Censuran la promesa de abstenerse del conflicto social
Conciliación y manoteo
El Acta negociada bajo inspiración papal por el Movimiento Evita y el gobierno incluía un canje de beneficios por paz social hasta 2019. Provocó conflicto interno y fue mutilado en la solicitada. Los incumplidores seriales del gobierno prueban su propia medicina.
El último párrafo del Acta Acuerdo obliga a los movimientos sociales a no participar en conflictos durante los tres años que restan al mandato de Macrì.El último párrafo del Acta Acuerdo obliga a los movimientos sociales a no participar en conflictos durante los tres años que restan al mandato de Macrì.El último párrafo del Acta Acuerdo obliga a los movimientos sociales a no participar en conflictos durante los tres años que restan al mandato de Macrì.El último párrafo del Acta Acuerdo obliga a los movimientos sociales a no participar en conflictos durante los tres años que restan al mandato de Macrì.El último párrafo del Acta Acuerdo obliga a los movimientos sociales a no participar en conflictos durante los tres años que restan al mandato de Macrì.
El último párrafo del Acta Acuerdo obliga a los movimientos sociales a no participar en conflictos durante los tres años que restan al mandato de Macrì. 

En una solicitada que se publicó ayer en este diario con el título “Emergencia Social”, medio centenar de organizaciones de todo el país transcriben el Acta Acuerdo firmada el miércoles 23 en el salón Parodi del Congreso con los ministros Carolina Stanley y Jorge Triacca (h). En realidad no toda el Acta Acuerdo, ya que la solicitada enumera las concesiones arrancadas al gobierno nacional pero omite la contraprestación a que se obligaron los firmantes. En el punto 7.a el Acta indica que el proyecto de ley que acuerdan ambas partes extenderá la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019. El último punto del Acta, que no figura en la solicitada y que se reproduce en facsímil en esta página, dice que mientras rija la emergencia, es decir por todo lo que resta del mandato presidencial de Maurizio Macrì y las primeras tres semanas de quien lo suceda, “habiendo alcanzado un acuerdo de este modo las organizaciones presentes con la finalidad de colaborar en la conciliación aquí alcanzada se abstendrán de cualquier situación conflictiva, cualquiera sea su naturaleza. Dicha obligación alcanza a las partes firmantes del acuerdo con la representación que ostentan, y estas se obligan en su propio nombre y en el de sus representados”. 
La Conciliación es un vocablo con historia en la política moderna. Así se le llamó a los tratados de Letrán que la Iglesia Católica conducida por el papa Achille Ratti firmó en 1929 con Benito Mussolini, por los cuales se creó el estado Vaticano y se acordó una enorme compensación económica a la monarquía confesional por la pérdida de los estados pontificios, que los papas gobernaron durante los once siglos previos. Pío XI fue llamado el Papa de la Conciliación y en la década siguiente se abrió con ese nombre una avenida que une Italia con el Vaticano. Los tratados de Letrán no se aplicaron sin sobresaltos y obligaron a constantes renegociaciones entre la Iglesia y Mussolini, quien sólo aceptaba una adhesión incondicional. Es difícil atribuir a la casualidad la reaparición de este vocablo para un acuerdo que fue impulsado desde aquel minúsculo estado de 44 hectáreas por el Papa Bergoglio, cuya exhortación apostólica Evangelii Gaudium recoge cuatro principios: (ver tabla 1).
La idea de que “la unidad es superior al conflicto” reaparece en la encíclica Lumen Fidei, donde también postula “la cultura del encuentro”. Estas definiciones que han orientado la práctica de Bergoglio desde sus tiempos como provincial de la Compañía de Jesús en la Argentina, explican alguna de sus diferencias con Orlando Yorio y Francisco Jalics, quienes seguían los preceptos de la teología de la liberación. Es notable que ese programa de unidad, conciliación y pragmatismo haya sido predicado ante hombres de negocios por el primer obispo designado por el Papa, Víctor Manuel Fernández, el dador intelectual en el que descansa Bergoglio, de Aparecida en adelante. 
La censura de ese párrafo fundamental es coherente con la tradición eclesiástica y en particular con el hábito de Bergoglio de mutilar documentos para que no sea evidente la complicidad con los momentos más negros de la historia argentina. Negro sotana, para mayor precisión.

