Exenciones patronales
Beneficio a empresas

El gobierno volvió a prorrogar por doce meses el régimen de contratación de personal con beneficios en cargas patronales para empresas de hasta 80 empleados. Se trata de la ley que fue sancionada en junio de 2014 y que permitió en su primer año de vigencia regularizar la situación de unos 160 mil trabajadores informales, a partir de otorgar por el lapso de 24 meses la eliminación y/o reducción de las contribuciones. En un escenario de retracción de la actividad y destrucción de puestos, el macrismo renovó por segunda vez este beneficio que durante su gestión no está dando el mismo resultado. Desde que asumió Cambiemos (hasta abril), el número de asalariados registrados del sector privado exhibió una contracción neta de 53 mil puestos. La baja fue compensada por el aumento de monotributistas, con condiciones laborales más precarias, y de empleados públicos, que en conjunto sumaron unos 160 mil puestos, según informes de consultora del sector privado.

Para contrarrestrar los altos niveles estructurales de informalidad, a mediados de 2014 entró en vigencia la ley 26.940, que ofrece un paquete de medidas para impulsar la registración de trabajadores y el aumento de las nóminas laborales. Bajo ese paraguas en el primer año, entre junio de 2014 y 2015, se sumaron 168.768 puestos formales a empresas privadas, según el balance presentado entonces por el Ministerio de Trabajo, lo que representó un aumento del 2,7 por ciento. 

El gobierno de Cambiemos mantuvo la ley y ya había prorrogado su aplicación anteriormente, pero el contexto es otro y el resultado también. 

“Persistiendo las razones que dieron origen al dictado del decreto del 18 de agosto de 2016, corresponde prorrogar la vigencia de lo dispuesto en el artículo 30, desde el 1 de agosto de 2017 por el plazo de doce, a fin de posibilitar la continuidad de los beneficiosos efectos que la implementación de la ley”, señala la disposición publicada ayer en el Boletín Oficial. 

La prórroga será hasta el 31 de julio del año próximo y establece que los empleadores con hasta 15 trabajadores serán eximidos durante los primeros 12 meses de la relación laboral del pago de todas las contribuciones patronales. El siguiente año el empleador pagará el 25 por ciento de estas obligaciones. En el caso de empresas de entre 16 y 80 trabajadores, se establece para los dos años un descuento del 50 por ciento respecto de lo que daban pagar de contribuciones. 

Esta eliminación y/o reducción alcanza a contribuciones patronales establecidas en el régimen general, como el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Fondo Nacional de Empleo, el Régimen Nacional de Asignaciones Familiares y el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios. Quedan excluidas de este beneficio para los empleadores aquellas contribuciones con destino a las obras sociales y las cuotas de las ART.

La apertura a las importaciones, cuyo ingreso de productos sustituye a los fabricados localmente, los planes de reconversión en sectores sensibles de la economía, el retroceso del consumo y de la inversión, esta última derivada de los altos costos crediticios, son condiciones difíciles de compensar. Pero el gobierno apuesta a la reducción de cargas patronales para compensar el efecto recesivo de sus políticas en el mercado laboral. “Se ha comprobado la continuidad e incremento en la utilización de los beneficios otorgados de la mencionada ley desde su entrada en vigencia, aumentando las posibilidades de la contratación regular de los trabajadores”, según el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.