Rosario/12
Diecinueve policías que eran juzgados por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco, detenido en la comisaría séptima de Rosario en octubre de 2014 y cuyo cadáver fue encontrado tres semanas después en el río Paraná, fueron absueltos por el Tribunal Oral Federal en lo Criminal 2 , tras un juicio que había comenzado hace un año y medio. El fallo tuvo dos votos a favor y una disidencia, y generó un fuerte repudio por parte de Ramón Casco, el padre de la víctima, quien denunció que "no hay justicia en este país" y que "a Franco lo mató la policía, esa es la verdad".
El voto en contra de la absolución generalizada está firmado por Otmar Paulucci quien pidió "condenar a Diego Álvarez ( jefe de la comisaría) a Franco Luciano Zorzoli y Romina Anahí Díaz como coautores penalmente responsables del delito de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público con abuso funcional con el delito de imposición de tortura seguido de la muerte de la víctima Franco Ezequiel Casco a las penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua y especial más accesorias legales y costas".
Parece increíble pero en la misma causa, dos jueces no encontraron prueba alguna y un tercero entendió diametralmente lo contrario. Ellos fueron Ricardo Moisés Vázquez y Eugenio Martínez Ferrero, quienes ordenaron la libertad de los procesados que cumplen prisión preventiva.
Miembros de la Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario junto a militantes de diversas organizaciones acompañaron en la sede de los Tribunales Federales de Rosario a la familia de Casco, durante la lectura del veredicto del juicio oral que se inició en diciembre de 2021.
La sentencia del TOFC 2, en voto dividido, dictó la absolución de los 19 policías procesados por el crimen de Franco Casco, a pesar de que la fiscalía había solicitado en su alegato condenas para todos ellos, menos uno. El voto en disidencia del presidente del tribunal, Otmar Paulucci, se inclinó por la condena a prisión perpetua de tres policías por la desaparición forzada seguida de muerte de Casco, y de encubrimiento de otro grupo de miembros de la fuerza de seguridad. Se trata de Walter Eduardo Benítez, César Daniel Acosta, Enrique Nicolás Gianola Rocha, Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gysel, Rocío Guadalupe Hernández, Esteban Daniel Silva y Ramón José Juárez, como coautores penalmente responsables del delito de encubrimiento doblemente agravado a las penas de seis años de prisión e inhabilitación absoluta y especial por igual tiempo".
Paulucci además ordenó "extraer copia de las constancias y declaraciones pertinentes y enviar las mismas a la Fiscalía Federal en turno para que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública, atento las contradicciones suscitadas entre las manifestaciones de los testigos Guillermo Apanowicz ( primer fiscal provincial de la causa en octubre de 2014) y Martín Casella durante la audiencia de debate. Es que Casella, es un comerciante que tiene su negocio en Cafferata 290, es decir a metros de la comisaría 7ª, a quien le requirieron el contenido de la cámara de seguridad externa de su local. Iba a proporcionar los registros del 7 de octubre entre las 21 y las 23 que podría permitir eventualmente, en caso de ser captado, advertir si Casco pasaba o no por allí luego de ser liberado. “Nunca vinieron a buscarlos”, sostuvo.
Tanto uno de los abogados querellantes por la familia Casco, Salvador Vera, como el fiscal del juicio Fernando Arrigo adelantaron que apelarán la sentencia una vez que se conozcan los fundamentos, el 25 de septiembre próximo.
Con una remera que decía “Justicia por Franco Casco”, enfundada la cabeza en una gorra y con la mirada gacha, y rodeado de policías que lo custodiaban de civil, Ramón Casco escuchó la sentencia en una pantalla ubicada en bulevar Oroño al 900, frente a los Tribunales Federales locales.
Cuando el juez Paulucci leyó el veredicto absolutorio se produjo un intenso silencio, apenas interrumpido unos segundos después por algunas personas que cantaron “yo sabía, a Franco Casco lo mató la policía”.
“Nosotros luchamos 9 años para que se haga justicia, ahora no creo en la Justicia”, dijo el padre de la víctima, y agregó: “Imagínense cómo puedo estar después de escuchar este veredicto tan horrendo... estoy como cuando lo mataron a Franco”. Casco se lamentó por la "falta de Justicia" en el país, aunque prometió “seguir luchando” por su hijo fallecido.
De acuerdo a la investigación, a fines de septiembre de 2014 Franco Casco arribó en tren desde la localidad bonaerense de Florencio Varela a Rosario para visitar a unos familiares. El 6 de octubre se disponía a regresar a su domicilio, pero nunca llegó y sus parientes comenzaron a buscarlo.
Según la versión policial, un vecino llamó al celular del comisario de la seccional 7ª de Rosario, Diego Álvarez, para alertarlo sobre un joven en "actitud sospechosa", que fue demorado en la comisaría. Los familiares de Franco lo buscaron en esa seccional pero, aparentemente por haber sido ingresado con el apellido materno, le dijeron que no había estado allí. Los policías involucrados admitieron luego ante la Justicia que, tras solicitarle los datos personales, el joven fue liberado.
Para el fiscal del caso, Fernando Arrigo, fundado en la autopsia y en las testimoniales de personas que la noche del 6 de octubre de 2014 estaban detenidos en la seccional 7ª, Casco fue golpeado, torturado y asesinado, y su cuerpo arrojado al río Paraná, por lo que se trató de un caso de violencia institucional. Tras tres semanas de búsqueda, el cadáver del joven apareció flotando en el río.
En el alegato final del juicio oral, Arrigo pidió prisión perpetua para el comisario Álvarez, los agentes Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco, y la agente Cecilia Rut Elisabet Contino, por desaparición forzada de persona, agravada por la muerte de la víctima e imposición de torturas seguida de muerte.
Por esos delitos y en calidad de “coautores”, solicitó igual pena para el subcomisario Enrique Nicolás Gianola Rocha; el jefe de sumarios César Daniel Acosta y los agentes Cintia Débora Greiner; Marcelo Alberto Guerrero; Guillermo Hernán Gysel; Rocío Guadalupe Hernández; Esteban Daniel Silva; Romina Anahí Díaz; Ramón José Juárez y Franco Luciano Zorzoli.
A la vez, el fiscal pidió 14 años y 10 meses de prisión e inhabilitación absoluta para los agentes Belkis Elisabet González y Rodolfo Murua, a quienes consideró "partícipes secundarios" de la desaparición forzada. Y solicitó 5 años y 10 meses de prisión para dos efectivos de Asuntos Internos, Pablo Síscaro y Daniel Escobar; al tiempo que solicitó la absolución del agente Walter Ortiz.
