No es la primera vez que integrantes de la Comunidad India Quilmes (CIQ), encabezados por su cacique, Francisco “Pancho” Chaile, dejaron sus quehaceres cotidianos para rechazar una invasión a su territorio, esta vez, por parte de un empresario cuya familia es una de las propietarias del principal diario de la provincia de Tucumán.

El pasado 19 de mayo a la altura del kilómetro 4287 de la ruta nacional 40 cerca de la localidad Quilmes Bajo, extraños, al decir de los comuneros, alteraron significativamente la normalidad de la familia que ancestralmente ocupa esa zona porque dos obreros no sólo instalaron una casilla en tiempo record y llevaron herramientas con la pretensión de permanecer sino que cuando se les pidió que se retiraran llamaron al accionista del medio de comunicación.

Sigue la entrevista que Salta/12 realizó al cacique Chaile, quien el 2 de junio denunció el delito en la comisaría de Colalao del Valle y poco después, a través del apoderado legal, Juan Carlos Wierna, presentó el caso ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo encargado de aplicar la legislación vigente y velar por los intereses de los pueblos indígenas.

-¿Sufrieron otro intento de invasión?

-Sí, el 19 de mayo me avisan que dos personas extrañas habían entrado a un cerco donde vive una familia asentada ahí por generaciones. En dos horas nos juntamos comuneros, delegados, y fuimos a descubrir quién era que estaba, por qué, quién... Recién nos enteramos que era por orden de este señor Bernardo García Hamilton y que según él había comprado, hacía 15 años, (una parcela que va de la ruta 40 a las cumbres donde están las nacientes de agua). Nosotros nunca lo vimos en el lugar, ni lo conocíamos a él. Yo sé, García Hamilton es un apellido que suena porque son los dueños de La Gaceta, pero de ahí decir que ellos estaban ahí o que vivían ahí o que han posesionado, jamás. Para nosotros ellos son usurpadores. Dicen que compraron, nosotros decimos que han comprado buzones, porque nosotros a partir del 94, que se reformó la Constitución de la Nación, tenemos un respaldo, que la tierra que habitamos, que trabajamos, que ocupamos, que poseemos, nos pertenece, le pertenece a la comunidad india quilmes.

(Imagen: gentileza Sergio G. Condori). 

-¿Cacique, recuerda cuándo fue la última vez que tuvieron que rechazar intrusos?

-Primera vez que nos pasa esto, primera vez en muchísimos años que alguien venga a meterse en lo encerrado (parcelas alambradas habitadas por comuneros). Hemos corrido gente de la parte abierta. Porque nuestra comunidad tiene fácilmente un 70, un 80% de campos abiertos. Y entonces en eso por ahí a veces se ha sorprendido a alguno, queriendo alambrar o queriendo hacer alguna posesión, no le hemos dado lugar y cuando hemos ido a la justicia nunca hemos hemos fracasado así que en lo encerrado más con razón. En estos casos realmente tenemos todas las de ganar.

-Cacique, ¿qué sienten, qué piensan ustedes cuando gente poderosa aparece con supuestos títulos en la mano?

-Es notable y vemos que los tiempos están muy peligrosos para nosotros. Los que vienen están muy ligados a la gente que tiene plata, a la gente que tiene poder, ocupan algún tipo de cargo en el gobierno. Así que desgraciadamente nosotros estamos muy en desventaja, ¿no? Las comunidades indígenas del país y los Quilmes estamos muy en desventaja realmente porque no tenemos amigos que sean jueces o que sean jefes de policía o que sean ministros o gobernadores. No tenemos amistad, nosotros no tenemos relaciones con nadie.

-¿Cómo actúa la justicia cuando la comunidad quiere denunciar?

-Cuando ponemos una denuncia pasa mucho tiempo, tardan meses en atenderla y a veces no nos dan la razón, a veces quedan las cosas ahí sin que se termine realmente el pleito. Se ha hecho muy difícil nuestra vida últimamente. Es muy fuerte el hambre o el deseo de personas ajenas por nuestro territorio, por las viñas y otros cultivos que hace que los que ya tienen en la provincia de Salta, gente de mucho poder, tienen puestos los ojos en nuestros territorios, nuestras comunidades. Ven que nosotros no tenemos cómo defendernos, que los abogados se nos pueden vender o que no tenemos con qué pagar un abogado. Entonces hay muchos factores que ellos están sabiendo que realmente van a triunfar porque nosotros no tenemos las condiciones que tienen ellos. Ningún juez amigo, ningún fiscal amigo, ningún comisario, ningún jefe de policía, no tenemos gente que pueda hacer justicia.

"Vino con un fiscal"

La Comunidad India Quilmes padeció un intento de usurpación que fue rechazada por los comuneros el 19 de mayo pero el 2 de junio el “usurpador”, como dice el cacique Chaile, “vino con un fiscal. Sí, vino con un fiscal, el secretario del fiscal y con la Policía que trató de estar allá, lejos, no se metió mucho. Y el fiscal estaba, digamos, buscando toda la cordialidad posible. Cuando veía que nosotros nos queríamos poner medio rigurosos, queríamos hablar fuerte, nos trataban de que hablemos más despacio, que nos entendamos, que no íbamos a pelear, buscaban cordialidad (pero) nos trataban de dañinos, de ladrones a nosotros, que habíamos robado cosas, la casilla, no sé qué más habíamos robado. Y ellos han secuestrado una camioneta, celulares y herramientas de trabajo a dos comuneros, uno de ellos delegado de base, Darío Suárez y, Sebastián Costilla”.

Los comuneros siguen esperando, a más de un mes del hecho, que sus pertenencias les sean devueltas. La “justicia” al voleo acusó, allanó y secuestró herramientas de trabajo. No fue contra la comunidad ni contra el cacique sino contra dos integrantes de la CIQ.

En la entrevista el cacique Chaile invocó sin nombrar al artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional reformada en 1994, que cambió el paradigma dominante respecto del trato que la Argentina daba a los pueblos indígenas.

Según el artículo 75, inciso 15 de la Carta Magna de 1853 el Congreso Nacional debía “proveer a la seguridad en las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo”.

En cambio, por el mencionado articulo 75, inciso 17, el Estado argentino dispuso “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.”.

En ese marco, los pueblos indígenas cuentan con la ley 26160 que, sancionada en el 2006, fue prorrogada en tres oportunidades y declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas; suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos que busquen el desalojo o desocupación de tierras ocupadas por comunidades; ordena un "relevamiento técnico, jurídico y catastral”. El relevamiento con el territorio de ocupación “actual, tradicional y pública” está expresado en una carpeta técnica que los Quilmes tienen y que usarán ante todo intento de despojo.