Este no es el único espejismo que contiene el Acta. Los firmantes son la Asociación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista Combativa y Barrios de Pie, representadas por Esteban Castro, Juan Carlos Alderete y Daniel Menéndez. En cambio, no aparecen los principales impulsores y partícipes de la negociación: el Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE), que conduce el consejero pontificio Juan Grabois, y el Movimiento Evita. La CTEP es la organización paraguas que cubre a muchas otras, entre ellas el MTE y el Evita. Además El Gringo Castro que preside la CTEP, es miembro del Evita, cuyos dirigentes Emilio Pérsico y Fernando Navarro tradujeron al lenguaje terrenal las definiciones papales, en el reportaje con la revista Crisis. Allí Navarro dijo que “yo quiero sacarle todo lo que pueda [al gobierno]. Y para eso tengo que estar cerca, le manoteo, le saco”. Esto permite “acumular, crecer, para tratar de ganarles”. Pérsico reivindicó como un objetivo legítimo que los acuerdos con el Poder Ejecutivo aseguren gobernabilidad y Navarro expuso que “si Macrì se cae esto gira más a la derecha aún”. Si ese giro a la derecha se produce como consecuencia de una crisis, el capitalismo salvaje intentará legitimar con ayuda de los medios “la represión que puede venir”. En una sociedad cuya mayoría “avala a aquel que mata en defensa del auto, la guita, la propiedad”, Navarro sostiene que el enfrentamiento es una trampa, porque entonces “vamos a perder en serio”, dado que “todas las crisis las paga el pueblo”. Proponen una alternativa en tres pasos: 1. dejar de retroceder, 2. paliar la urgencia, y 3. construir unidad, para “ganarles en el marco de la democracia y las elecciones”. Sin que se lo preguntaran, Navarro añadió que Massa no los expresa “pero tampoco negamos la realidad del pueblo argentino. Trataremos de hacerlo con el mejor candidato”. Más explícito aún fue el líder opoficialista Miguel Pichetto, para quien si Massa gana en 2017 en Buenos Aires, podrá encabezar la fórmula del peronismo en 2019. Pérsico cree que sin las movilizaciones de los movimientos sociales y su confluencia con la CGT “la situación sería mucho peor y más explosiva” y afirma que es más fácil encontrar respuestas a partir de una representación institucionalizada del conflicto, “no desde la anarquía o el quilombo”. ¿Más de quince años de construcción política sobre la base del conflicto y su expresión en las calles pueden borrarse con cinco líneas de un acta de inspiración eclesial sin desatar un serio conflicto de identidad? 

La solicitada se cierra con cuatro palabras que parecen acuñadas en otro molde cultural: “¡Hasta la victoria, Fidel!”, y que dan una idea de las contradicciones internas en el heterogéneo grupo de organizaciones que la firman, entre las cuales el compromiso de abstenerse “de cualquier situación conflictiva, cualquiera sea su naturaleza”, durante los próximos 37 meses produjo, justamente, conflicto. Varios integrantes de la CTEP (como La Dignidad, que dio vida a una corriente feminista laica en su interior y que participó de #Niunamenos), no consienten esos propósitos apaciguadores. Eso explica que la obligación asumida haya desaparecido de la solicitada y que se estén explorando las vías para que tampoco forme parte del proyecto de ley de emergencia social que están redactando dos dirigentes del Movimiento Evita, el autor del proyecto original, Juan Manuel Abal Medina, y el diputado Leonardo Grosso, de estimable trayectoria en la campaña contra la violencia institucional, quienes mantienen contacto con Nicolás Massot, quien preside el bloque de PRO en la Cámara de Diputados. Esta semana el Evita enviará a sus bases un instructivo sobre los beneficios de la ley, que esperan sea sancionada por las dos cámaras del Congreso el 14 o el 21 de diciembre. El gobierno que prometió no devaluar, no despedir y eliminar el impuesto a las ganancias no tiene autoridad para indignarse si los representantes sociales le pagan con la misma moneda y borran con el codo lo que firmaron con la mano.



* TABLA 1

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