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Después de dos semanas de silencio frente a los numerosas manifestaciones que gran parte de la sociedad de Jujuy le viene espetando por salarios de pobreza y la amañada reforma constitucional, la gobernación de Gerardo Morales contraatacó justo cuando se cumple un mes de la primera manifestación popular. Lo hizo con una decisión que enciende todas las alertas y obliga a recalcular estrategias de lucha: el gobierno provincial resolvió constituirse como querellante en múltiples causas que atraviesan a todos los episodios de protesta registrados hasta ahora. Las imputaciones a los manifestantes pueden derivar en multas de hasta un millón y medio de pesos y en condenas de 25 años de prisión. Una arremetida favorecida por figuras establecidas en la nueva Carta Magna y que dan razón a quienes la cuestionaban justamente por criminalizar la protesta social.
Así lo hicieron saber el fiscal de Estado Miguel Ángel Rivas, el ministro de Seguridad, Guillermo Corro, y el procurador general, Sebastián Albesa, quienes detallaron los pasos a seguir “por orden expresa del gobernador”, según subrayaron, pese a que se sabe que Morales no se encuentra en Jujuy desde hace al menos quince días.
En nombre del restablecimiento del "clima de paz, armonía y progreso”, el triunviro desplegó ante la prensa la estrategia que se piensa seguir en unas cien causas ya iniciadas, además de otras que no se descarta iniciar sobre distintos episodios sucedidos en el corte inicial de Purmamarca que desató la primera escena de represión violenta a cargo de la policía provincial, la protesta en inmediaciones de la Legislatura tras la polémica jura de la nueva Constitución que Gerardo Morales ordenó realizar de manera repentina, las posteriores tomas de ruta y el escándalo en la puerta del Concejo Deliberante de Humahuaca, que acabó con varios detenidos y un joven herido de gravedad en un ojo por un disparo las fuerzas de seguridad.
La intención para darle volumen jurídico a todos estos hechos es muy evidente y los encargados del mandado ordenado por Morales lo dejaron claro: “Estos hechos han sido planeados y orquestados, tratan de quebrar el Estado de derecho”. Esta declaración no hace otra cosa que repetir lo que de manera sistemática el gobernador y sus súbditos fueron intentando instalar en todas sus alocuciones previas con distintos calificativos y eufemismos: toda acción de protesta responde a un plan direccionado por expresiones opositoras al gobierno (denominados de manera indistinta como “la izquierda”, “el kirchnerismo”, “la Tupac Aparu” o “el turismo piquetero”, tales las expresiones usadas por el oficialismo jujeño). “Se quiere volver al uso extremo de la violencia, a métodos extensivos”, insistieron a coro Rivas, Corro y Albesa. El propio Morales había dicho el 20 de junio que tenía “pruebas contundentes” para aseverar esta tesis, aunque de momento lo único que mostró fue una serie de tuits fallidos y adulterados que lo obligaron a recular.
Las causas se ordenan básicamente en cuatro episodios. Respecto del corte del cruce de las rutas 9 y 52 en acceso a Purmamarca del sábado 17 de junio las acusaciones son sobre las figuras de privación ilegitima de la libertad agravada, sedición, atentado a la autoridad agravado y resistencia a la autoridad. En relación con la protesta frente a la Legislatura provincial del martes 20 se acusa por el delito de sedición, estrago doloso agravado, daños a bienes de uso público, atentado a la autoridad agravado, resistencia a la autoridad, lesiones leves doblemente agravadas y estorbo funcional.
Sobre los otros cortes (que en total, sumando los activos y los eventuales, rondan las dos decenas) imputan el impedimento, estorbo y entorpecimiento de los servicios públicos esenciales de salud, atentado y resistencia a la autoridad, entre otros delitos. Mientras, las protestas frente al Concejo Deliberante de Humahuaca de la madrugada del sábado pasado implican acusaciones de privación ilegitima de la libertad agravada, lesiones leves doblemente agravadas y estorbo funcional.
“Se va a perseguir a los autores materiales, cómplices e instigadores”, hicieron saber los voceros del gobierno provincial, que van intercambiando la vocería. Una extraña treta que impide centralizar el discurso en alguien en particular, acaso para no quitarle protagonismo a Morales, pese a que este prefiere evitar las comunicaciones oficiales y manifestarse en entrevistas con medios afines.
Las penas en todos los casos pueden llevar a una multa de un millón y medio de pesos y hasta a veinticinco años de prisión. Pero eso no es lo peor: se insinuó que instaran a que se apliquen prisiones preventivas “hasta que se obtengan las sentencias definitivas”. Una estrategia que recuerda a la que Morales impulsó con Milagro Sala ni bien asumió como gobernador.
Marcha de antorchas
Mientras tanto, nuevas localidades de Jujuy siguen expresando su rechazo a la reforma constitucional y también al accionar represivo del gobierno a través de declaraciones formales de sus concejos deliberantes: a La Quiaca, Humahuaca, Abra Pampa y El Aguilar se sumaron Tres Cruces, Tilcara, Maimará y Palpalá, esta última a pasos de San Salvador. En ese contexto, una multitudinaria marcha de antorchas iluminó la noche del miércoles en la capital jujeña.
Naturalmente, la embestida anunciada por el triunviro jurídico del gobierno de Morales generó un fuerte rechazo en todos los nodos de conflicto, donde se analizaban distintas variantes para redoblar la protesta. Una de ellas consiste en anular todos los otros cortes para concentrar la acción en el inicial, el de Purmamarca, donde la interrupción del tránsito ya no sería con intervalos sino directamente con un impedimento total de circulación.
