El fiscal que ordenó escuchas al teléfono de su novia
Suspendido y denunciado
El fiscal Rodrigo, que participó de importantes investigaciones en los últimos tiempos, quedó envuelto en un escándalo al conocerse que era investigado por haber ordenado escuchas telefónicas a una empleada de su repartición con la que mantenía una relación.
El fiscal Fernando Rodrigo quedó involucrado en un hecho de "suma gravedad institucional".El fiscal Fernando Rodrigo quedó involucrado en un hecho de "suma gravedad institucional".El fiscal Fernando Rodrigo quedó involucrado en un hecho de "suma gravedad institucional".El fiscal Fernando Rodrigo quedó involucrado en un hecho de "suma gravedad institucional".El fiscal Fernando Rodrigo quedó involucrado en un hecho de "suma gravedad institucional".
El fiscal Fernando Rodrigo quedó involucrado en un hecho de "suma gravedad institucional". 

El fiscal de Investigación y Juicio, Fernando Rodrigo fue denunciado judicialmente por haber ordenado escuchas del teléfono de una empleada de su propia fiscalía con quien habría mantenido una relación sentimental. El hecho revelado ayer por el propio vocero de la fiscalía regional Rosario, Sebastián Carranza, fue catalogado como de "suma gravedad institucional" por lo cual el fiscal -que en la última semana encabezó los allanamientos a desarmaderos locales- fue apartado de todas sus investigaciones. Es más, la propia fuerza policial que custodia el local del Ministerio Público de la Acusación, de Moreno al 1000 tiene orden de impedirle el paso.

La gravedad de la situación llevó a que el mismísimo fiscal general Jorge Baclini tomara intervención en el caso, así como la auditoría provincial de fiscales María Cecilia Vranicich.

La pesquisa comenzó el último lunes cuando un empleado de la misma dependencia judicial, radicó una denuncia donde se detallaba que al menos en cuatro investigaciones distintas el fiscal Rodrigo había pedido que se escuchen y graben las conversaciones telefónicas del aparato personal de Jessica G. y de su madre. La ruptura de esta relación amorosa habría disparado la obsesión del funcionario judicial para saber los detalles de la vida íntima de su ex pareja.

La estrategia habría sido clara: al solicitar las escuchas en distintas pesquisas, el fiscal se garantizaba la permanencia en el tiempo.

La reacción institucional no se hizo esperar, y el mismo lunes se activaron los mecanismos. La fiscal de Cañada de Gómez Natalia Benvenutto se hizo cargo de la investigación: ordenó el secuestro de aparatos de telefonía, tablets y computadoras del fiscal, tanto de su oficina como su propia casa y la de su madre, y se incautaron todos los legajos que tenía en su haber en su oficina.

Enterado de la denuncia y tras las primeras acciones de la investigación, Rodrigo pidió licencia, la cual le fue otorgada. De todas maneras, desde el MPA lo separaron de todas las causas en las que se encontraba trabajando. De cualquier modo, advirtieron que la irregular conducta del funcionario "no afectan" las investigaciones en curso. Aunque, claro, admitieron que todo lo actuado por el fiscal "se peritará".

Ahora, Rodrigo enfrenta un panorama complejo. Este lunes, adelantaron desde el MPA, será suspendido de manera provisoria. Y, de acuerdo a lo que la investigación depare, dicha suspensión podría ser definitiva. Incluso, no se descarta la posibilidad de que sea sometido a un juicio político. "La denuncia es gravísima y puede manchar todo", aceptaron desde Fiscalía, ante un escándalo inesperado.

Más allá de la acción investigativa, el fiscal de Investigación y Juicio siguió teniendo protagonismo mediático: el lunes intervino tras la detención de dos parejas por la balacera de la noche anterior en el Fonavi de Grandoli y Gutiérrez. Las cuatro personas apresadas están siendo investigadas por su presunta participación en el tiroteo que se registró alrededor de las 20, en barrio Municipal.

El mismo día intervino de un operativo conjunto de la Dirección Nacional de Desarmaderos y la Policía Federal, el cual se desbarató  una banda dedicada a la venta de autopartes robadas en la ciudad. En el operativo se secuestraron miles de repuestos que ascenderían a los 120 millones de pesos y se detuvo a 14 personas. En total se realizaron 17 allanamientos en locales de venta autopartes ubicados en distintos puntos de la ciudad, donde los investigadores comprobaron que "en algunos casos no se sujetaban a la ley que regula esta actividad", según consignó el propio fiscal Rodrigo.