caldera que se había decidido el repudio generalizado al gobierno provincial. También se acordó exigir la inmediata derogación de la ley antipiquetes “por criminalizar la protesta social” y ser “abiertamente anticonstitucional”.
Por otra parte, acordaron realizar una exposición fotográfica que refleje la problemática docente en las escuelas del departamento. También organizarán un festival en la costanera del río Vaqueros para visibilizar la lucha y recaudar para el fondo de huelga.
Por el momento, el paro por tiempo indeterminado continúa en todas las escuelas públicas de los 23 departamentos de la provincia de Salta.
