Culminó ayer el tramo testimonial en el juicio oral y público contra cinco miembros de la Prefectura Naval Argentina (PNA) por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, durante un operativo represivo en su comunidad de Villa Mascardi, y el Tribunal Oral Federal de General Roca informó que la audiencia final con el veredicto será el 22 de noviembre, tres días antes del sexto aniversario del crimen. Ya fueron interrogados 63 testigos, quienes, a criterio de las querellas, demolieron las teorías de las defensas de los imputados en cuanto a que no existió enfrentamiento alguno porque los mapuche no tenían armas de fuego. "Lo del enfrentamiento fue un argumento para proteger a la fuerza de seguridad, como lo hacían en la dictadura militar, hubo una persecución y una decisión de matar por parte del Estado, frente a eso como hace más de 100 años el pueblo mapuche tehuelche va a seguir luchando porque, como dijo un lonko, parece resistencia pero es la dignidad de un pueblo que se niega a desaparecer", dijo Orlando Carriqueo, werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, en la puerta del tribunal.
"Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda por la Prefectura, por estos perejiles que están acusados que no son los responsables fundamentales porque acá hay una política de Estado que decidió en el año 2017 desaparecer a Maldonado, luego matar a Rafita, y más tarde asesinar a Elías Garay en un conflicto territorial", agregó Carriqueo. En su mirada, "las comunidades están atravesadas por la violencia estatal y el extractivismo, y tenemos presas políticas como Jessica Bonnefoi Antimil Carriqueo, detenida solo por ser mapuche, la justicia es racista, patriarcal y antimapuche". El vocero afirmó que "el desalojo no era la opción que iba a solucionar el conflicto", y recordó que las fuerzas federales entraron al territorio mapuche el 23 y el 25 de noviembre de 2017 y volvieron a ingresar el 4 de octubre del 2022. "El Estado argentino violó el territorio comunitario, desconoció el derecho indígena y ejerció terrorismo de Estado porque desplegó la violencia a través del Comando Unificado”.
Recta final
El presidente del Tribunal Oral Federal de Roca, Alejandro Silva, informó ayer que en la inspección ocular que el 24 de octubre se realizará en el lugar del hecho, a las 11, en el predio de Villa Mascardi donde murió Nahuel, se instrumentará un geolocalizador y la Policía Federal realizará las filmaciones y fotografías que las partes soliciten para complementar la observación. La medida apunta a intentar develar el lugar exacto en el que Nahuel recibió un disparo por la espalda, y para las querellas es clave porque podría demostrar que existió una persecución más allá de los límites del lote en disputa entre la comunidad Lafken Winkul Mapu y el Parque Nacional Nahuel Huapi.
El miércoles 1 de noviembre se realizará la siguiente audiencia para la incorporación de la prueba y otorgar la posibilidad a los imputados a ampliar su declaración indagatoria o realizar una nueva. Allí el abogado de Sergio Guillermo Cavia, uno de los agentes acusado, anticipó que su defendido optará por ampliar su declaración. El 7 y 8 de noviembre se realizarán las audiencias para la exposición de alegatos por parte de las querellas y la fiscalía. La siguiente semana, el 14 y 15 de noviembre será el turno de los alegatos de las defensas, y el miércoles 22 el tribunal dispuso la fecha para las palabras finales y luego el veredicto.
En la audiencia de ayer declararon por Zoom los últimos tres testigos ofrecidos por la fiscalía: el exjefe de los Albatros, Daniel Mario Gómez; la cabo primera de Prefectura en Bariloche, Daihana Alejandra Retamales; y el integrante del grupo de elite Miguel Ángel Aguirre. En coincidencia con quienes fueron interrogados el martes, dijeron no haber escuchado detonaciones ni disparos y alegaron haber estado lejos del lugar de los hechos, que ocurrieron el 25 de noviembre de 2017 a 40 kilómetros de Bariloche.
En tanto, el abogado defensor de tres de los uniformados, Marcelo Rocchetti, desistió de presentar a los cuatro testigos que había ofrecido como prueba: entre ellos se encontraba Florencia Arietto. La abogada y dirigente del PRO había declarado en relación a la extitular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, que "no se puede dejar muertos en todos los desalojos", en un abierto cuestionamiento a la forma en que se llevaron a cabo operativos contra la comunidad mapuche durante la gestión como ministra de la hoy candidata presidencial de Juntos por el Cambio. El defensor cambió de idea y anunció el desestimiento de ese testimonio.
Rafael Nahuel tenía 22 años y había comenzado a construir su ruca (casa) en territorio recuperado de su comunidad, Lafken Winkul Mapu. Fue asesinado durante un operativo en el que se efectuaron más de 130 disparos con munición letal por parte de los uniformados. Por el crimen fue procesado el cabo 1° Sergio Cavia bajo la figura de "homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa", mientras que otros cuatro miembros del grupo Albatros lo están en condición de "partícipes necesarios": Juan Obregón, Sergio García, Carlos Sosa y Francisco Javier Pintos.
