La Colectiva de Abogadas Translesbofeministas apuntó al accionar de dos fiscales de la unidad de Salidas Alternativas del Ministerio Público de la Acusación, como "archivadores seriales de denuncias". En una publicación en las redes sociales, señalan a Damián Cimino y Marcelo Maximino. "Hace años que venimos transitando los pasillos del Centro de Justicia Penal y nos genera muchísima angustia encontrarnos con víctimas de delitos resignadas frente al mal funcionamiento de la Unidad Fiscal de Salidas Alternativas", expresaron. Al mismo tiempo, aseguraron que el nombre de ambos funcionarios judiciales "resuena en los pasillos frente a desestimaciones de denuncias que no se investigan o que cuando sí se investigan carecen totalmente de perspectiva de género", una mirada que plantean que debe ser transversal; y lamentaron que "las respuestas -de la unidad fiscal- sean automáticas y vacías de contenido transformativo".
Desde la Colectiva plantearon que en diferentes situaciones se encontraron con cuestiones como "legajos fiscales que no superan las 10 páginas, carentes de investigación alguna; desestimaciones de incumplimientos de (órdenes) perimetrales; planteo de excusas absolutorias sin perspectiva de género; total desconocimiento y/o desinterés de los derechos de las víctimas", plantearon.
En ese sentido, lamentaron: "Estos fiscales operan desde el anonimato, no reciben a las víctimas ni a les profesionales del derecho, no fundamentan sus desestimaciones, notifican sin copia de las resoluciones, piden a empleades y pasantes que hagan su trabajo y den la cara por ellos. Este mal desempeño en sus funciones es conocido por las autoridades, avalado inclusive en casos puntuales por el anterior Fiscal General", indicaron sobre la gestión que estuvo hasta abril pasado. Además, señalaron que el mecanismo de notificación de las desestimaciones de denuncias -previas al archivo- llega al domicilio de las víctimas sin fundamentaciones y con solo cinco días de posibilidad de pedir una revisión de los superiores, para lo que se requiere la búsqueda de un profesional que lo haga en ese tiempo. Esa dinámica, entienden, "recorta derechos de las víctimas" a quienes "no se les explica el porqué de la desestimación".
Según detallaron desde la Colectiva, la Unidad de Salidas Alternativas del MPA es "una instancia que puede resultar provechosa para proponer soluciones creativas a los conflictos penales"; y lamentaron que "es realmente un desperdicio de la herramienta que tienen a su alcance, que las respuestas sean automáticas y vacías de contenido transformativo".
Para la asociación que nuclea a las profesionales del derecho, "es urgente que los y las fiscales, que son funcionarios públicos asuman la responsabilidad que ello conlleva y cumplan con los mandatos constitucionales de investigar con perspectiva de género, de clase, de niñeces, de derechos humanos"; ya que en su tránsito por los pasillos, "los nombres de estas personas resuenan en mares de tristeza, impotencia y miedo a lo que vendrá después, frente a las desestimaciones de denuncias".