Nora Carballa, la directora del jardín de infantes N° 14 de Villa Caraza, de Lanús, a quien el programa de Jorge Lanata entrevistó por los robos sufridos en su escuela y a los que se pretendió ligar a un niño de 11 años, declaró en la Justicia que se sintió engañada por la producción de Canal 13. Así lo reveló a PáginaI12 la abogada Gabriela Carpineti, impulsora de la causa judicial iniciada por la denuncia de que la nota fue armada por las autoridades de Seguridad del municipio y de que el chico fue amenazado para que se prestara a la entrevista en la que se autoinculpó de varios delitos, incluido un homicidio. Ninguna constancia judicial prueba hasta ahora que los dichos del niño se correspondan con la realidad.

Carpineti contó que “lo que surge de la declaración de la directora del jardín es que se sintió engañada por la producción del canal porque cuando le pidieron hacer la entrevista era para hablar de lo que había pasado en el jardín, pero no para ser parte de un show mediático. Ella dijo que conoce al chico del barrio pero no lo reconoce como parte de los hechos delictivos que sufrió la institución. Además, relató que vio desde el interior del jardín, a través de la ventana, a (el secretario de Seguridad de Lanús, Diego) Kravetz, a los policías, el móvil policial y a los periodistas cuando estaban haciendo la entrevista al niño”.

La investigación contra Kravetz, y los funcionarios policiales que intervinieron en el caso del niño de 11 años cuyos derechos se vulneraron, tanto desde el municipio como en el programa Periodismo Para Todos, avanza en el la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Gabriel Lo Schiavo. Carpineti explicó a este diario que “con las testimoniales que se tomaron más otras pruebas que se aportaron al expediente se empieza a vislumbrar la persecución policial que venía sufriendo el niño y cómo esa historia se ‘vendió’ al programa de Lanata”. 

Carpineti explicó que los testimonios que se van sumando a la causa permiten establecer que hay una historia de persecución y vulneración de los derechos del niño por parte del municipio, desde antes de la emisión del programa de PPT (el 16 de junio), donde el quebrantamiento llegó a su máxima expresión. 

Hasta el momento, testificaron ante Lo Schiavo Fernanda Rivas, la madre del niño; la abuela; Victoria Bringas, coordinadora del predio de reciclado donde trabaja Rivas y la primera persona a la que el niño contó lo sucedido; Manuel Mateu, jefe del predio, y Nora Carballa, la directora del jardín, que declaró el jueves pasado. 

Del testimonio de la madre surge que tanto Kravetz como el niño reconocen conocerse de otras oportunidades. “El secretario de Seguridad sostuvo que al chico lo detienen una vez por semana y que lo conoce. Hay videos de operativos policiales donde aparece la cara del chico sin pixelar para proteger su identidad y que fueron pasados de forma reiterada en la televisión. Es decir ya venia siendo blanco de un ataque a sus derechos. En un video en el puente Alsina, en el que Kravetz estaba presente, aparece el chico a cara descubierta. El video fue subido a una página personal del secretario de Seguridad, aunque quizás ya lo haya bajado, y además entregado a los medios. Todo refuerza la hipótesis de que los funcionarios ‘vendieron’ este paquete al canal para que armaran una historia que criminaliza la niñez”, explicó Carpineti.

Según la letrada, el fiscal mostró predisposición para avanzar “con las imputaciones, así como también producir las indagatorias con celeridad”.

En este sentido, el fiscal libró varios oficios: a la Auditoría General de Asuntos Internos para que proporcione personal para obtener las cámaras de seguridad del Velódromo de Lanús (donde el chico contó que lo llevaron, un día antes, y lo amenazaron para que participara del programa) y del jardín de infantes; al juzgado de Familia N 2, del distrito, a fin de que se implementen los medios necesarios para que un perito psiquiátrico tome declaración al niño en Cámara Gesell; al ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, para que informe si personal de la Policía Bonaerense brindó cobertura al programa PPT; al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, para saber si personal de la Secretaría de Seguridad municipal ofreció cobertura al canal y en ese caso que informe los nombres de los uniformados y los móviles que intervinieron. También le pidieron que informe si Daniel Alberto Villoldo (ex comisario exonerado por León Arslanian) cumple tareas y qué participación tuvo en el hecho denunciado. 

Villoldo es el subsecretario de Seguridad de Lanús y mano derecha de Kravetz. Su camioneta VW Amarok patente JQW419 estaba frente al jardín de infantes cuando se hacía la nota de PPT. De hecho, sobre ella se apoyó el cronista del programa mientras le hacía preguntas al chico. Como ya informó PáginaI12, el dato lo descubrió el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que denunció a Villoldo como presunto jefe de un grupo parapolicial que el día anterior secuestró al niño para extorsionarlo a fin de que participara del programa de Lanata.

La protección a Kravetz

El bloque de concejales de Unión Ciudadana-PJ del distrito impulsa un pedido de informes a Diego Kravetz y al secretario de Desarrollo Social del municipio de Lanús, Emiliano Bursese, trabado hasta el momento, tanto por el bloque oficialista de Cambiemos como por la oposición del Frente Renovador. Algo similar ocurre en la legislatura provincial, donde se presentó un repudio a la utilización mediática del niño en el programa televisivo Periodismo Para Todos (PPT) y a la actuación del secretario de Seguridad del municipio, y un pedido de informes al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. Ambas presentaciones están aún sin resolver.

La concejal de Lanús Luciana Augustavicius, del bloque Unidad Ciudadana-PJ, en diálogo con este diario, explicó que “después de que se emitió el programa presentamos un pedido de informe para que Kravetz y Bursese respondan preguntas por la violación a la identidad del niño. Fue un pedido sobre tablas y no lo acompañaron ni el oficialismo (Cambiemos) ni los del Frente Renovador de (Sergio) Massa, ya que trabajan de forma asociada. El proyecto tomó estado parlamentario y está en tres comisiones: en la de Políticas Sociales, en la de Seguridad y en la Gobierno. Por supuesto que por cada comisión que pasa tarda más, y es para demorar que tenga dictamen”, dijo la concejal y remarcó que “no hay razón para que ese expediente quede ahí, aunque va a ser difícil que salga porque no tenemos mayoría en las comisiones”.

“Hay protección para Kravetz. Pedimos la interpelación cuando se produjo la represión en el comedor y nunca hubo respuesta. Este es el tercer pedido de informes porque está aplicando una política de seguridad terrible y lo siguen amparando”, remató Augustavicius.

Una situación similar ocurre en la Legislatura provincial. La diputada  Karina Nazabal, del FpV, explicó que “se hizo un repudio al programa y a los funcionarios que intervinieron, y un pedido de informes al Ejecutivo provincial. Pero como el oficialismo no puede imponer una agenda de trabajo en la Legislatura, no hay actividad y todo está trabado. Ocurrió lo mismo cuando quisimos tratar la agenda de NiUnaMenos, convocamos a sesión especial y no respondieron”.

Según Nazabal, el programa de PPT y los funcionarios quisieron “instalar una agenda para bajar la imputabilidad y les salió medio chueca la maniobra porque hubo una reacción fuerte de la sociedad civil. Trataron de utilizar a un pibe para alcanzar un objetivo político, poniendo sobre las espaldas de un nene de 11 años la inseguridad de la provincia. Problema que está relacionado con el modelo de hambre, desempleo, de falta de expectativas e ilusiones que lograron instalar en poco tiempo. Si, eso es inseguridad, pero social”, remarcó la legisladora.