Hoy comienza el segundo juicio oral de lesa humanidad en La Pampa. Se realiza a siete años de concluido el primero, con el fondo de la desaparición de Santiago Maldonado, un contexto en el cual los sobrevivientes explican que el “miedo” que reactualiza el horror de la dictadura “va a impregnar y condicionar el testimonio de los testigos”. La Pampa va a juzgar por primera vez al ex jefe de la policía provincial en dictadura Luis Enrique Baraldini, un símbolo de la represión local que estuvo prófugo durante ocho años en Bolivia. Cuando lo detuvieron en 2011, la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, lo describió como un hombre de “extrema ferocidad”, recordó no sólo su intervención en dictadura sino también su participación en el levantamiento carapintada de 1990 y, dentro de su largo prontuario, su participación en el intento de golpe contra Evo Morales, en Bolivia, en 2009. Ese hombre va a ser defendido en el juicio por Omar Cayre, su yerno y uno de los principales referentes del PRO de La Pampa. Otro nombre que surgirá en el juicio es el del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. 

Es que entre los acusados debería estar el teniente coronel Fabio Carlos Iriart, ex comandante de la subzona militar 14 y máximo responsable de la represión de la provincia. Como se dijo durante los últimos días, Iriart fue defendido por Noceti hasta que en 2010 consiguió ser apartado del primer juicio por razones de salud. Hoy, siete años más tarde, dicen los pampeanos, el dueño de la vida y de la muerte en la provincia bajo el terror sigue impune.

“Nosotros vamos al juicio fundamentalmente por memoria y verdad, para que nunca más nos ocurra lo que nos ocurrió y para edificar el futuro que nos merecemos”, dice a PáginaI12 Juan Carlos Pumilla, sobreviviente de la dictadura y querellante en este juicio. “A 40 años de los sucesos, el ideal de justicia se resiente mucho con hechos cotidianos como la desaparición de Santiago Maldonado o la prisión de Milagro Sala”, agrega. Ese contexto –sigue– “nos hace suponer que este miedo va impregnar de una manera o otra y condicionar el testimonio de los testigos”. 

El juicio revisará casos de 234 víctimas secuestradas y torturadas en dependencias policiales, militares y penitenciarias de la provincia. Y juzgará a dieciocho acusados: tres militares que tuvieron a cargo la jefatura de la Subzona 14, la Secretaría General de la Gobernación y la Jefatura de Policía, y quince policías que integraron el principal grupo de tareas de la región y diferentes comisarías de la provincia. Es la segunda parte de un primer debate más pequeño, realizado en 2010, que concluyó con condenas a ocho ex policías provinciales y a un militar por la privación ilegal de la libertad de 28 víctimas entre 1976 y 1978. En ese sentido, por la enorme cantidad de nuevas pruebas, de víctimas y por el número significativo de victimarios, el debate es pensado en la provincia como una nueva etapa inaugural. 

“En este momento lo más importante es el derecho de las víctimas a expresar su verdad, la posibilidad de ver a los imputados y que eso se vea finalmente refrendado por una sentencia”, dice a este diario Franco Catalani, abogado de la querella que integra la Universidad Nacional de La Pampa, con 44 víctimas, el Movimiento pampeano por los Derechos Humanos y el PC de la provincia. “Para nosotros eso es lo más importante: que esto sea refrendado en una sentencia nos parece que es un triunfo frente al negacionismo, situaciones que todos sabemos que siguen pasando”. 

El debate comenzará hoy, continuará el miércoles y el jueves. El tribunal está integrado por los jueces Mario Triputti, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava. Las audiencias están pautadas tres veces a la semana pero cada quince días. Las querellas calculan que el juicio se extenderá diez meses. 

Una de las claves es Baraldini. “Era el jefe de la Policía provincial, hombre que actuaba por cuenta máxima de la jefatura de la Subzona 14 que era Iriart, el responsable del afán represivo de la provincia, persona clave que produjo entre otras cosas que existan más de 500 detenidos, la mitad de ellos objeto de tormentos, y por lo menos seis centros de detención y tortura”, explica Pumilla, autor con Norberto Asquini de Informe 14, un libro sobre la represión ilegal en la provincia. 

Según los datos difundidos por Seguridad en 2011, Baraldini fue trasladado en 1980 como agregado militar a Bolivia. Allí participó del Plan Cóndor entrenando a oficiales del Ejército boliviano. En 1990 participó del alzamiento carapintada. Con la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, huyó a Santa Cruz de la Sierra. Y en 2005 fue condecorado por un Círculo de Oficiales por “sus méritos personales, profesionales y vocación de servicio”. Se lo vinculó entonces a Jorge Mones Ruiz, un carapintada relacionado con un intento de golpe contra Evo Morales. Y allí contó con la contención de su yerno, que era director de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz de la Sierra. Acostumbrado a las protecciones parentales, ahora también un yerno se encargará de defenderlo: el macrista Omar Cayre.

Para Antonio Curciarello, secretario de Derechos Humanos de La Pampa, “Baraldini es tal vez el icono que representa de manera más cruel y simbólica al terrorismo de Estado en La Pampa porque fue el jefe de la policía y por consiguiente jefe del Grupo de Tareas. Que hoy lo esté defendiendo un abogado que es dirigente del PRO no deja de asombrar, porque el partido de gobierno llegó por los votos, pero su defensa representa una coincidencia ideológica. Es importante que no se hayan expedido sobre esto tampoco personas como el secretario de Deportes de la Nación, Carlos Mac Allister, ni el diputado Martín Maquieira, que son dirigentes a los que él responde. Es un elemento más que indica que el compromiso del gobierno nacional no es el que nos gustaría y ni el que merecen las víctimas”.