La docencia autoconvocada mantuvo su primera mesa técnica con el gobierno salteño, tal como habían acordado después de la firma de un acta el 9 de junio en la Legislatura provincial. Se trata de un sector de los y las educadoras que convalidaron discutir los términos de los pedidos de mejoras laborales que vienen realizando desde febrero, y que integran el documento firmado a principios de este mes.
Durante el encuentro, que tuvo lugar en la presidencia de la Cámara de Diputados, se trataron diversos temas. Entre los principales, destacaron la devolución de los días no trabajados, durante los paros de 24, 48 y 72 horas en marzo y abril pasado, y el plan de recuperación de contenidos relacionado con la última resolución ministerial 163/23 del 12 de junio pasado. Además, solicitaron extender hasta hoy el reintegro a las aulas de los y las docentes en paro, y la nulidad de las causas judiciales tras la represión del 25 de mayo sobre ruta nacional 9. La delegada por el departamento Los Andes, Claudia Ávalos, planteó una modificación en el porcentaje de las regalías mineras para contar con fondos destinados al área educativa de su departamento en particular y de la provincia en general.
En representación del gobierno de Salta asistieron el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix, el presidente del
Interbloque, Jorge Soto, y los presidentes de las Comisiones de
Educación de ambas cámaras, Carlos Rosso, por el Senado, y Germán Rallé, por Diputados. Por la docencia dialoguista fueron invitados delegados y delegadas de todos los departamentos salteños. Asistieron representantes de Cafayate, Rosario de la Frontera, Cerrillos, la Viña, Los Andes, Rivadavia, San Carlos, Cachi, Guachipas, Orán, La Poma, Iruya, Güemes, La Candelaria, La Caldera, Metán, Rosario de Lerma, Capital y Anta.
Marcela Reyes, delegada por el departamento Rosario de la Frontera, valoró la reunión como "muy positiva". Detalló que el lunes se decidió conformar una mesa de trabajo en la que se discutirán aspectos pedagógicos. "Tenemos expectativas de que van a dar sus frutos en el futuro (por las mesas de trabajo) y así vamos a lograr la recomposición salarial que tanto necesitamos los docentes", aseguró. Firmaron un acta de nueve puntos donde también solicitaron mejoras en los fondos que se destinan para los comedores escolares del Plan Provincial de Nutrición que brindan meriendas, almuerzos y meriendas en las escuelas salteñas.
"Pedimos que se arbitren los medios para que las 19 personas con causas por la represión del 25 de mayo para que queden con su ficha o legajo limpios y no afecte sus titularizaciones", contó la delegada.
Por otro lado, solicitan que "el cargo testigo de maestro, que después impacta en los cargos docentes de primaria y secundaria, pase de un tope de 22,5 horas cátedra a 27 horas cátedra".
Al concluir el encuentro, el vicegobernador Antonio Marocco recordó a los presentes que la
idea central de esta mesa era trabajar "por el bienestar de los niños de
la provincia que hoy están ausentes", porque no asisten a clases, y también alcanzar un acuerdo con "los docentes que los educan”.
Diferencias
Otra parte de la docencia salteña decidió en una asamblea provincial realizada la semana pasada designar un abogado que la represente en la pelea judicial que decidieron encarar. "El vicegobernador y los legisladores que se presentaron como intermediarios en esta negociación salarial, no tienen en cuenta que no son los empleadores de la docencia en general", explicó a Salta/12 Sergio Heredia, representante legal de un sector de la docencia provincial. "Presentamos una carta documento dirigida al Antonio Marocco el viernes pasado para que no realice la reunión del 26", prosiguió el letrado, en alusión a la mesa técnica que tuvo lugar el lunes último.
"Represento a la docencia de toda la provincia de Salta", continuó. Recordó que el proceso de las y los autoconvocados tiene larga data y se remonta a finales de los años noventa en las puebladas de Mosconi y Tartagal en el norte salteño.
