El Comité de Derechos del Niño de la ONU convocó a La Garganta Poderosa para ampliar un informe sobre los casos de violencia policial contra niños, niñas y adolescentes registrados por la organización en todo el país desde diciembre de 2015 hasta junio de este año. “Estos casos exponen la relación entre aparato represivo y los barrios históricamente vulnerados”, aseguró Nacho Levy, referente de La Poderosa, y advirtió que “si bien siempre hubo una sensación de carta blanca para las fuerzas de seguridad en los barrios, desde diciembre de 2015, se intensificó para peor, ya no es carta blanca sino un protocolo de la ilegalidad”. “Es aplicar en el territorio la mano dura que no pueden conseguir en el Congreso”, denunció Levy y volvió a exigir el tratamiento de una ley de control popular de las fuerzas de seguridad.
La Garganta se sentará frente al Comité en Ginebra el próximo 3 de octubre para presentar en conjunto con el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos, un informe alternativo al que presente el Estado nacional y de allí surgirán las “observaciones finales” del los expertos independientes de la ONU. Los diez casos fueron relevados en el territorio a través del registro de Control Popular de las fuerzas de seguridad, que llevan adelante las 44 asambleas de la organización villera en todo el país en coordinación con el CELS y la Procuvin desde que en septiembre de 2013, Kevin Molina, de 9 años, fue asesinado en Zavaleta, luego de que la Prefectura y Gendarmería liberaran la zona.
Entre los casos a tratar está el de Ezequiel Villanueva Moya, de 15 años, e Iván Navarro, de 18 años, quienes en septiembre del año pasado fueron detenidos arbitrariamente por efectivos de la Prefectura Naval, golpeados y torturados a la vera del Riachuelo.
La detención de Iván y Ezequiel empezó en uno de los controles de “prevención” de la Policía Federal cuando pararon al joven de 15 años para pedirle documentación y luego golpearon a Ezequiel, cuando intentó intervenir para frenar el verdugueo policial. “No hubo registros de la detención por parte de la Federal, que los dejó en manos de la Prefectura y ellos los amenazaban con pasarlos a la Gendarmería. Ese es el aparato represivo que funciona dentro de los barrios”, resumió Levy.
“Las respuestas desde el Estado fueron patéticas, de la misma forma en la que nos habían ninguneado por otras denuncias que no llegaban al extremo de la de Iván y Ezequiel”, apuntó el referente de La Poderosa. “Podemos discutir cuánto tiempo se pueda tardar en depurar fuerzas que vienen podridas desde hace años, pero si desde el Gobierno no denuncian las irregularidades terminan siendo encubridores como ocurre con Santiago Maldonado”.
“Cacheos que no corresponden, allanamientos sin órdenes judiciales, decomiso de drogas de las que no dejan registro, armado de causas y el uso de picana por parte de la Gendarmería y Prefectura; son moneda corriente en nuestros barrios”, advirtió Levy. “Si bien siempre hubo una sensación de carta blanca para las fuerzas de seguridad en los barrios, desde diciembre de 2015 se intensificó para peor, ya no es carta blanca sino un protocolo de la ilegalidad”, denunció Levy la política de seguridad implementada por Bullrich, quien desde su llegada habilitó el denominado “Protocolo de Actuación para la realización de allanamientos y requisas personales” y puso las Operativos de Control Poblacional Conjunto, profundizado una política que había iniciado la gestión del ex secretario de Seguridad Sergio Berni.
“Las fuerzas de seguridad cada vez que detienen a un pibe arbitrariamente, con el aval del Gobierno, ponen en marcha la usina del boca a boca, para infundir el terror y aplicar en el territorio la mano dura que no pueden conseguir en el Congreso”, sostuvo Levy e insistió que así “los pibes son torturados en silencio en forma sistemática como lo fue Luciano Arruga”, caso que fue denunciado en 2010 ante el Comité.
La Garganta llevará no solo denuncias en su exposición sino que insistirá en la respuesta que viene construyendo desde los barrios ante la violencia policial. Un proyecto de ley para el control popular de las fuerzas para que las villas “no sean zonas liberadas ni territorios de abuso de autoridad”, para que “los fiscales reciben otra campana” y para “crear organismos que permitan a los vecinos no pasar por las comisarías, que son las que administran el delito”.
