El viernes la comunidad educativa del Lengüitas realizó un abrazo simbólico al colegio. ¿Por qué? A todos los temas que fuimos viviendo con respecto a la educación de nuestros hijos, el miércoles nos enteramos de que la directora del establecimiento de educación secundaria sería reubicada preventivamente por, supuestamente, haber faltado al protocolo en el caso de un estudiante que intentó suicidarse a finales de noviembre del 2022.

Tres cuestiones me gustaría remarcar. Por un lado, el “protocolo” es una palabra que nos viene del latín “protocollum”, que a su vez deriva del griego clásico “protokollon” que significa “la primera hoja o tapa, de un manuscrito importante, con notas sobre su contenido”.

Hoy lo llamaríamos en un libro el índice, la página donde se orienta a un practicante en cualquier arte o conocimiento, allí se encuentra cómo está organizado y cómo orientarse en la práctica. El debate se encuentra en cualquier editorial, en cualquier lector, en cualquiera que mira una serie por streaming, ¿ese protocolo se debe ubicar adelante configurando un tremendo espoiler? o ¿al final, cuando, luego de leer, podrías realizar junto al escritor, guionista, funcionario, una síntesis de lo realizado? ¿Protocolo adelante o protocolo atrás? No es una mera ubicación sino una decisión vital con implicancias epistemológicas y, sobre todo, políticas.

Si lo ponemos por delante, se produce una culpabilización anticipada de un funcionario educativo sin haber llegado a un veredicto acerca de su accionar, en el cual se debería incluir a través de consejos escolares no sólo autoridades educativas sino también de la comunidad, padres y madres y especialistas en problemáticas adolescentes.

Porque ante todo, más allá de las disquisiciones que podamos realizar, estamos frente a un tema central para pensar como sociedad: el suicidio adolescente. Por otro, la utilización de la ciencia jurídica como zanjamiento de las problemáticas sociales constituye, a mi parecer, un grave y extendido error que, sea quien lo realizara, achata las posibilidades de una civilidad democrática.

La reubicación preventiva es un eufemismo, aparentemente en la carta nos dicen que están cuidando al funcionario educativo, en este caso a la directora. Creo que cualquiera en su sano juicio no quisiera que lo cuidaran de esa manera. Además que los juristas, que no lo soy, sostendrían que todo ciudadano y ciudadana es inocente hasta que se compruebe lo contrario.

Te reubican en otra escuela porque te investigan si no actuaste siguiendo el protocolo que conduce primero al gabinete de orientación escolar, luego al ministerio y como cabeza, a la ministra de educación porteña Soledad Acuña. Tenerla como último eslabón y principal validación de toda la cadena protocolar nos deja expuesto que, como ya lo ha demostrado, se ha dedicado a la “marcación” de familias (escuchen y vean el video que circuló por redes), como lo ha dicho ella misma en un famoso lapsus que debería entrar al museo de los objetos preciosos de la psicología moderna.

¿Qué pasaría si la sociedad pudiera “reubicar preventivamente” a los funcionarios políticos que para gestionar no necesitan décadas de práctica, puntaje y decisión de gestión como cualquier director de escuela?

El caso del adolescente es un episodio en el cual es difícil hacer comentarios.  Se trata del intento de suicidio de un estudiante de nuestro establecimiento que nos angustió y nos angustia. Como padre y como psicólogo, sé que los llamados Doe (departamento de orientación escolar) tienen una tarea que despiertan mi más alta consideración aunque reconozco que tienen asignada tal magnitud de población estudiantil que dificulta su trabajo.

Por su envergadura, el protocolo debería conllevar la existencia de un frondoso equipo de profesionales interactuando con los chicos y chicas y no esa espera comprensible frente a especialistas educativos, una tarea compleja. Así como por la cantidad de horarios de vacancia de clases el ministerio acusa a los docentes, en este caso acusa “por protocolo” a la directora del colegio por el intento de suicidio.

Quisiera preguntarle a la ministra si su cargo tiene las mismas características y si podríamos a ella también “reubicarla preventivamente” cuando incurra en alguna falla protocolar. En este caso, ya lo haríamos por tener la educación pública un número de especialistas infinitamente inferior a los necesarios para la atención en salud mental con estudiantes adolescentes.

Si el protocolo apunta a las formas, el fondo tiene que ver con el difícil tema del suicidio adolescente, la falta de equipos especializados y la marcación de familias. ¿Podríamos pedirle a la ministra que hablara algo de la problemática adolescente? O quizás su tarea sea sólo protocolar y su libreto lleve desde la primera página cómo debe comportarse un funcionario si pasase tal cosa en vez de realizar un llamado al consejo de todo el arco educativo para evaluar una problemática de fondo como es la situación de los adolescentes.