"En esos años los trabajadores públicos se autoconcovaron para defender sus derechos laborales, y fue entonces cuando surgió el mecanismo de asamblea, mandatos y delegado", dijo. Agregó que durante la segunda gestión de Juan Carlos Romero al frente del gobierno provincial, el mandatario firmó un acuerdo con la docencia salteña que desactivó las medidas de fuerza. "Fue el primer acuerdo firmado por un mandatario salteño y representa el primer antecedente de reconocimiento del sector de autoconvocados", explicó. En 2005 el actual senador nacional enfrentó una huelga de las y los educadores públicos, en la que finalmente optó por ceder un porcentaje en la puja salarial por el básico. Romero dijo entonces que su gobierno reconocía "dentro de sus posibilidades, un aumento muy importante a los docentes, llevando el básico a 320 pesos (U$S 110) que no es otra cosa que una referencia, porque el sueldo nunca va a bajar de los 712 pesos (U$S 245)". En aquella ocasión hubo represión en la plaza principal de Salta y en las escalinatas de la Catedral Basílica.
Heredia recordó además que sus representados desconocen la asamblea docente que se realizó en Campo Quijano el 10 de junio último. También el acta que los y las delegadas firmaron con el vicegobernador Antonio Marocco. "Fue una medida dilatoria", calificó el abogado en relación al acta rubricada por las y los docentes que firmaron sin el mandato de toda la docencia autoconvocada. "Además, no se trató de un acta compromiso, sino de una simple acta que carece de valor", insistió Heredia. Informó que, por lo tanto, "la primera acción fue el envío de una carta documento dirigida al vicegobernador, solicitándole que no realice el encuentro previsto mediante la resolución ministerial 159", dijo. Se trata de la primera resolución firmada por el ministro de Educación Matías Cánepa, que planteaba un plan de recuperación de contenidos por los días no trabajados. Ese instrumento emitido el 7 de junio, cambió días más tarde en algunos aspectos solicitados durante los días de huelga, y fue publicado como resolución 163/23.
El representante legal añadió que la segunda medida será lograr que se sienten a dialogar: "el gobernador de la provincia de Salta de un lado y la docencia salteña del otro". Heredia argumentó que el gobierno salteño es el empleador de los y las educadoras de escuelas públicas en la provincia y, por lo tanto, es él como titular del Poder Ejecutivo quien debe firmar los acuerdos correspondientes, no el vicegobernador.
Heredia dijo que no cobra a los y las docentes, "No permito ni que me paguen un café", porque entiende que "llevan adelante una pelea justa: son los más débiles frente a un empleador que es nada más ni nada menos que el gobierno de Salta". Agregó que la resolución ministerial 163/23 fue elaborada para que la docencia regrese a las aulas admitiendo que cometió una falta. "La huelga es un derecho de las personas que reclaman por mejoras salariales", recordó el letrado.
Uno de los delegados más criticados por sus vínculos con el vicegobernador de Salta y que participó en la mesa técnica del lunes último, Ramón Bazán, fue crítico con la posición de Heredia. "Yo no considero que el vicegobernador sea un intermediario no válido", dijo a Salta/12. "Por la Constitución provincial, puede llevar adelante negociaciones y establecer acuerdos", recordó. Por otro lado, aseguró que su mandato como delegado por el departamento de General Güemes cuenta con la legitimidad de los y las educadoras de esa jurisdicción. "En la última asamblea del 24 de junio, ratificaron mi mandato por quinta vez consecutiva", aclaró.
Bazán dijo que durante la reunión del lunes, solicitaron al área técnica del Ministerio de Educación provincial que se liquide de manera diferenciada los sueldos del sector primario y del secundario. "Durante las huelgas, la mayoría de la docencia que se manifiesta en las calles pertenece al nivel primario, pero cuando se logran mejoras, esa pelea impacta mucho más en el salario de la docencia secundaria que en la del nivel primario", dijo. "Tenemos muchos problemas en nuestro salario, y es algo que se remonta a la época de la Ley de Emergencia Económica de hace treinta años", explicó refiriéndose a la Ley de Reforma Administrativa del Estado y Emergencia Económica (6583) sancionada en marzo de 1990 durante la gestión de Hernán Cornejo.
"No pretendemos que se acomoden de un día para el otro irregularidades en nuestros salarios que esa ley generó", continuó Bazán en referencia a los porcentajes no remunerativos que permanecen desde entonces en la grilla salarial docente. "Tenemos que lograr un piso salarial acorde a la canasta básica", estimada en 203 mil pesos por INDEC el 17 de mayo último. "El salario básico de la docencia se encuentra en $89.000 promedio para el nivel primero. Lo que buscamos es trabajar sobre ítems específicos (fórmula de jornada simple nivel primario y topes en las horas cátedras de nivel secundario) para mejorar lo que se cobra de bolsillo".
