El observatorio Pulsar.UBA reveló un informe que realizó a nivel nacional sobre qué piensan los argentinos sobre la política y la democracia, tomando como base una encuesta a 1.000 votantes de Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y La Libertad Avanza.
El estudio hace foco en tres dimensiones de análisis: creencias en torno a la libertad y la igualdad; impresiones sobre el orden público y el rol del Estado en nuestro país.
En diálogo con AM750, la analista política y directora de Pulsar.UBA, Daniela Barbieri, sostuvo que el informe es "una fotografía del día de hoy" de diferentes temas y que "puede ir cambiando con el tiempo".
"Hay tres agendas que tienen consenso mayoritario: eutanasia, adopción moroparental y el alquiler de vientres", dijo.
No obstante, diferenció las otras agendas "según el votante". "Se podría decir que los votantes de Juntos por el Cambio son los más conservadores, lo que se oponen a todas las agendas, inclusive a las que tienen mayores consensos. Los de La Libertad Avanza, al contrario, son los que tienen grado de acuerdo más alto, salvo los temas que se transformaron en trincheras del debate político, como el aborto legal, y sube mucho los niveles de acuerdo en votantes de Unión por la Patria", remarcó.
"Estas agendas son hijas de un contexto", aseguró.
El informe
Pulsar.UBA indagó en "siete cuestiones espinosas", según describió Barbieri. Tres de ellas tienen un consenso importante: la adopción homoparental, la subrogación de vientres y la eutanasia. La primera está legalizada, la segunda no está reglamentada, pero está permitida, y la tercera está prohibida.
En lo que respecta a la interrupción voluntaria del embarazo, aparece una mayor disputa en términos de libertades y derechos. La aprobación de la ley, hace casi tres años, no zanjó el debate en torno al tema. "Encontramos que la cuestión está fuertemente partidizada entre votantes de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza, de un lado, y del peronismo, del otro. Adicionalmente, en franjas etarias más adultas el nivel de apoyo disminuye considerablemente. Esto abre el interrogante sobre la importancia del Estado en materia de inclusión, defensa y promoción de derechos adquiridos", dice el texto.
Finalmente, en lo que respecta a la ampliación de esta agenda (trabajo sexual legalizado, consumo de marihuana y lenguaje inclusivo), existen importantes reparos para considerarlos como demandas sociales. Son cuestiones planteadas por porciones más metropolitanas de la sociedad, pero sin encontrar el consenso suficiente todavía. Sobre este punto resalta la consideración sobre la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). Como política pública tiene un apoyo mayoritariamente urbano. El resto de los estratos consideran, en cambio, que tienen que ser también las familias las que lo trabajen en casa. Aflora así una demanda por la co-responsabilidad de la educación sexual.
Lo público y lo privado: ¿hasta dónde debe llegar el Estado?
En este informe se puede observar el principio de un cambio en las valoraciones de la sociedad argentina, apoyada en una mayor preferencia por la participación de empresas privadas en la economía.
Este giro tiene una explicación política. Hay una base sólida, que reúne tanto a los votantes de Juntos por el Cambio como de La Libertad Avanza, que considera necesaria una mayor centralidad del sector privado en la vida pública. Hay una percepción generalizada de que “los privados” tienen que tener mayor presencia en términos organizativos y en la provisión del empleo. Es el mismo segmento electoral que aboga por la reforma del Estado, como podrá verse en el tercer informe de Creencias. Esto permite considerar la viabilidad de una reforma que repiense parte de la relación entre el Estado y la sociedad.
Se encuentra, sin embargo, una disputa en torno a esta agenda. Entre quienes se identifican como votantes peronistas, una porción no menor sigue valorando el empleo público como algo necesario. Al mismo tiempo, la privatización de las empresas no tiene que ser igual al realizado en los ‘90: hay un clima favorable a pensar que la extensión del sector privado tiene que tener cierto control del Estado. Un Leviatán con capacidades, no uno que se desprenda de todos los servicios y bienes que provee.
Orden público: ¿status quo o reforma?
Existe un consenso mayoritario en la sociedad argentina en cuanto a la necesidad de aumentar las penas para luchar contra la inseguridad (77%) y de otorgar más poder a la policía en la lucha contra el delito (73%). Sin embargo, hay divisiones significativas en cuanto a la pérdida de libertades y derechos para combatir el narcotráfico, la participación de los militares en la lucha contra el narcotráfico y la posibilidad de que cualquier persona porte legalmente un arma.
Estos resultados reflejan una preocupación generalizada por la seguridad y el combate al delito, pero también una división en cuanto a los límites que cada uno y una está dispuesto a aceptar en términos de derechos y libertades individuales. Además, se puede notar una reticencia mayoritaria hacia la idea de que cualquier persona pueda portar legalmente un arma. Este punto es uno de los primeros que aparece partidizado. Y será un tema muy en boga en la actual campaña presidencial.
