La norma busca implementar un Sistema Nacional de Evaluación que incluya operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos, el monitoreo del financiamiento a la educación por parte del Estado; y fija un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país. Establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6% hasta alcanzar, en 2030, el 8% del Producto Bruto Interno (PBI).
La Comisión de Educación que dirige la diputada del Frente de Todos, Blanca Osuna, recibió a académicos, especialistas, y funcionarios para continuar con el debate del proyecto de ley de Financiamiento Educativo.
Al respecto, Analía Cubino, ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego, expresó que “reedita un debate pero lo viene a fortalecer y a materializar conquistas que hemos tenido en estos años”. El federalismo del proyecto marca una cosa que tiene que ver con que los 570000 alumonos y 8000 docentes de mi provincia son tan importantes como el resto del país”. Además, subrayó el rol del Consejo Federal de Educación en el que se han “tomado decisiones con las 24 provincias por unanimidad” y se refirió a la novedad de los jardines maternales que permiten a las mujeres “afianzar la participación en el mundo del trabajo”.
El ministro de Educación de Tucumán, Juan Pablo Lichtmaje, manifestó que representa a la “región norte grande del país” por lo que destacó “el carácter federal de la ley”. “La ley tiene un principio de mutua solidaridad entre nación y el rol central de los estados provinciales en el desarrollo de la educación”. “Hay muchas cosas del proyecto que ya se están haciendo como el fomento de los distintos niveles y la jornada extendida, los planes Progresar y Conectar Igualdad, es decir, la ley viene a consolidar y ratificar este rumbo de inversión y acción”, agregó.
En tanto, Carlos Greco, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), destacó el fortalecimiento del presupuesto y aportó que “la educación superior no solo forma egresados, sino también genera conocimientos para el desarrollo del país; hay que cuantificar la dimensión del financiamiento necesario para apalancar esas grandes posibilidades”. A su vez, puntualizó que en “40 años de democracia donde en 1983 existían 300 mil estudiantes al día de hoy tenemos 2 millones 500 mil estudiantes en todo el país”.
Marcos Córdoba, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Abierta Interamericana, apoyó el proyecto y se refirió a la dimensión “inclusión”. “En la búsqueda de la igualdad, a través de la educación, la inclusión implica la incorporación pero también abre las posibilidades en una tendencia hacia la equiparación de las posibilidades de la totalidad de la población”, dijo.
La rectora de la Universidad Nacional de Misiones, Alicia Bohren, expresó: “coincidimos plenamente en que la educación es un derecho fundamental. Celebro esta propuesta de financiamiento educativo porque prevé todos los niveles de manera integral y porque defiendo la educación pública, gratuita y de calidad”.
Mariano Narodowski, académico e investigador, consideró que “más allá de la extensión a los 190 días de clases lo que importa es la continuidad pedagógica y llegar a 180 días”. “Esta ley sí supera y es mucho mejor que las anteriores pero todavía tiene muchos problemas”, aseveró. “El enfoque debiera ser plantearse responder a la pregunta ¿Cuánto cuesta la educación de calidad o hacer un presupuesto normativo y cuánto nos cuesta la calidad de la educación?".
Por su parte, María Anastasia Meizoso, delegada cooperadora Escuela de Música Juan Pedro Esnaola, explicó: “somos familias que tomamos el compromiso ad honorem de luchar por la educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas”. “Entendemos a la educación como un derecho humano por eso la defendamos, la elegimos y la cuidamos y estamos en la trinchera todos los días 24x7 con aportes voluntarios de las familias”, dijo luego de pedir a los diputados que se pongan de acuerdo con la norma.
Desde Cooperadoras en Movimiento, Pablo Cesaroni, comentó que hay 25 mil cooperadoras en el país “que sabemos muy bien la necesidad del aumento del presupuesto y por eso venimos a apoyar la ley y agregó: “Hay que achicar la desigualdad, tener una mayor inversión por los problemas edilicios, por una educación de mayor calidad y construir muchas escuelas nuevas de niveles iniciales y de orientaciones”.
Participaron también Marina Kienast, de Libres Para Aprender, legisladora en CABA por Republicanos Unidos; Guillermo Martínez, del Instituto Marina Vilte; Héctor De Luca, director de escuela Técnica 5 (Lomas de Zamora); Verónica Alzu, directora Escuela Técnica 8 (Quilmes); Sebastián Etchemendy, doctor en Ciencia Política, especialista en relaciones laborales (Universidad Torcuato Di Tella); Germán Lodola, secretario de Información y Evaluación Educativa de la Nación; Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA); Javier Curcio, de laFundación Alem, entre otros.
