En la tercera audiencia ante la Corte Suprema por la educación religiosa en las primarias públicas de Salta, el término clave fue “laicidad positiva”, una noción que busca sustentar la “colaboración” entre el Estado y “el fenómeno religioso”. La idea —que fue presentada como en oposición al “laicismo”— resultó recurrente en varias de las exposiciones favorables a la actual ley de educación salteña. Entre el público, y en algunos casos a la espera de su turno para exponer argumentos como amicus curiae, había pastores, algún cura católico, una monja, algunas de las madres que iniciaron la demanda contra el Estado salteño, políticos de aquella provincia, abogados vinculados a espacios educativos confesionales e integrantes de ONGs a favor y en contra de la ley por cuya existencia y aplicación comenzó la causa que mañana, con la exposición de las partes involucradas, tendrá su última audiencia pública. En ocho de los dieciocho turnos de exposición que hubo en la jornada, los oradores defendieron que se imparta educación religiosa en las escuelas públicas con una variedad acotada de argumentos que iba desde la definición de esa asignatura como derecho humano y la de quienes la defienden en tanto mayoría perseguida por una minoría deseosa de “aniquilar” esa posibilidad, hasta la idea de un federalismo que “ataca” la autonomía y la identidad cultural de una provincia, pasando por el lamento porque algunos críticos de la ley señalan que la educación religiosa no es contenido científico.

La jornada comenzó poco después de las 10, y fue la única, hasta ahora, en que hubo manifestaciones por parte del público, como los aplausos que celebraron intervenciones contrarias a la ley salteña. Hubo, inclusive, algunos gestos de desaprobación en exposiciones como la de la representante de la ONG 100% Diversidad y Derechos, que, para reclamar la neutralidad del Estado y señalar que no se trataba de una postura anti-religiosa, reivindicó la posibilidad de la profesión de fe religiosa de personas lgbt, e invocó palabras que la fallecida dirigente trans Lohana Berkins —nacida y criada en Salta, emigrada de allí por el peso de al discriminación cotidiana— dijo durante el debate sobre la ley de identidad de género.

En el inicio de la audiencia expusieron con dos oradores que criticaron fuertemente la ley, los abogados de la UBA Marcelo Alegre y Roberto Gargarella (responsables del proyecto de investigación “Principio de autonomía, libertad de conciencia y libertad religiosa”) y luego fue alternando exposiciones de quienes se manifestaban en contra y en favor de la ley. En el primer grupo, además de Gargarella y Alegre, se encontraron el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Gastón Chillier, quien también habló en representaciond e la red International Network of Civil Liberties Organizations, los dirigentes del MST Vilma Ripoll y Alejandro Bodart, la representante de la COnadu María Yamile Socolovsky, la de Cladem (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer), Celia Debono, la de la ASociación 100% Diversidad y Derechos Greta PEna, el presidente del COnsejo de Educación Cristiana Evangélica, Daniel Ochoa, y tres representantes de distintos sectores sociales y educativos de Salta, Mercedes Celia Vázquez (FAcultad de Humanidades de la Universidad de Salta, pedagoga), el abogado Pablo Gustavo Buccianti, Elizabeth Ofelia Bellavilla (colega de Vázquez) y la abogada Graciela de los Angeles Abutt Carol, que representó a las familias que comenzaron la demanda contra la ley. 

En favor de la ley expusieron el abogado e integrante de la Academia del Plata (“tribuna activa en defensa de la fe católica”, de acuerdo con sus estatutos) Roberto Punte y su colega Debora Ranieri de Cechini (quien hace unos años participó activamente del debate sobre símbolos religiosos en espacios públicos de la Ciudad). También estuvieron el ex senador nacional, ex diputado provincial y ex vicegobernador (del período constitucional que ganó el ex gobernador de la dictadura militar Roberto Ulloa) Ricardo Gómez Diez; el integrante del Instituto de Bioética de la Universidad CAtólica Argentina (UCA) Nicolás Laferriere, que hace unos años fue activo opositor a la ley de matrimonio igualitario; la presidenta de la Fundación Latina de Cultura María Inés Franck (coautora de Laferriere en el estudio “Bioética en el aula”); la monja secretaria de la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de Argentina, María Cristina Mandali; el director de una maestría de la Universidad Austral; un pastor del Consejo Provincial de Pastores salteño; uno de los concejales de la capital de Salta, Andrés Rafael Suriani y —por segunda vez en estas audiencias, porque ya había hecho lo propio en la primera cita— el ex secretario de Culto de la Nación del gobierno de Fernando de la Rua, Norberto Padilla.

Hace poco, el papa Francisco hizo uso del concepto de “laicidad positiva”, dijo casi sobre el final de la audiencia Padilla, quien, durante su turno, colaboró en la construcción colectiva que él y otros oradores hicieron, coincidente y casualmente, de ese término durante la jornada de ayer. Se trata de una cuestión “no hostil ni conflictiva, sino amable, que asegura el funcionamiento de las instituciones tanto políticas como religiosas”. “La laicidad del Estado, a diferencia del laicismo, da lugar a lo religioso en la sociedad, evitando la tensión de relegarla de la escena pública”, completó, antes de señalar que la religión permite “la unidad de la familia”, mientras que de otro modo “nos perdemos en la coyuntura conflictiva”. En Argentina, advirtió, “no hay una religión oficial del Estado, el Estado aprecia y valora el hecho religioso dentro de la autonomía y la colaboración, en diálogo y convivencia religiosa”.

El pastor Renato Fermín García, del Consejo Provincial de Pastores salteño, detalló que su entidad representa a “cerca de 20 denominaciones cristianas evangélicas y más de 200 pastores de la provincia, somos el 10 por ciento de la población”. Su Consejo procuró, contó García, que el Estado salteño incluyera sus contenidos en las currículas de las escuelas, “pero hasta la fecha no hemos tenido respuesta formal del ministerio de Educación” provincial, aun cuando tienen la convicción de que “esas prácticas pueden y deben cambiar” para que la educaicón religiosa en las escuelas públicas salteñas no sea solamente católica. García hizo una exposición detallada de casos recientes en los que las clases fueron suspendidas para que docentes y alumnos asistieran a acontecimientos religiosos o misas celebrados en la provincia, lamentó la exclusión de sus iglesias, pero insistió en reivindicar la educación religiosa en escuelas públicas. “Estamos a favor de que la educación religiosa continúe en nuestra provincia”, dijo, aunque poco antes había advertido: “creemos firmemente que el adoctrinamiento y las prácticas rituales son para los templos de cada credo y que deben realizarse en el seno de cada familia”.

“Para satisfacer los derechos de pocos, se priva a la mayoría”, lamentó a su turno la monja Mandali, que ensayó distintas defensas para una misma idea: cómo “armonizar” los pedidos de quienes quieren y quienes no quieren educación religiosa en escuelas públicas pero “no hacer que los derechos de algunos aniquilen los derechos de los demás”.