A ocho días de la desaparición de Maldonado, el actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunció que "el Estado se está haciendo el tonto de una manera que a mí me recuerda mucho a la forma en que respondía (Jorge) Videla”, el genocida que encabezó la última dictadura cívico militar en la Argentina. “Ahora lo que falta es que digan que el pibe anda paseando por París con una mina”, agregó el ex juez de la Corte Suprema.
El magistrado consideró que era previsible que ocurriera un hecho de esta naturaleza, "en un contexto de represión”, aunque agregó que la desaparición forzada de Maldonado “supera todos los límites”. “Cuando se ordenan estas represiones masivas lo que sucede es que siempre hay un loquito”, consideró el juez y además alertó: “En este contexto represivo se pueden repetir más desapariciones. Si el contexto represivo avanza, se sabe que es el caldo de cultivo".
Zaffaroni consideró que el caso reviste una “gravedad inusitada” porque está ocurriendo “en un sistema formalmente democrático”, pero además puntualizó que se está dando “en medio de una campaña electoral”. “Todos se hacen los tontos y repiten el discurso de la propia fuerza (por Gendarmería) que naturalmente da la impresión de estar encubriendo lo que hizo su propia gente", añadió.
Maldonado, de 28 años, desapareció el martes 1 de agosto, cuando fuerzas federales entraron ilegalmente en el predio ocupado por la comunidad mapuche Pu Lof Cushamen disparando balas de plomo y destruyendo todo a su paso, según denunciaron testigos y organismos de derechos humanos. Mientras Amnistía Internacional lanzó una campaña global para reclamar su aparición, el juzgado federal de Esquel y los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación insisten en que Gendarmería no tiene ninguna responsabilidad en su desaparición.
"Primero hay una imprudencia que es la represión a los pueblos mapuches”, opinó Zaffaroni, quien señaló que se trata de un modelo exportado de Chile. Recordó, además, que el Grupo de Acción Financiera Internacional extorsionó a la Argentina con duras sanciones económicas durante la administración anterior para que encuadrara a las organizaciones populares como “asociaciones ilícitas”. “Sabíamos que en Chile se estaba usando ese tipo penal para perseguir a los mapuches", añadió Zaffaroni.
Cabe recordar que la primera funcionaria que se refirió al caso fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien secundó el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Bullrich le endilgó a la comunidad mapuche su eventual afán de crear un Estado independiente en la Patagonia, mientras Avruj vinculó la desaparición de Maldonado con la Resistencia Ancestral Mapuche, a la que considera una organización terrorista.
Ambos funcionarios replicaron los argumentos del juzgado de Esquel, que le reprochó a los mapuches falta de cooperación en la investigación. Para Zaffaroni, lo ideal sería que un escribano tomara las declaraciones de los testigos con un acta notarial y que luego sean presentadas ante el juez. "Ante un caso de semejante gravedad, el juez debería derivarlo al Ministerio Público. Si hay desconfianza en torno del juez (Guido) Otranto, el Ministerio Público debería tomar el caso y, en última instancia, si hay una desconfianza que impida la investigación, que se excuse y se designe otro juez", concluyó.
