“Cuando le aplican las descargas eléctricas, el ser humano siente solamente eso: que le arrancan la carne, y aúlla. Después no siente los golpes. Tampoco al día siguiente, cuando no hay electricidad y sólo golpes; no siente los golpes. El ser humano pasa días encerrado en una celda sin ventanas, sin luz, sentado o acostado. También pasa días atado al pie de una escalera para que no pueda estar parado; sólo arrodillado, sentado o estirado. El ser humano—yo en este caso—pasa un mes sin poder lavarse, es trasladado en el piso de un automóvil a diferentes lugares para el interrogatorio, se alimenta mal, apesta.”
El fragmento pertenece a “Preso sin nombre, celda sin número”, el libro publicado por el periodista y director del diario La Opinión, Jacobo Timerman, luego de permanecer 30 meses desaparecido y ser torturado por la dictadura cívico-militar que gobernó entre 1976 y 1983. Uno de sus hijos, Javier, lo leyó durante la señalización como Sitio de la Memoria al Ex Centro de Operaciones Tácticas I (COTI) en San Isidro, en un acto organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Javier Timerman tenía 15 años cuando alrededor de las 2 de la mañana un comando civil de la policía entró a su casa y se llevó a su papá. “Rompieron todo”, recuerda ante Buenos Aires/12 en este sábado soleado sobre la Avenida Libertador, en Martínez.
“Es la primera vez que vengo”, suelta mirando el piso desde su metro ochenta largo, antes de recorrer las instalaciones actuales y de preguntarse, junto a otros familiares, cómo habrá sido exactamente cada hora de los secuestrados.
Javier es uno de los dos hermanos de Héctor Timerman, el ex canciller durante el gobierno de Cristina Kirchner que falleció tras la prohibición del juez Claudio Bonadío de que viajara a tiempo a Estados Unidos para fortalecer el tratamiento contra el cáncer que padecía.
En estos días de negacionismo o de reivindicación directa e indirecta del gobierno militar, cuando la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, Victoria Villarruel, como mínimo empieza a buscar la ruptura del pacto del Nunca Más, Timerman asegura que no fueron 30 mil las víctimas del terrorismo de Estado. Y sube la apuesta. "Fueron muchos más", dice. “Yo me considero un desaparecido porque la dictadura me cambió para siempre, así como a todos los familiares y amigos de las víctimas”, señala.
La dictadura cambió su vida cotidiana. La misma noche del secuestro de Jacobo, el comando le dijo a su esposa, Rische Mindlin, que fuera a la mañana siguiente al Primer Cuerpo del Ejército. Le dieron un nombre de una supuesta autoridad para que preguntase por ella. Se dirigió al lugar, pero el nombre era falso y no la dejaron entrar. “Durante los primeros días no supimos nada, hasta que el gobierno reconoció la detención pero nos dijo que estaba incomunicado y no lo podíamos ver”, relata Javier. Cuenta que pasó un mes y medio hasta que posibilitaron que su madre pudiera llevar ropa, pero casi un mes más para poder verlo.
“Pidió que solo fueran mi mamá y Héctor, yo era muy chico, y ahí les dijo que se olvidaran, que no iba a salir en libertad, que hicieran su vida.” Timerman recuerda que su hermano y su madre lo vieron con “la mitad de su peso”. “Durante ese tiempo estuvo acá, siendo salvajemente torturado”, dice apuntando a la entrada del COT I.
En el diálogo con Buenos Aires/12 y rememora que a sus 15 años vio cómo su casa pasó a ser un punto de encuentro para familiares. Se solían juntar alrededor de las siete de la tarde a compartir la información que cada uno había conseguido. “No podía estudiar, no podía seguir con mis tareas de adolescente. Pasaron 50 años y recuerdo todos los días lo que pasó.” Dice que, usualmente, hace el ejercicio de pensar en cómo hubiera sido su vida sin vivir lo que le tocó vivir a él, a su padre, a su familia. “Cuando camino las calles pienso: acá el día tal caminé yendo a visitar a mi papá a la cárcel, o acá me compré una Coca-Cola el día que me enteré de que mi papá fue secuestrado”.
“Todo gira alrededor de esos recuerdos que me acompañan para siempre”, sintetiza, así, su vida.
Según las acusaciones falsas de quienes lo privaron ilegalmente de su libertad, el motivo del secuestro de Timerman estuvo ligado a que la dictadura lo consideraba colaborador de David Graiver a quien, a su vez, señalaron como un empresario que financiaba a la organización Montoneros. El mismo Graiver a quien se le quitó la propiedad de Papel Prensa.
Victoria “Coti” Villarruel
El uno pasó a ser una “I” y en la jerga se lee de esa forma. No por cariño. El COTI de Martínez fue uno de los 29 centros clandestinos de detención que integraron el “Circuito Camps”, una red comandado por Ramón Camps, quien estuvo al frente de la Policía de la provincia de Buenos Aires y luego de la Policía Federal durante la dictadura. Para librar toda duda sobre el funcionamiento del circuito, el general Camps fue condenado en 1986 por la Cámara Federal, que lo encontró culpable de setenta y tres casos de tormentos seguidos de asesinatos y lo condenó a veinticinco años de reclusión con degradación e inhabilitación a perpetuidad. No recibió el beneficio de la Ley de Obediencia Debida impulsada y promulgada por Raúl Alfonsín pero sí fue indultado por Carlos Menem.
