En el marco de un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos, las organizaciones de mujeres y disidencias dijeron presente en las calles de la capital salteña. Esta vez tuvo el añadido de ser la primera movilización masiva tras la aprobación por parte de las cámaras legislativas de la provincia de la ley que regula el derecho a la protesta social. 

El repudio a la aprobación exprés de esta norma se manifestó a través de carteles, como uno que decía: "Sr. Gobernador: las mujeres no pedimos permiso para marchas #Derogación ya de la ley antipiquete", o cantos: "Yo sabía/ yo sabía/ que a los funcionarios/ los cuida la policía/ yo sabía". 

En ese tono, el momento más fuerte de la manifestación se produjo en las puertas de la Legislatura, donde se escucharon con más fuerzas las cientos de voces de mujeres que nuevamente cantaban contra la normativa que aún espera la promulgación o el veto del Ejecutivo provincial: "Traigan al gorila represor/ para que vea/ que el pueblo no cambia de idea/ pelea, pelea por su dignidad". En el ímpetu de la movilización fueron derribadas dos de las vallas que aún redeaban el palacio legislativo desde el jueves pasado, día en que el Senado aprobó con 11 votos a favor y 10 en contra la "Ley de convivencia y conciliación ciudadana".

Para Carmen Chuchuy, presidenta de la Fundación Gema, la aprobación de una ley que limita las protestas representó un "golpe bajo" a la ciudadanía en general. Señaló en ese sentido que en el caso específico de las organizaciones de mujeres, disidencias, feministas y transfeministas, las movilizaciones y las protestas han significado un espacio pleno de defensa y conquista de derechos. Se preguntó: "¿acaso vamos a tener que salir a pedir permiso para marchar frente a todas y múltiples desigualdades que tenemos las mujeres en Salta?". 

Chuchuy adelantó que la ley no frenará las protestas: "Cuando suceda un femicidio, ¿qué vamos hacer? Vamos a salir", aseguró. Según el mapeo que realizó la ONG y los datos relevados por este medio, en lo que va del año hubo 12 muertes de mujeres que están en investigación. Chuchuy dijo que de ese total, contabilizaron 6 suicidios femicidas, lo que para la organización es un dato alarmante y cuestionó que aún no haya un marco normativo que ponga el foco en los motivos de estos suicidios. Para Chuchuy, "las mujeres expuestas a las múltiples violencias, ven como el único camino el suicidio" y ese es un aspecto que la administración de justicia no está tomando en cuenta.  

En razón de ello, la principal consigna que estableció la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta para la marcha de ayer fue "Por una justicia con perspectiva de género". El pedido viene siendo impulsado fuertemente por la organización Madres Protectoras de Salta. Su referenta en la provincia Yanela Barrios, contó durante el recorrido que es madre de una niña que fue abusada por su progenitor, por lo que emprendió un camino judicial para la protección de su hija y la propia, pero se encontró con grandes trabas durante el proceso. 

Relató que está cansada de que el juzgado donde se encuentra su causa la maltrate y la violente. "Necesito respuestas del Estado para mí y para hija, necesito que dejen de violentarnos", cuestionó. Por experiencia, las mujeres de Madres Protectoras saben que la mayoría de los casos de abusos en las infancias suelen tener demoras de años hasta lograr una sentencia, y en ese largo proceso judicial impera la revictimización hacia el niño, niña o adolescente. "La justicia encubre a los abusadores, apaña a los deudores alimentarios, dilatas las causas, duermen los expedientes, y, por eso, pedimos perspectiva de género en la justicia", afirmó. 

Barrios no sólo reclamó al Poder Judicial, sino también al Poder Legislativo debido a que la Cámara Alta podría darle sanción final al proyecto de ley "Registro de Obstructores de Lazos Familiares en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia", de autoría del senador provincial e intendente electo Emiliano Durand. "Estos legisladores hacen leyes tan agresivas y antiderechos que dejan desprotegidos a los niños y los dejan en manos de sus abusadores", cuestionó. 

La iniciativa legislativa logró su media sanción en Diputados el 7 de marzo, pero como realizaron modificaciones, el Senado tendrá que volver a tratarla para su aprobación final. Para Barrios el proyecto de ley no garantiza una protección a las infancias y adolescencias, además estigmatiza y persigue a las madres protectoras, ya que instala un inexistente Síndrome de Alineación Parental (SAP), que tuvo su origen en Estados Unidos en 1985 y procura atacar las investigaciones de abusos sexuales a niños y niñas afirmando que las denuncias por estos delitos son solo expresiones infantiles inculcadas o elaboradas por sus madres para denigrar o acentuar la ruptura con sus ex maridos o ex parejas. 

Violencia económica 

Quienes también pusieron el foco en la justicia fueron la grupa de Género Trueque, un espacio que reúne a mujeres y disidencias autoconvocadas que están en contra de la violencia de género y económica, y que desde hace varios años llevan adelante el tendedero de deudores alimentarios.

"Muchas mamás somos familias monoparentales que podemos llegar a cobrar una cuota alimentaria, pero a veces no", dijo Florencia Soraire, integrante de Género Trueque, y quien señaló que el no pago en tiempo y forma de esa cuota conlleva a que las madres se conviertan en "mamás super explotadas, no sólo por el sistema capitalista y el Estado, sino por los padres abandónicos, violentos y abusadores". 

Desde el espacio están a favor de los escraches públicos y por eso colocaron en la intersección de las calles Caseros y Zuviría un tendedero con los nombres de los hombres que tienen demandas alimentarias, en algunos casos, con más de 35 de antigüedad porque "las archivan", describió Soraire. La activista señaló que es preciso que se comprenda que quien no paga alimentos incurre en un delito, obligación que está establecido en el artículo 659 de la ley 26994. 

En la misma sintonía habló la presidenta del Instituto Jurídico con perspectiva de Género de Salta, Josefina Arancibia, quien sostuvo que "el incumplimiento de la cuota alimentaria constituye un tipo de violencia que es la económica". Desde el Instituto también señalaron que existe una ausencia de perspectiva de género en las decisiones judiciales. "Los casos de violencia aumentan y necesitamos de un poder judicial que condene  la violencia de género", alertó.