Quienes sí fueron beneficiados por la Ley de Obediencia Debida fueron Miguel Ángel Etchecolatz, director de Inteligencia de la bonaerense de Camps, y, entre otros, el ex policía Norberto Cozzani. “Beto”, como se hacía conocer, fue uno de los torturadores de Jacobo Timerman. Cozzani dejó expuesta en su momento la relación directa entre La Bonaerense y el gobernador de facto Ibérico Saint-Jean y su ministro de Gobierno Jaime Lamond Smart que posibilitó, como parte de una férrea investigación de Héctor Timerman y Alejo Ramos Padilla, llegar a procesarlos y, en el caso de Smart, condenarlo por delitos de lesa humanidad siendo civiles.
Cozzani es el mismo que recobró protagonismo en las últimas semanas. Fue luego de que la abogada de víctimas del terrorismo Guadalupe Godoy reveló que era visitado por Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de Milei, durante su estadía en la cárcel. Los documentos publicados por Godoy pertenecen a la causa por la desaparición de Jorge Julio López, donde se puede apreciar el registro de visitas que recibía Cozzani de parte de la libertaria y, entre otras, de Cecilia Pando, abiertamente favorable a la dictadura.
“Fue a visitar, saludó, le dio la mano o besó a quien torturó físicamente a mi padre. Sólo puedo decir que me da mucha tristeza”, afirma Javier Timerman. “Siempre usa como pretexto darles un homenaje a víctimas de la guerrilla, pero acá en el fondo reivindican el terrorismo de Estado”, hace hincapié.
Acto y recorrido
Durante el acto, no sólo Timerman, ya que también el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, puso foco en la coyuntura discursiva que tiene a Villarruel como máxima exponente del negacionismo y que, por ejemplo, la llevó a organizar un encuentro en la Legislatura porteña de su Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV) al que denominó "Homenaje a víctimas de terrorismo".
Entre los discursos de ambos, Timerman hizo notar una diferencia no menor, y es su propia falta de optimismo. “A diferencia de lo que piensa Horacio, creo que la sociedad no está concientizada o lo ha olvidado”, lanza ante un público que estaba apostado en la vereda y parte de la calle en Avenida Del Libertador al 14300.
Entre remeras de Los Gardelitos, organizaciones de Derechos Humanos y la presencia de la senadora provincial Teresa García, una de las voces que también se hizo escuchar fue la de Graciela Borrelli, hermana de Raúl Borrelli, quien junto a otros 25 uruguayos estuvo detenido en el COT 1. Viajó desde Uruguay para estar presente en la señalización, la número 80 según Pietragalla, lo que hace que, durante su gestión, se haya llevado a cabo “el 30 por ciento de la totalidad de las señalizaciones existentes”. “Siempre faltan más”, asume.
Graciela leyó una carta con una voz al punto del quiebre desde el minuto uno hasta el final. “Nunca Más es un imperativo ético”, resaltó, al tiempo que recordó que sus padres jamás dejaron de buscar a Raúl.
Los aplausos de cierre dieron lugar a una improvisada caminata por la actual Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Al mando está el comisario mayor Darío Pennisi, quien se puso a disposición para que los familiares de las víctimas del ex centro clandestino pudieran recorrer las instalaciones. Delante de todos, el oficial hizo una promesa: “Me comprometo a buscar cómo eran exactamente las instalaciones en aquellos días, y ése será es mi granito de arena para la verdad que ustedes quieren hallar”.
El pasillo largo que sirve de estacionamiento nace en la vereda y lleva a un pequeño patio que hace de distribuidor entre las oficinas de la actual sede de la Superintendencia. Penissi narra que, originariamente, era un destacamento de la Policía Caminera, que no tiene sótanos y aún no se logra distinguir en qué momento se fueron haciendo las modificaciones edilicias. Señala una puerta, “la más vieja y que da la sensación de que es de aquella época”.
La caminata desde el pequeño patio hacia otro un poco más grande es la segunda parte del recorrido por el ex COT 1. Ese breve trayecto entre pasillos y despachos trae una imagen que detiene a todos los familiares: rejas que delimitaban lo que habría sido una celda que mide metro medio por menos de un metro de profundidad. Como un pasillo paralelo al que llevaba al patio de atrás.
Una vez allí, se arma un círculo improvisado entre quienes decidieron entrar. Graciela Borrelli suelta una reflexión que el resto asiente: “Las paredes hablan”. Las frases giran en torno a una duda compartida sobre cómo fue el detalle del proceder durante aquellos días dentro de las instalaciones del Centro. Qué hacían, cuáles eran las celdas, las jaulas, cómo pudieron distribuir a los prisioneros, cuántos entraban. Se escuchan teorías. Los familiares tratan de atar cabos.
“Falta verdad”, es la frase repetida mientras algunos le piden a Pennisi si pueden pegar algunos stickers que dicen Nunca Más. “Adelante, por favor”, dice el comisario.
Aquí surge también un detalle no menor: en Martínez fueron detenidos y torturados varios empresarios y funcionarios del gobierno provincial al momento del golpe de estado. Además de Jacobo Timerman, también estuvo el periodista y titular del diario El Cronista Comercial, Rafael Perrotta. Estuvieron el ex ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Ramón Miralles; y quien era el secretario de Ceremonial Héctor Ballent, ambos funcionarios del gobernador derrocado, Victorio Calabró.
Entre las voces de los presentes y funcionarios de la Secretaría de DDHH de la Nación comparten el anecdotario de cómo el Ejército procedía con la apropiación de los bienes, entre ellos los de Alejandro Iaccarino, quien también estuvo en Martínez, y según consta en su testimonio en el juicio del Circuito Camps “fue despojado de todo lo económico”.
